Álvaro Jiménez, de 17 años, vive en Baeza (Jaén) y tiene muy claro lo que quiere estudiar. Ha conseguido plaza en el doble grado de Estudios Ingleses y Estudios Franceses en Cádiz. No solo tenía claro qué quería estudiar, sino también dónde quería hacerlo: «Yo me quería ir lejos y, cuando pude elegir, quería irme a Tenerife«, admite a EL MUNDO. Sin embargo, tras superar una de las pruebas académicas más decisivas para cualquier estudiante, la Prueba de Acceso a la Universidad, se encontró con un obstáculo inesperado: el precio de la vivienda. «Estaba todo carísimo en Tenerife, pero carísimo», recalca. La imposibilidad de asumir el coste del alojamiento en el archipiélago canario le obligó a renunciar a ese destino: «Tuve que escoger Cádiz«, resume.
La crisis de la vivienda impacta de forma crucial en miles de estudiantes españoles, que se ven obligados a renunciar a carreras y facultades por no poder asumir el coste. «Descarté primero Tenerife y luego Barcelona», lamenta Álvaro
Álvaro Jiménez, de 17 años, vive en Baeza (Jaén) y tiene muy claro lo que quiere estudiar. Ha conseguido plaza en el doble grado de Estudios Ingleses y Estudios Franceses en Cádiz. No solo tenía claro qué quería estudiar, sino también dónde quería hacerlo: «Yo me quería ir lejos y, cuando pude elegir, quería irme a Tenerife«, admite a EL MUNDO. Sin embargo, tras superar una de las pruebas académicas más decisivas para cualquier estudiante, la Prueba de Acceso a la Universidad, se encontró con un obstáculo inesperado: el precio de la vivienda. «Estaba todo carísimo en Tenerife, pero carísimo», recalca. La imposibilidad de asumir el coste del alojamiento en el archipiélago canario le obligó a renunciar a ese destino: «Tuve que escoger Cádiz«, resume.
Su otra alternativa era Cataluña, aunque también la excluyó por motivos económicos. «Descarté Barcelona porque tengo una prima estudiando allí y se ha tenido que ir a vivir a Igualada porque no encontró piso en la capital», explica. «Además, tiene compañeros suyos que también son de fuera y necesitan alrededor de una hora de transporte público para llegar desde donde viven hasta la universidad», añade a su argumento de por qué desechó la ciudad condal para estudiar.
Cuando ya había tomado la decisión de marcharse a Cádiz, apareció un nuevo problema. «Tras acabar la selectividad se me puso otro obstáculo por delante: encontrar piso asequible cerca de la universidad y dentro de Cádiz», recuerda. Finalmente, reconoce haber tenido «la suerte de contar con conocidos que estudian allí» y que le han ayudado a encontrar un piso «relativamente céntrico y a buen precio», señala con la tranquilidad de que ya tiene alojamiento después de una ardua búsqueda.
No obstante, durante este episodio se topó con una realidad que no esperaba. «Al final voy a vivir con otros estudiantes, pero la otra opción que tuve era un piso con gente que ya está trabajando y que, aun así, no se puede permitir vivir por su cuenta», explica sorprendido. Esa experiencia le hizo tomar conciencia de la magnitud del problema. «Me hizo pensar que, si Cádiz está así, que no es una ciudad con tanto movimiento como puede ser Madrid, no me quiero imaginar cómo estarán esos sitios», reflexiona. Una situación que evidencia hasta qué punto la crisis de la vivienda condiciona ya no solo a quienes buscan independizarse, sino también a quienes intentan acceder a la universidad.
Según el informe Datos y Cifras del Sistema Universitario Español del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en el curso 2023-2024 el 32% de los estudiantes que se matricularon se desplazaron a otra provincia para estudiar y el 19,1% cambió de comunidad autónoma. Ahora bien, la movilidad varía notablemente según el territorio. Navarra lidera el ránking: cuatro de cada diez estudiantes matriculados en sus facultades procedieron de otra comunidad. En el extremo opuesto se situó Baleares, donde solo el 4,2% de los alumnos llegó de otra autonomía. Madrid registró un 31,2% de estudiantes de fuera de la comunidad, mientras que en Cataluña el porcentaje descendió al 10,7%, lo que significa que nueve de cada diez universitarios en la región ese curso fueron catalanes.
Ana y Carmen Bonilla también han hecho este año selectividad. Tienen 18 años, son mellizas, de Granada capital y están a las puertas de la universidad. El futuro de Ana, que sabe desde pequeña que quiere ser médica, depende de si consigue entrar en la Universidad de Granada. Aunque ha solicitado plaza en todas las instituciones andaluzas por si acaso, su única opción real es quedarse en su ciudad. Su hermano mayor Alejandro explica que la situación de la vivienda condiciona por completo su decisión, «hasta tal punto que, como no puede irse fuera, si no entra aquí se plantea hacer un grado superior de Medicina Nuclear y, desde ahí, acceder después a Medicina». La razón es puramente económica: «Mi familia no puede permitirse que se vaya fuera con los gastos que tenemos», justifica.
Carmen, por su parte, estudiará Magisterio Bilingüe y tiene la «suerte» de que, por su nota, podrá acceder a la facultad en Granada, por lo que no se verá tan condicionada como su hermana. Aun así, la incertidumbre sobre el futuro de Ana preocupa a toda la familia. «Si entrase en Medicina en otra provincia andaluza, no sé qué haríamos. De primeras es un poco inviable enviarla a ningún sitio, pero estudiaríamos la situación y la ciudad. Si, por ejemplo, entrara en Enfermería -también ha solicitado esa carrera como opción- en Jaén, a lo mejor, ajustándonos y haciendo cuentas, podríamos hacer que estudiara allí. Pero la verdad es que es una situación complicada», reconoce Alejandro.
Pero esta situación no es nueva en la familia granadina. Fue hace seis años cuando el propio Alejandro vio cómo el elevado coste de la vivienda en Sevilla condicionaba su futuro académico. Durante el instituto soñaba con convertirse en realizador de televisión porque quería «enfocar mi carrera profesional más hacia el ámbito audiovisual que hacia el periodístico». Ese objetivo pareció acercarse cuando descubrió el doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en Sevilla. «Vi la oportunidad de sacarme dos carreras en cinco años y me pareció una muy buena opción», recuerda.
El joven admite que dudó sobre el orden de preferencia de las titulaciones y que finalmente situó en primer lugar Comunicación Audiovisual en Granada y, en segundo, el doble grado de Sevilla. Sin embargo, por la ponderación de las asignaturas de la PAU, obtuvo una nota más alta para la capital hispalense que para su ciudad. «Entré en el doble grado, pero no en la carrera de Granada. Yo ya veía mi futuro en Sevilla, haciendo los dos grados al mismo tiempo, y la ciudad me atraía mucho», explica.
«Mi familia no puede permitirse que se vaya fuera con los gastos que tenemos»
Alejandro Bonilla, hermano mayor de Ana y Carmen.
Pero todo ocurrió en 2020, en plena crisis provocada por la COVID-19. Su padre, que trabajaba en el sector turístico, se quedó sin empleo cuando la actividad se paralizó por completo. «Entré en el doble grado, pero cuando miramos los precios de los pisos de alquiler y el resto de gastos tuve que renunciar a la plaza porque eran absolutamente desorbitados y no podíamos costearlos», relata. Optó entonces por mantenerse en la lista de espera de Granada. «Tuve que renunciar a mudarme a Sevilla y arriesgarme a esperar. Al final entré en octubre, cuando ya habían empezado las clases. Apuré hasta el último momento porque no tenía un plan B», confiesa Alejandro.
«No debería existir ninguna persona que, por no poder pagarse una vivienda, no pudiese acceder a la universidad pública», sentencia Marta Gómez, directora de Relaciones Institucionales de CREUP (Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas). «Siempre se ha visto a la universidad pública como un ascensor social que permitía crecer a nivel social, profesional e intelectual, pero es un ascensor que se está rompiendo», continúa, «y se está perdiendo mucho talento porque esas personas no pueden pagar los pisos donde están sus universidades», señala. CREUP denuncia en su informe Posicionamiento sobre Vivienda Estudiantil que, en zonas geográficas con menor oferta académica, los perfiles familiares medios o bajos sufren muchas más limitaciones al elegir sus estudios, mientras que los estudiantes que se trasladan a otras provincias suelen proceder de familias con mayor capacidad económica para costear la vivienda. Estudiar fuera de la provincia implica un «sobreesfuerzo económico para las familias que residen en provincias con menor oferta universitaria», ya que, si el estudiante quiere cursar lo que desea, tiene que mudarse.
«No debería existir ninguna persona que, por no poder pagarse una vivienda, no pudiese acceder a la universidad pública»
Marta Gómez, directora de Relaciones Institucionales de CREUP
Esto provoca una brecha de desigualdad entre quienes viven en una zona con mayor oferta universitaria y quienes residen donde esta es más reducida. Como resultado, el acceso a la amplia oferta formativa de comunidades más ricas, como Madrid o Cataluña, se vuelve imposible para los estudiantes con menos recursos, quienes se ven forzados a aceptar opciones educativas locales o a enfrentar mayores tasas de abandono y estrés académico por la necesidad de compaginar los estudios con trabajos precarios para pagar un alquiler. «Ese no acceso al derecho a la vivienda está provocando un no acceso al derecho a la educación pública», afirma Gómez antes de concluir que las políticas públicas y gubernamentales actuales no están haciendo lo «suficiente para paliar el problema de la vivienda en España, sobre todo la estudiantil», concluye.
La crisis del alquiler también marcó la etapa universitaria de Mónica Poza. Ahora tiene 27 años, pero en su día decidió estudiar Biología. Aunque contempló varias opciones dentro de España, limitó su elección a universidades andaluzas y colocó la Universidad de Jaén en primer lugar por una cuestión estrictamente económica. «Yo quería salir de casa, pero a nivel económico eso no era una opción», explica.
Durante el primer curso se desplazó cada día en autobús entre Baeza, su municipio natal, y Jaén, donde se encontraba la institución pública. Aunque los alquileres en la capital jiennense eran más asequibles que en otras ciudades españolas, a su familia le resultaba más barato asumir el coste del transporte que pagar un piso. «Les salía más económico que fuese y volviese cada día», recuerda.
En segundo de carrera consiguió mudarse a un piso con un alquiler asequible. Sin embargo, la situación cambió apenas un año después. «En tercero subieron los precios de los alquileres en la ciudad y, por motivos económicos y personales, nos salía más barato que volviese a ir y venir cada día», aclara. Ese incremento del precio de la vivienda la obligó a desistir de nuevo de vivir cerca de la universidad y a regresar a la rutina de los desplazamientos diarios entre diferentes municipios.
El informe Perfil socioeconómico del estudiantado universitario en España, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, muestra que el nivel socioeconómico de las familias influye de forma directa en las oportunidades de los estudiantes. En el conjunto del alumnado universitario, independientemente de si se ha desplazado o no para cursar sus estudios, 43,7% de los progenitores desempeñan ocupaciones de nivel alto, el 39,9% tiene empleos de nivel medio y solo el 16,4% trabaja en puestos de nivel bajo.
El informe también concluye que una mayor condición socioeconómica facilita la movilidad para cursar estudios universitarios, como también señalan desde CREUP. En conjunto, alrededor del 60% de los estudiantes que viven en provincias con menos opciones universitarias se traslada a otra para estudiar y quienes lo hacen eligen ámbitos de estudio distintos a los que se ofertan en su misma región, según recoge el documento.
Además, la probabilidad de desplazarse de estos estudiantes aumenta entre quienes proceden de familias con mayor recursos económicos: de los jóvenes que estudian fuera, el 44,1% tiene padres con puestos de trabajo de alta cualificación, el 35,6% están en ocupaciones medias y el 20,2% tienen empleos de baja formación. En definitiva, los datos reflejan que la movilidad universitaria está estrechamente relacionada con el nivel socioeconómico familiar: los estudiantes con más recursos no solo tienen más posibilidades de trasladarse para estudiar, sino también de acceder a titulaciones o ámbitos de conocimiento distintos de los disponibles sus residencias.
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