Más de dos meses y medio después de las elecciones autonómicas, el Partido Popular y Vox han oficializado este miércoles un acuerdo de coalición para gobernar Castilla y León. El pacto desbloquea finalmente la investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco, que se celebrará previsiblemente la próxima semana, y pone fin a 80 días de negociaciones marcadas por la búsqueda de la «proporcionalidad» respecto a los resultados electorales.
Más de dos meses y medio después de las elecciones autonómicas, el Partido Popular y Vox han oficializado este miércoles un acuerdo de coalición para gobernar
Más de dos meses y medio después de las elecciones autonómicas, el Partido Popular y Vox han oficializado este miércoles un acuerdo de coalición para gobernar Castilla y León. El pacto desbloquea finalmente la investidura del popular Alfonso Fernández Mañueco, que se celebrará previsiblemente la próxima semana, y pone fin a 80 días de negociaciones marcadas por la búsqueda de la «proporcionalidad» respecto a los resultados electorales.
El nuevo Ejecutivo regional estará compuesto por diez consejerías, de las cuales siete quedarán bajo control del PP y tres serán gestionadas por Vox. El partido de Santiago Abascal asumirá las carteras de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales (que gestionará las competencias en inmigración); Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental (incluyendo caza y pesca); y Cultura, Turismo y Deporte. Una de estas áreas llevará asociada una vicepresidencia, todavía por definir. Por su parte, los populares conservarán áreas estratégicas como Presidencia, Economía y Hacienda, Sanidad, Educación e Industria y Empleo. Además, el PP ostentará la vicepresidencia segunda, con competencias directas en vivienda, igualdad de oportunidades y lucha contra la despoblación.
En el ámbito programático, el acuerdo es especialmente «amplio y extenso», sumando un total de 324 medidas estructuradas en 19 áreas. Uno de los puntos más relevantes es la inclusión del «principio de prioridad nacional» como guía para el acceso a ayudas y alquiler social, una cláusula que Vox ya ha implantado en Extremadura y Aragón. El pacto también contempla incentivos fiscales para autónomos, bonificaciones en peajes y el «Plan de Balsas».
Ambas formaciones han sellado el compromiso de aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura para garantizar la estabilidad institucional. No obstante, debido a los ajustados tiempos parlamentarios, el horizonte se fija ya en las cuentas de 2027, manteniendo prorrogadas las de 2024 por el momento. Este acuerdo ratifica la recomposición de relaciones entre las derechas a nivel autonómico, distanciándose del choque dialéctico que mantienen en la arena nacional.
Noticias de España
