La Unión Europea aprobó en abril el Pacto sobre Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado junio. Allí se establece, entre otras medidas, controles y procedimientos acelerados en las fronteras exteriores y un mecanismo de solidaridad. Dijo entonces la Comisión Europea que el objetivo era tener «fronteras exteriores sólidas y seguras», pero garantizando «los derechos de las personas». Con esa base, y la del Reglamento de Retornos recién aprobado por el Parlamento Europeo, Italia y Dinamarca piden ahora crear más centros de repatriación de migrantes en terceros países.
Aún siendo de partidos teóricamente muy distanciados, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, primeras ministras de Italia y Dinamarca, están de acuerdo en agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria para acabar con «la inmigración descontrolada». Aunque su posición no es unánime en la Unión Europea, sí parece la mayoritaria, aunque solo ellas lo expliciten tan claramente.
El ejemplo lo hemos tenido en la crisis de Ceuta. A la vista de las imágenes que mostraban a miles de migrantes entrando sin control en la ciudad española del norte de África, 22 Estados miembro enviaron una carta a Bruselas exigiendo una reunión urgente de Interior. La comunicación iba impulsada por Italia, Alemania y Dinamarca. Los únicos países que no la asumieron, que no la firmaron, fueron Francia, Luxemburgo, Portugal e Irlanda.
Lejos de ser un mensaje de solidaridad y apoyo a España en un momento tan delicado, era más bien un tirón de orejas al presidente Pedro Sánchez. La misiva advertía de que las regularizaciones masivas en España actúan como factor de atracción y pedía una respuesta coordinada antes de que el flujo se extienda al resto de Europa.
Luego, en la reunión de los ministros de Interior de los 27 del pasado 4 de agosto (por videconferencia), las aguas y las palabras se amansaron, pero la carta ya estaba lanzada. La falta de solidaridad de la UE con España mostró hasta qué punto la Europa de los derechos y las libertades está virando a la derecha. Ahora, Meloni y Frederiksen vuelven sobre ello y piden la creación de más centros de repatriación en terceros países.
Alemania
Detrás de la carta colectiva estuvo Alemania. El país que en 2015, con Angela Merkel al frente, abrió las fronteras a los migrantes que huían de la guerra civil en Siria, tiene hoy la inmigración en el centro del debate político. Con la presión por la derecha de Alternativa para Alemania, el Gobierno de los conservadores de Friedrich Merz, en coalición con el Partido Socialdemócrata, ha cambiado la visión: lo que era un fenómeno hoy es un problema.
El Ejecutivo de Merz ha reforzado los controles fronterizos, ha impulsado más devoluciones y ha defendido una política de deportaciones más dura. En 2025, Alemania deportó a más de 20.000 personas. De hecho, Berlín ha reanudado los vuelos de expulsión a Afganistán. Además, pese a Schengen, el país mantiene controles en sus fronteras con países vecinos como Polonia, República Checa o Austria.
Dinamarca
Dinamarca está gobernada por los socialdemócratas, pero sus políticas migratorias están a años luz de las de España, como muestra la cercanía de Frederiksen con Meloni. El país es ahora pionero en políticas migratorias restrictivas, tanto para los solicitantes de asilo como para los inmigrantes económicos que buscan trabajo en Dinamarca.
Las cosas cambiaron en la mencionada crisis de los refugiados de 2015. Muchos de aquel millón largo de migrantes quisieron llegar a Dinamarca. Entonces, en Copenhague comenzó a oírse aquello de «los daneses primero» y no sólo en boca de líderes ultraderechistas.
Todos los partidos, incluidos los socialdemócratas, dejaron de ver con buenos ojos a los migrantes que pedían refugio. Hasta se estudió la posibilidad de concentrar a los sin papeles en una isla danesa. Se descartó, pero a cambio, Dinamarca aprobó una ley para enviar a los migrantes a terceros países, como Ruanda. Fue en 2021, antes incluso de que Italia hiciera lo propio en Albania. En ambos casos, el plan no ha podido desarrollarse.
Italia
Fue a finales de 2023 cuando la primera ministra italiana y su homólogo albanés, Edi Rama, firmaron un protocolo de cooperación migratoria. Ya en 2024, Italia construyó dos centros de retorno en Albania para enviar a los migrantes. El primero fue el de Shëngjin, a donde los migrantes iban a ser desembarcados, identificados y sometidos a las primeras comprobaciones. Desde allí serían trasladados al segundo complejo, ubicado en Gjadër.
Sin embargo, esos campos siguen inutilizados por diversas decisiones judiciales. El campo de Gjadër, que en octubre cumplirá dos años, sigue practicamente vacío. En este centro deberían de estar resolviéndose las solicitudes de asilo mediante un procedimiento acelerado (si es negativa, tiene lugar la devolución al país de origen).
Pero todo está parado. Diversas decisiones judiciales han anulado en la práctica los centros italianos en suelo albanés. Shëngjin y Gjadër siguen pendientes del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que debe resolver los dos últimos recursos planteados por los jueces italianos. El Ejecutivo de Meloni espera su decisión.
Finlandia
La carta de los 22 también la firmó la Mari Rantanen, ministra del Interior de Finlandia, que acusó a España de haber «fracasado por completo a la hora de proteger la frontera exterior del espacio Schengen frente a las intrusiones». Finlandia tuvo que cerrar su frontera con Rusia en 2023 para luchar contra la instrumentalización migratoria de Moscú.
Polonia
Desde Polonia, su primer ministro pidió a España que «siguiera el ejemplo» polaco «si se quiere que Schengen sobreviva». Donald Tusk puso a su país de ejemplo por haber invertido miles de millones de euros y movilizado a miles de soldados, policías y guardias fronterizos para «endurecer sus leyes de asilo y sus procedimientos fronterizos, y construido barreras eficaces en su frontera con Bielorrusia, que constituye la frontera oriental de la Unión».
Grecia
Para hacerse una idea, ya en febrero pasado, el Gobierno conservador griego anunció que estaba planeando con Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria la creación en África de centros de retorno de inmigrantes a los que se le haya denegado asilo en la Unión Europea. El plan debía estar preparado para cuando el Parlamento Europeo votara el nuevo reglamento sobre repatriaciones. Fue lo que pasó en junio, permitiendo la creación de esos centros. A Grecia llegan cada año entre 40.000 y 50.000 inmigrantes, de los que solo la mitad reciben asilo. Atenas realiza anualmente unas 6.000 repatriaciones de inmigrantes.
Francia
Francia fue uno los pocos miembros de la UE que no firmaron la carta que censuraba la política de regularización de inmigrantes de España. Ante la crisis de Ceuta, el Gobierno francés ofreció ayuda a su vecino del sur, en una respuesta basada en la «solidaridad y la eficacia». El Eliseo no se adhirió a la carta de los 22 al considerar que tenía un carácter esencialmente político y trataba de instrumentalizar la situación de Ceuta para censurar la política migratoria del gobierno español.
Pero no es que la Francia de Emmanuel Macron comparta la visión de Sanchez. Sólo hay que ver lo que decía en mayo su ministro de Justicia, Gérald Darmanin. Planteó la posibilidad de suspender durante tres años la entrada de inmigrantes, incluso aquellos que lo hagan de forma legal, al considerar que el país ha alcanzado el «límite» de su «capacidad de integración y asimilación».
El Parlamento Europeo, cada vez más a la derecha
Más allá de los Estados miembros de la Unión, su parlamento. El pasado 17 de junio, la Eurocámara aprobó el Reglamento de Retornos, la normativa migratoria más restrictiva de la historia de la UE. Salió adelante con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. Cuando la presidencia comunicó el resultado, los diputados europeos de la derecha y de la extrema derecha estallaron en aplausos.
Que el resultado fuera tan contundente se explica porque el Partido Popular Europeo (PPE) se volvió a alinear con la derecha extrema europea. Votaron a favor de endurecer la ley migratoria los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), los ultraderechistas Patriotas por Europa (PfE), Europa de Naciones Soberanas (ESN), parte del grupo liberal Renovar Europa y el mencionado PPE.
Votaron en contra, de manera mayoritaria, dos grupos, los Socialistas y Demócratas (S&D) y La Izquierda. Pero los suyos sólo fueron 218 votos. «Este reglamento corre el riesgo de normalizar prácticas jurídicamente cuestionables que habrían sido impensables en la UE hace tan solo unos años», afirmó la eurodiputada socialista Ana Catarina Mendes.
En cambio, el popular Tomas Tobé sostuvo que «Europa debe tener la capacidad de decidir quién entra, quién se queda y quién debe regresar» y que la votación volvía a «situar la aplicación de la ley en el centro». El eurodiputado neerlandés Malik Amazani (Renew), responsable de la tramitación parlamentaria del texto, dijo que Europa necesitaba medidas de retorno eficaces y realistas, y que «después de casi veinte años de bloqueo» iba a contar con ellas.
El decisivo Consejo Europeo de otoño
El Reglamento de Retornos sustituye a la directiva de 2008 para imponer un sistema único y directamente aplicable en los 27 Estados miembros. El texto espera su adopción formal por el Consejo de la UE para su posterior publicación en el Diario Oficial de la UE.
El Gobierno español no lo ve con buenos ojos. El pasado 11 de junio, formalizó ante la UE su rechazo en un documento en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas de las medidas que contempla, entre las que mencionó las que podrían llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.
Mientras, desde el 12 de junio está operativo el Pacto sobre Migración y Asilo, que a diferencia del Reglamento de Retornos, es de obligado cumplimiento en toda la UE. Y se acerca la celebración del Consejo Europeo de otoño. Allí se espera que se discuta la creación en terceros países de los primeros centros piloto de repatriación de migrantes.
En junio, el Parlamento Europeo aprobó el Reglamento de Retornos, la normativa migratoria más restrictiva de su historia, con 418 votos a favor y 218 en contra.
La Unión Europea aprobó en abril el Pacto sobre Migración y Asilo, que entró en vigor el pasado junio. Allí se establece, entre otras medidas, controles y procedimientos acelerados en las fronteras exteriores y un mecanismo de solidaridad. Dijo entonces la Comisión Europea que el objetivo era tener «fronteras exteriores sólidas y seguras», pero garantizando «los derechos de las personas». Con esa base, y la del Reglamento de Retornos recién aprobado por el Parlamento Europeo, Italia y Dinamarca piden ahora crear más centros de repatriación de migrantes en terceros países.
Aún siendo de partidos teóricamente muy distanciados, Giorgia Meloni y Mette Frederiksen, primeras ministras de Italia y Dinamarca, están de acuerdo en agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria para acabar con «la inmigración descontrolada». Aunque su posición no es unánime en la Unión Europea, sí parece la mayoritaria, aunque solo ellas lo expliciten tan claramente.
El ejemplo lo hemos tenido en la crisis de Ceuta. A la vista de las imágenes que mostraban a miles de migrantes entrando sin control en la ciudad española del norte de África, 22 Estados miembro enviaron una carta a Bruselas exigiendo una reunión urgente de Interior. La comunicación iba impulsada por Italia, Alemania y Dinamarca. Los únicos países que no la asumieron, que no la firmaron, fueron Francia, Luxemburgo, Portugal e Irlanda.
Lejos de ser un mensaje de solidaridad y apoyo a España en un momento tan delicado, era más bien un tirón de orejas al presidente Pedro Sánchez. La misiva advertía de que las regularizaciones masivas en España actúan como factor de atracción y pedía una respuesta coordinada antes de que el flujo se extienda al resto de Europa.
Luego, en la reunión de los ministros de Interior de los 27 del pasado 4 de agosto (por videconferencia), las aguas y las palabras se amansaron, pero la carta ya estaba lanzada. La falta de solidaridad de la UE con España mostró hasta qué punto la Europa de los derechos y las libertades está virando a la derecha. Ahora, Meloni y Frederiksen vuelven sobre ello y piden la creación de más centros de repatriación en terceros países.
Alemania
Detrás de la carta colectiva estuvo Alemania. El país que en 2015, con Angela Merkel al frente, abrió las fronteras a los migrantes que huían de la guerra civil en Siria, tiene hoy la inmigración en el centro del debate político. Con la presión por la derecha de Alternativa para Alemania, el Gobierno de los conservadores de Friedrich Merz, en coalición con el Partido Socialdemócrata, ha cambiado la visión: lo que era un fenómeno hoy es un problema.
El Ejecutivo de Merz ha reforzado los controles fronterizos, ha impulsado más devoluciones y ha defendido una política de deportaciones más dura. En 2025, Alemania deportó a más de 20.000 personas. De hecho, Berlín ha reanudado los vuelos de expulsión a Afganistán. Además, pese a Schengen, el país mantiene controles en sus fronteras con países vecinos como Polonia, República Checa o Austria.
Dinamarca
Dinamarca está gobernada por los socialdemócratas, pero sus políticas migratorias están a años luz de las de España, como muestra la cercanía de Frederiksen con Meloni. El país es ahora pionero en políticas migratorias restrictivas, tanto para los solicitantes de asilo como para los inmigrantes económicos que buscan trabajo en Dinamarca.
Las cosas cambiaron en la mencionada crisis de los refugiados de 2015. Muchos de aquel millón largo de migrantes quisieron llegar a Dinamarca. Entonces, en Copenhague comenzó a oírse aquello de «los daneses primero» y no sólo en boca de líderes ultraderechistas.
Todos los partidos, incluidos los socialdemócratas, dejaron de ver con buenos ojos a los migrantes que pedían refugio. Hasta se estudió la posibilidad de concentrar a los sin papeles en una isla danesa. Se descartó, pero a cambio, Dinamarca aprobó una ley para enviar a los migrantes a terceros países, como Ruanda. Fue en 2021, antes incluso de que Italia hiciera lo propio en Albania. En ambos casos, el plan no ha podido desarrollarse.
Italia
Fue a finales de 2023 cuando la primera ministra italiana y su homólogo albanés, Edi Rama, firmaron un protocolo de cooperación migratoria. Ya en 2024, Italia construyó dos centros de retorno en Albania para enviar a los migrantes. El primero fue el de Shëngjin, a donde los migrantes iban a ser desembarcados, identificados y sometidos a las primeras comprobaciones. Desde allí serían trasladados al segundo complejo, ubicado en Gjadër.
Sin embargo, esos campos siguen inutilizados por diversas decisiones judiciales. El campo de Gjadër, que en octubre cumplirá dos años, sigue practicamente vacío. En este centro deberían de estar resolviéndose las solicitudes de asilo mediante un procedimiento acelerado (si es negativa, tiene lugar la devolución al país de origen).
Pero todo está parado. Diversas decisiones judiciales han anulado en la práctica los centros italianos en suelo albanés. Shëngjin y Gjadër siguen pendientes del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que debe resolver los dos últimos recursos planteados por los jueces italianos. El Ejecutivo de Meloni espera su decisión.
Finlandia
La carta de los 22 también la firmó la Mari Rantanen, ministra del Interior de Finlandia, que acusó a España de haber «fracasado por completo a la hora de proteger la frontera exterior del espacio Schengen frente a las intrusiones». Finlandia tuvo que cerrar su frontera con Rusia en 2023 para luchar contra la instrumentalización migratoria de Moscú.
Polonia
Desde Polonia, su primer ministro pidió a España que «siguiera el ejemplo» polaco «si se quiere que Schengen sobreviva». Donald Tusk puso a su país de ejemplo por haber invertido miles de millones de euros y movilizado a miles de soldados, policías y guardias fronterizos para «endurecer sus leyes de asilo y sus procedimientos fronterizos, y construido barreras eficaces en su frontera con Bielorrusia, que constituye la frontera oriental de la Unión».
Grecia
Para hacerse una idea, ya en febrero pasado, el Gobierno conservador griego anunció que estaba planeando con Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Austria la creación en África de centros de retorno de inmigrantes a los que se le haya denegado asilo en la Unión Europea. El plan debía estar preparado para cuando el Parlamento Europeo votara el nuevo reglamento sobre repatriaciones. Fue lo que pasó en junio, permitiendo la creación de esos centros. A Grecia llegan cada año entre 40.000 y 50.000 inmigrantes, de los que solo la mitad reciben asilo. Atenas realiza anualmente unas 6.000 repatriaciones de inmigrantes.
Francia
Francia fue uno los pocos miembros de la UE que no firmaron la carta que censuraba la política de regularización de inmigrantes de España. Ante la crisis de Ceuta, el Gobierno francés ofreció ayuda a su vecino del sur, en una respuesta basada en la «solidaridad y la eficacia». El Eliseo no se adhirió a la carta de los 22 al considerar que tenía un carácter esencialmente político y trataba de instrumentalizar la situación de Ceuta para censurar la política migratoria del gobierno español.
Pero no es que la Francia de Emmanuel Macron comparta la visión de Sanchez. Sólo hay que ver lo que decía en mayo su ministro de Justicia, Gérald Darmanin. Planteó la posibilidad de suspender durante tres años la entrada de inmigrantes, incluso aquellos que lo hagan de forma legal, al considerar que el país ha alcanzado el «límite» de su «capacidad de integración y asimilación».
El Parlamento Europeo, cada vez más a la derecha
Más allá de los Estados miembros de la Unión, su parlamento. El pasado 17 de junio, la Eurocámara aprobó el Reglamento de Retornos, la normativa migratoria más restrictiva de la historia de la UE. Salió adelante con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones. Cuando la presidencia comunicó el resultado, los diputados europeos de la derecha y de la extrema derecha estallaron en aplausos.
Que el resultado fuera tan contundente se explica porque el Partido Popular Europeo (PPE) se volvió a alinear con la derecha extrema europea. Votaron a favor de endurecer la ley migratoria los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), los ultraderechistas Patriotas por Europa (PfE), Europa de Naciones Soberanas (ESN), parte del grupo liberal Renovar Europa y el mencionado PPE.
Votaron en contra, de manera mayoritaria, dos grupos, los Socialistas y Demócratas (S&D) y La Izquierda. Pero los suyos sólo fueron 218 votos. «Este reglamento corre el riesgo de normalizar prácticas jurídicamente cuestionables que habrían sido impensables en la UE hace tan solo unos años», afirmó la eurodiputada socialista Ana Catarina Mendes.
En cambio, el popular Tomas Tobé sostuvo que «Europa debe tener la capacidad de decidir quién entra, quién se queda y quién debe regresar» y que la votación volvía a «situar la aplicación de la ley en el centro». El eurodiputado neerlandés Malik Amazani (Renew), responsable de la tramitación parlamentaria del texto, dijo que Europa necesitaba medidas de retorno eficaces y realistas, y que «después de casi veinte años de bloqueo» iba a contar con ellas.
El decisivo Consejo Europeo de otoño
El Reglamento de Retornos sustituye a la directiva de 2008 para imponer un sistema único y directamente aplicable en los 27 Estados miembros. El texto espera su adopción formal por el Consejo de la UE para su posterior publicación en el Diario Oficial de la UE.
El Gobierno español no lo ve con buenos ojos. El pasado 11 de junio, formalizó ante la UE su rechazo en un documento en el que cuestionó la legalidad y proporcionalidad de algunas de las medidas que contempla, entre las que mencionó las que podrían llevar a personas en situación administrativa irregular a permanecer privadas de libertad durante más tiempo que delincuentes condenados por delitos graves.
Mientras, desde el 12 de junio está operativo el Pacto sobre Migración y Asilo, que a diferencia del Reglamento de Retornos, es de obligado cumplimiento en toda la UE. Y se acerca la celebración del Consejo Europeo de otoño. Allí se espera que se discuta la creación en terceros países de los primeros centros piloto de repatriación de migrantes.
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