El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el nombramiento de Antonio Ansón, inspector de Hacienda desde 1999, como nuevo director general de la Agencia Tributaria en sustitución de Soledad Fernández, quien ha dimitido de su cargo junto con otros dos altos directivos por desaveniencias con el Ministerio en un movimiento sin precedentes.
Sustituye a Soledad Fernández Doctor, quien ha dimitido por desaveniencias con el Ministerio ante las cesiones a Cataluña
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El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros el nombramiento de Antonio Ansón, inspector de Hacienda desde 1999, como nuevo director general de la Agencia Tributaria en sustitución de Soledad Fernández, quien ha dimitido de su cargo junto con otros dos altos directivos por desaveniencias con el Ministerio en un movimiento sin precedentes.
Aunque el ministro del ramo, Arcadi España, quiso este lunes lanzar un mensaje de «normalidad» en estos relevos, lo cierto es que nunca antes se había producido una «desbandada» de este calibre en la cúpula de la Agencia Tributaria, tal y como la calificaron los propios técnicos.
La ya ex directora general había pedido salir del organismo hacía meses, pero el propio ministro acordó con ella esperar a que terminara la campaña de la Renta, lo que sucedió este 30 de junio. Ahora, una vez finalizada, se ha producido el relevo.
Su nuevo sustituto, nacido en Zaragoza en 1962, y quien desde abril de 2025 ocupaba el puesto de director del Gabinete del Secretario de Estado de Hacienda (en la práctica, su número dos) tendrá que enfrentarse en la recta final de la legislatura a un acelerón el cumplimiento de los acuerdos de investidura con ERC y Junts, que incluyen transferencias de competencias que afectan a la Agencia Tributaria así como la reforma del modelo de financiación autónomica, cuyo objetivo último es que Cataluña pueda recaudar y gestionar el 100% del IRPF y contar con una Agencia Tributaria Catalana independiente.
Este pacto político siempre ha causado malestar e inquietud entre los trabajadores de la Agencia Tributaria -sobre todo los que residen en Cataluña- ante el miedo a que se produzca una fragmentación del organismo que le restaría capacidad de luchar contra el fraude fiscal.
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