El Consejo de Ministros ha optado por posponer la aprobación del real decreto de vivienda, un texto que contemplaba, entre otras medidas, la prórroga de los contratos de alquiler. El aplazamiento obedece a la dificultad del Ejecutivo para atar a tiempo los apoyos necesarios entre sus socios de investidura.
El Ministerio de Vivienda alega la necesidad de «más margen» para lograr un pacto transversal, mientras prioriza la campaña contra incendios en el último Consejo de Ministros
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El Consejo de Ministros ha decidido posponer la aprobación del Real Decreto-Decreto de vivienda, que entre otras cosas, incluía la prorroga del alquiler. Esta decisión se da ante la dificultad de recabar a tiempo los apoyos necesarios dentro del bloque de investidura.
Ante este, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, ha argumentado que la decisión busca otorgar «unas semanas más de margen» a la negociación parlamentaria. Según ha trasladado el departamento dirigido por Isabel Rodríguez, la intención es culminar un acuerdo «amplio y transversal» tras semanas de contactos. El Gobierno ha subrayado que la premura del calendario, sumada a la elevada complejidad del texto, amenazaba con convertirse en un obstáculo a corto plazo, por lo que han optado por la prudencia para asegurar un consenso que permita impulsar la oferta de vivienda asequible.
Asimismo, desde el Ejecutivo se ha justificado que la agenda del último Consejo de Ministros antes del parón estival dará prioridad a medidas de urgencia coyuntural, centrando los esfuerzos en la lucha contra los incendios derivados de la actual emergencia climática.
Más allá de los tiempos parlamentarios, el aplazamiento apunta a la fragmentación y las exigencias cruzadas de las fuerzas políticas que sostienen al Gobierno en el Congreso. La pasada semana, desde la facción de Sumar se daba por encarrilado un pacto que incluía, entre otras medidas, la congelación temporal de los precios del alquiler. Sin embargo, este anuncio evidenció de inmediato las grietas con el resto de socios, cuya suma es indispensable para convalidar el decreto.
Mientras tanto, las formaciones como el PNV condicionan su respaldo a que se incluyan reformas en la ley del suelo para agilizar los planeamientos urbanísticos, dotar de mayor seguridad jurídica al sector y blindar las competencias autonómicas, otras fuerzas como Podemos exigen, como línea roja para sentarse a negociar, que ese apartado urbanístico quede fuera de la ecuación.
A esto se suman las discrepancias en el ámbito fiscal con el intento de atraer a partidos como Junts mediante la inclusión de bonificaciones en el IRPF para aquellos propietarios que congelen o rebajen las rentas que choca con el modelo de intervención de precios que reclaman los sectores más a la izquierda del Congreso.
Ante este panorama, Moncloa ha preferido evitar el riesgo de una nueva derrota legislativa, tras lo ocurrido con el Real-Decreto de la prorroga del alquiler hace algunos meses atrás, y ganar tiempo durante el verano.
El Ministerio de Vivienda ha afirmado que mantiene su compromiso de hacer «todo lo que esté en su mano» para garantizar el derecho habitacional de la ciudadanía, emplazando a septiembre la resolución de un decreto que deberá equilibrar la intervención en el mercado con las demandas económicas, fiscales y competenciales de todos los grupos.
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