El Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado la imposición «temporal» controles en las fronteras interiores de puertos y aeropuertos para los desplazamientos procedentes de Italia. La decisión se adopta después de que el Ejecutivo de Giorgia Meloni desoyera el ultimátum que a su vez le había hecho España para que retirara los que se aplican a los viajeros procedentes de su país a raíz de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta procedentes de Marruecos.
Moncloa había advertido de que se verían obligados a «adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad» de sus ciudadanos
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El Gobierno de España ha dado un ultimátum al de Italia para que «rectifique» y «ponga fin a los controles en frontera» a sus ciudadanos, una restricción que el Ejecutivo de Giorgia Meloni adoptó a raíz de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta procedentes de Marruecos. Si no lo hiciera antes de que concluya el próximo domingo, 9 de agosto, desde el gabinete de Pedro Sánchez arguyen que se verán obligados «a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad» de los españoles.
El requerimiento de La Moncloa ha recibido una negativa rotunda del Palazzo Chigi en Roma: el país no reconsiderará su decisión de solicitar aleatoriamente el DNI o el pasaporte a los españoles que lleguen a sus aeropuertos o puertos hasta, al menos, el 15 de agosto. En un comunicado, ha indicado que sólo lo levantará cuando tenga «la certeza de que no existen riesgos para la seguridad ni amenazas terroristas, que no habrá una nueva ola migratoria y que no hay migrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo», informa Reuters.
«Esta medida se dirige y ataca a los españoles y a Europa», ha respondido a su vez el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, a su llegada a Colombia, donde acompaña al Rey para participar en la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. «Esta medida del Gobierno italiano es un torpedo en la línea de flotación de la Unión Europea», ha insistido.
Según fuentes de su departamento, el jefe de la diplomacia española insiste en pedir al Ejecutivo de Meloni que «retire las medidas injustificadas que ha introducido» contra los ciudadanos de socio comunitario, redundando que «no hay ningún motivo para introducir estas medidas». Además, ha recordado que Italia es el país de la Unión Europea que acumula «el mayor número de entradas irregulares» y ha subrayado que «Europa necesita unidad».
Según el Gobierno de España, la suspensión temporal de la libre circulación -en vigor desde el sábado pasado- está «afectando a la movilidad de miles de pasajeros y generando inseguridad jurídica en pleno periodo estival». «Esta medida, sin precedentes en la historia reciente, se adoptó sin aviso previo, de forma unilateral y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad», agregan.
En este sentido, desde Moncloa señalan que Italia obvia que «ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta la semana pasada pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma tiene un régimen especial en el mismo», además de que «la práctica totalidad de ellos ya han retornado a Marruecos». También indican que la nación transalpina es «el estado miembro que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a duplicar las de España».
Asimismo, en el Ejecutivo central recalcan que desde la llegada de Meloni al poder, en 2022, su país «no cumple el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria» al resto de socios comunitarios y que, a pesar de ello, «España nunca ha introducido controles» a sus ciudadanos. «De hecho, siempre se ha mostrado solidaria con ella, acogiendo parte de los migrantes que llegaron a Lampedusa en 2023 y abriendo sus puertos de forma recurrente a migrantes que son rescatados en la ruta del Mediterráneo central», subrayan.
Por todo ello, desde el gabinete de Sánchez inciden en que la medida adoptada por Italia es «injusta, contraria a los intereses de la Unión Europea y discriminatoria para la población española». A pesar del ultimátum y la amenaza para que se levanten los controles, sostienen que confían en que «el europeísmo, el sentido común y la buena fe se impongan» porque «los gobiernos están para impulsar el entendimiento entre países y el interés general de sus poblaciones, no para crear fracturas y conflictos estériles impulsados por motivaciones electorales internas».
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