20 años de la Ley de Dependencia: las listas de espera caen a su mínimo histórico pero más de 8.600 personas han muerto en los primeros seis meses de este año sin noticias de la Administración

A punto de cumplirse 20 años de la Ley de Dependencia, el tiempo de respuesta de la administración no siempre se ajusta a las necesidades reales de los hogares. Los últimos datos apuntan a que la lista de espera para recibir las prestaciones está en su mínimo histórico: se sitúa en poco más de 112.000 personas -un 6% de quienes tienen el derecho reconocido-, frente a las 385.000 de 2015 y muy por debajo del límite fijado por el Plan de Choque de 2021 (12,7%). Sin embargo, no todo son buenas noticias porque más de 8.600 personas murieron sin llegar a recibir la prestación solo en los primeros seis meses del año, el 7,7% del total de quienes se encuentran en el limbo de la dependencia.

Estos datos pertenecen a la sexta edición del Observatorio de la Dependencia publicado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) este martes, que alerta sobre los problemas de acceso al sistema, a pesar de las mejoras en los últimos años. «El procedimiento para entrar en el circuito de prestaciones del SAAD [Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia] es bastante complejo dado que conlleva diversos trámites administrativos», señala el documento, que atiende ya a 1,74 millones de personas, aunque las personas beneficiarias crecen más que las que tienen el derecho reconocido. Se trata de una primera etapa donde incluye la solicitud, la valoración y el diseño de la propuesta de resolución. Apenas con el dictamen se puede continuar a la siguiente fase para elaborar el programa adaptado a cada persona, pero el derecho solo se materializa con la entrega de las prestaciones; lo que supone dilatar el proceso y aumentar un tiempo de espera que en muchos casos no llega a completarse.

Cuando se mira más a detalle, hay varias zonas que no siguen la tendencia a la baja de la media nacional e incluso la triplican. Es el caso de País Vasco, con el mayor atasco administrativo (15% en lista de espera), seguido Cataluña y Murcia con un 13%, Extremadura (12%) y Baleares (11%). «La gran dispersión entre comunidades autónomas no responde solo a razones de salud, sino a la existencia de criterios administrativos complementarios a los sanitarios», explican los autores; por ejemplo, en el reconocimiento del derecho y a la aplicación de modelos de atención diferentes en cada contexto territorial.

Aunque el problema en sí de las listas de espera se ha reducido al mínimo en cuatro comunidades –Aragón (0,1%), Castilla y León (0,2%), Canarias (0,5%) y Galicia (0.6%)-, también son de las que tienen mayor porcentaje de fallecidos por este limbo de dependencia. De hecho, Canarias alcanza la tasa más drástica con un 25,8%, seguida de Aragón (14,3%) y Castilla y León (12,1%). En cuanto a volumen, lideran las comunidades con más habitantes, como Cataluña con 2.800 fallecidos en el limbo, seguida del País Vasco (1.193), Andalucía (863) y Madrid (844).

El pasado julio, el Gobierno amplió los derechos de las personas en esta situación, con la aprobación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia que había impulsado hace al menos un año. Una de las modificaciones más destacables es la que recoge que la Administración General debe asumir la mitad del gasto total de las comunidades realicen en materia de dependencia: en 2026 llega a más de 5.510 millones de euros y en 2027 a los 7.239 millones. Entre otras cosas, duplica las cuantías del nivel mínimo: del grado II eleva a los 260 euros al mes y el grado III a los 660.

Sin estos cambios, España gastaba en torno al 1% del PIB en cuidados de larga duración, lo que está por debajo de la media (1,9%) de la OCDE, pese a que la cobertura de los mayores de 65 años (16,3%) sí supera la media de la organización (15,2%). «Cuanto menos invertimos en sistemas de cuidados, más motivos tenemos para temer envejecer. Un sistema infrafinanciado da razones para temer que, al necesitar apoyos, pasemos a sentirnos como una carga para nuestras familias o a perder la dignidad», apunta Adelina Comas-Herrera, directora del Observatorio Global de Cuidados de Larga Duración de la London School of Economics. «Infrafinanciar el sistema se traduce en un personal insuficiente, mal pagado y con condiciones de trabajo que no le permiten hacer bien su labor, alimentando un bucle negativo en la percepción de los cuidados».

Asimismo, el Congreso de los Diputados también aprobó en septiembre una reforma que pretende reforzar la financiación, reducir los tiempos de tramitación y ampliar el acceso a los servicios profesionales, y no solo a las prestaciones económicas. Por un lado, el informe constata que esta es una fase inicial para «apagar el fuego» del volumen, pero se ha encauzado en reducir la lista de espera. «Una vez encauzados los grandes problemas de volumen y acceso, los retos del sistema deben priorizar la calidad de las prestaciones, la equidad territorial y la mejora de las condiciones formativas y retributivas de los profesionales», señala.

También advierte que el impacto efectivo de todos estos cambios normativos «dependerá de su desarrollo y de la gestión autonómica de los nuevos recursos, y deberá verificarse en próximas ediciones». A pesar del aumento en la contribución del Estado en la financiación del gasto de dependencia del SAAD, todavía persiste una gran heterogeneidad entre comunidades, desde La Rioja, que recibe 453 euros por habitante de 65 años o más, hasta Canarias, Navarra y País Vasco, en el otro extremo, con 220-250 euros por habitante.