Unos 200 agricultores han participado este martes en Lopera (Jaén) en una tractorada y una concentración para exigir la suspensión de las licencias a los cuatro proyectos de plantas de energía fotovoltaica promovidos en suelo agrícola del municipio. La protesta, convocada por la plataforma ciudadana Campiña Norte contra las megaplantas solares, ha puesto a prueba el acuerdo de gobierno en Andalucía entre el PP y Vox.
El partido de extrema derecha se une a la protesta contra las fotovoltaicas en Jaén intentando esquivar el choque con la Junta, que es quien autoriza los proyectos
Unos 200 agricultores han participado este martes en Lopera (Jaén) en una tractorada y una concentración para exigir la suspensión de las licencias a los cuatro proyectos de plantas de energía fotovoltaica promovidos en suelo agrícola del municipio. La protesta, convocada por la plataforma ciudadana Campiña Norte contra las megaplantas solares, ha puesto a prueba el acuerdo de gobierno en Andalucía entre el PP y Vox.
La formación ultra se ha unido a esta movilización de los agricultores, pero ha evitado cualquier choque con el Gobierno andaluz y ha dirigido su protesta contra el Ejecutivo socialista local, a quien reclama la suspensión de todas las licencias urbanísticas para instalaciones fotovoltaicas. Mientras tanto, la alcaldesa de Lopera, Carmen Torres, pide a la Junta que sea ella quien apruebe la paralización cautelar de estas instalaciones o, en su defecto, garantice la seguridad jurídica necesaria para que el Consistorio pueda conceder las licencias urbanísticas.
El acuerdo de Gobierno en Andalucía establece en una de sus 150 medidas, y a instancia de Vox, la prohibición de instalar plantas de energía renovable en suelos agrícolas. Durante la pasada campaña electoral, el líder de la formación ultra, Santiago Abascal, hizo bandera de este tema en varias visitas a la provincia de Jaén, donde se promueven hasta siete proyectos en los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo por las empresas FRV Arroyadas y Greenalia Solar Power con una capacidad de producción de 310 megavatios y una previsión para generar 641 gwh al año. Según la estimación de la plataforma ciudadana, estos proyectos supondrían la tala o el arranque de miles de olivos.
“Estamos en contra de esas megaplantas solares, pero ahora la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Lopera”, ha indicado el único concejal de Vox en esta localidad, Martín Valenzuela, presente en la protesta agrícola junto a otros miembros muy próximos a Vox, como es el caso de los colectivos SOS Rural o Ecología y Libertad, que han llevado el caso a los tribunales.
Desde la plataforma ciudadana Campiña Norte contra las megaplantas solares se urge al Consistorio local a la aprobación inicial del Plan Especial para la ordenación de actuaciones vinculadas a la generación de energía solar fotovoltaica en el término de Lopera y también el acuerdo de suspensión de todas las licencias. “Decimos todas las licencias, incluidas las ya solicitadas y pendientes de resolución y las que pudieran solicitarse durante la vigencia de la suspensión al amparo de la Ley 7/2021, de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA)”, subraya Rafael Alcalá, portavoz de la plataforma ciudadana. Alcalá solicita que, de esta manera, el Ayuntamiento cumpla con los acuerdos plenarios de agosto 2024 y la declaración institucional de noviembre del mismo año.
Recuerdan desde la plataforma que un Juzgado de Andújar admitió a trámite la denuncia penal interpuesta contra las megaplantas al apreciar indicios de fraude de ley por la “fragmentación artificiosa” de los proyectos proyectados en los municipios de Marmolejo, Arjona y Lopera. Según Alcalá, el juez consideró que estas anomalías se ha traducido en “un claro perjuicio de los agricultores afectados a los que se expropiaron sus parcelas de forma injustificada”. La plataforma ha recurrido el sobreseimiento de esta denuncia penal.
De otro lado, la Asociación Ecología y Libertad ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Consejería de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía tras la inadmisión de la revisión de oficio de las autorizaciones sectoriales. Este recurso busca la declaración de nulidad absoluta de los permisos industriales y ambientales que sirven de base para solicitar las licencias de obras municipales.
La plataforma apela también a los acuerdos plenarios para “blindar el suelo agrícola con anterioridad a que las empresas del sector formularan sus solicitudes de licencia, demostrando que las promotoras actuaron con pleno conocimiento de la voluntad restrictiva del órgano municipal”. Y precisan que el propio reglamento prevé un régimen indemnizatorio para la devolución de tasas a las empresas afectadas, “confirmando que la ley ampara la paralización total de los proyectos para salvaguardar el interés general y el territorio”.
Por su parte, la alcaldesa de Lopera ha remitido una carta al vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, el líder de Vox en Andalucía, en la que le reclama una intervención “urgente” para abordar la situación de los proyectos fotovoltaicos previstos en el municipio. En la misiva, el Ayuntamiento solicita que el Consejo de Gobierno andaluz acuerde la paralización cautelar de estas instalaciones o, en su defecto, garantice la seguridad jurídica necesaria para que el Consistorio pueda conceder las licencias urbanísticas.
La alcaldesa fundamenta su petición en el acuerdo de Gobierno suscrito entre PP y Vox en la Junta de Andalucía, que contempla la protección del suelo productivo y de valor agronómico frente a la implantación de macroplantas de energías renovables. En concreto, recuerda que el documento recoge el compromiso de excluir este tipo de instalaciones en terrenos de regadío, inundables o con especial valor agrario, así como la emisión de informes vinculantes de impacto agrario en los expedientes de energías renovables. La alcaldesa sostiene que Vox ha defendido en numerosas ocasiones que la expansión de estas plantas supone una amenaza para el territorio, por lo que considera que ahora, desde el Gobierno andaluz, se debe actuar en consonancia con los compromisos adquiridos.
El Ayuntamiento ha explicado que actualmente se encuentra inmerso en la tramitación de las licencias urbanísticas para una planta fotovoltaica que ya dispone de todas las autorizaciones favorables emitidas por la Junta de Andalucía. Al mismo tiempo, el Consistorio ha promovido un Plan Especial Urbanístico que permitiría suspender cautelarmente la concesión de nuevas licencias.
No obstante, Torres advierte de que paralizar expedientes que se encuentran en una fase muy avanzada podría acarrear importantes responsabilidades económicas para las arcas municipales. Por ello, insiste en que es la Junta la que debe intervenir para evitar que prospere un proyecto cuya autorización, recuerda, ha sido impulsada por la propia Administración autonómica.
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