El Govern se ha enredado y ha abierto una fuerte crisis con la comunidad educativa a raíz de varios episodios polémicos, que pueden conllevar importantes consecuencias para el Ejecutivo de Illa. El fracaso del plan piloto para enviar a mossos a colegios e institutos -la mitad de los centros han renunciado a participar-, la falta de acuerdo laboral con los sindicatos mayoritarios y especialmente la fuerte controversia por la infiltración de dos agentes en una asamblea de profesores que preparaban varias jornadas de huelga han provocado fuertes críticas por parte del sector y de los partidos que dan apoyo parlamentario al PSC. Un cerco con ERC y los Comunes exigiendo explicaciones a las titulares de Interior (Núria Parlon) y Educación (Esther Niubó) y el cese del director de la policía, Josep Lluís Trapero.
ERC y los Comunes, socios de investidura, exigen apartar al director de la policía a raíz de la última polémica
El Govern se ha enredado y ha abierto una fuerte crisis con la comunidad educativa a raíz de varios episodios polémicos, que pueden conllevar importantes consecuencias para el Ejecutivo de Illa. El fracaso del plan piloto para enviar a mossos a colegios e institutos -la mitad de los centros han renunciado a participar-, la falta de acuerdo laboral con los sindicatos mayoritarios y especialmente la fuerte controversia por la infiltración de dos agentes en una asamblea de profesores que preparaban varias jornadas de huelga han provocado fuertes críticas por parte del sector y de los partidos que dan apoyo parlamentario al PSC. Un cerco con ERC y los Comunes exigiendo explicaciones a las titulares de Interior (Núria Parlon) y Educación (Esther Niubó) y el cese del director de la policía, Josep Lluís Trapero.
El caso de las dos agentes infiltradas parte de una denuncia del sindicato CGT. El pasado miércoles, durante una reunión en el instituto Pau Claris de Barcelona para preparar los paros de hoy, algunos miembros de los convocantes se percataron de la presencia de dos mujeres desconocidas para el resto. Entonces, se les preguntó a qué centro representaban y, al responder que trabajaban en la escuela Riera Alta de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), los representantes sindicales pidieron la confirmación a un docente de ese centro, que negó conocerlas, por lo que ambas fueron obligadas a abandonar la reunión. Más tarde, aseguraron haberlas identificado como agentes de los Mossos.
Al trascender esta infiltración, el Govern cerró filas con los Mossos y con Trapero, al justificar la actuación y alegar que la policía tiene la «obligación» de valorar «amenazas y riesgos» en conflictos sociales y laborales. La Dirección General de los Mossos d’Esquadra salió al paso y justificó -confirmando implícitamente- la infiltración de dos agentes de paisano: defendió que «no se trata de una decisión discrecional, sino que se basa en el cumplimiento de una «obligación normativa» para «valorar riesgos». En un comunicado, indicó que la Comisaría General de Información tiene atribuidas por ley, concretamente por el artículo 109 del Decreto de estructura de la Dirección General de la Policía, «funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo referida a la conflictividad laboral y social», reza la norma. «El objetivo explícito de estas funciones es poder realizar una valoración de amenazas y riesgos», zanjó.
Sin embargo, ayer la consejera de Interior, Núria Parlon, reiteró la confianza en Trapero, aunque matizó su mensaje y anunció que revisarán la «oportunidad» y la «proporcionalidad» de la actuación de las dos agentes. «Y a partir de aquí -una vez revisado el caso- tomaremos las decisiones que sean oportunas, siempre desde el punto de vista operativo, que es donde se ha tomado esta decisión», zanjó.
Por su parte, los servicios jurídicos de los sindicatos Ustec (el mayoritario entre los profesores) y CGT están estudiando presentar una demanda por vulneración de derechos fundamentales ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra los Mossos. De momento, han reclamado todos los informes.
Sea como fuere, lo cierto es que este caso también ha provocado fuertes críticas de la oposición, que han ahondado en la soledad del Govern de Illa en el Parlament tras los reproches de ERC y Comunes, sus socios, y también de Junts y la CUP. Los republicanos tachan este episodio de «inadmisible e intolerable», porque supone un intento de «coartar la acción sindical» en pleno conflicto educativo, por lo que se trata a su juicio de «un hecho de extrema gravedad» que «en un país democrático no tiene cabida». Sin embargo, este lunes han desvinculado las peticiones de dimisión de Trapero de la negociación para los Presupuestos.
Esta polémica no hace otra cosa que echar más gasolina al fuego: la comunidad educativa está en pie de guerra con la Generalitat tras el pacto del Ejecutivo con algunos sindicatos -no con los mayoritarios- sobre mejoras para el sector; y la crisis se ha agravado con la controvertida iniciativa de enviar a mossos a colegios e institutos. En concreto, Cataluña puso en marcha un plan piloto a finales de abril para que agentes de la policía estén fijos en los centros educativos escogidos -14 en total, desde escuelas de Primaria a centros de Secundaria y FP-, aunque no entren en las aulas pero trabajen codo con codo con las direcciones para prevenir «conflictos» y asegurar la «convivencia» en entornos con menores. Una iniciativa inédita, que va «un paso más allá» de la figura del «agente tutor» implantada en otras comunidades -un policía que acude de forma puntual-, y que ha fracasado a tenor de los últimos resultados.
La semana pasada, la consejera de Educación, Esther Niubó, admitió que la mitad de los centros del plan piloto de los Mossos han renunciado al programa. «No me ha gustado el ruido mediático que se ha generado. La información salió antes que la valoración y seguramente explicamos tarde el proyecto, pero lo importante es dejar trabajar con tranquilidad a las direcciones que quieren participar», dijo asumiendo ciertos errores, aunque atribuyendo la salida de estos colegios a «la tensión mediática» generada.
«Un agente no hace nada dentro de un centro educativo», asegura en declaraciones a este diario Lidon Gasull, la presidenta de Affac (Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya). «Los que están trabajando con los niños y adolescentes están mandando un mensaje muy claro al Govern, que debería escuchar», contesta sobre el hecho de que la mitad de colegios se hayan retirado. Además, también alerta del riesgo de «criminalizar» a determinados alumnos y de que la presencia de Mossos pueda estigmatizar centros escolares concretos.
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