El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha puesto sobre la mesa fondos extras para intentar atraer comunidades autónomas al nuevo de modelo de financiación pactado con Esquerra Republicana, pero se ha visto obligado a suspender el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles y evita así por ahora la foto de un rechazo general.
El ministro espera ahora aprobar el nuevo modelo en septiembre bajo presión de Esquerra
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El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha puesto sobre la mesa fondos extras para intentar atraer comunidades autónomas al nuevo de modelo de financiación pactado con Esquerra Republicana, pero se ha visto obligado a suspender el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles y evita así por ahora la foto de un rechazo general.
El ministro ha ofrecido a las comunidades un llamado Fondo de Dinamismo Económico de nueva creación destinado a aumentar recursos para los peor parados del nuevo sistema de financiación que beneficia sobre todo a Cataluña, según la mayoría de comunidades. Su único logro adicional al respaldo de la Generalitat de Cataluña ha sido el del Gobierno de Canarias, pero tras duplicar el dinero previsto para el archipiélago.
Arcadi España se desplazó el pasado lunes a Canarias y aceptó que los recursos adicionales para el archipiélago no sean solo los 611 millones anunciados el pasado enero por su antecesora, María Jesús Montero, sino el doble. «Los avances alcanzados permitirán que Canarias disponga de más de 1.337 millones de euros adicionales entre los recursos derivados del nuevo sistema de financiación autonómica y los mecanismos complementarios previstos», asegura el Gobierno canario en un comunicado. «Canarias percibirá con el nuevo modelo 611 millones de euros del sistema de financiación, mientras que, el Fondo de Dinamismo Económico aportará 726 millones de euros adicionales y contará con tres garantías fundamentales reclamadas por Canarias durante la negociación: sus recursos serán de libre disposición para la Comunidad Autónoma, tendrá carácter indefinido y su liquidación se realizará mensualmente y de forma simultánea a la del sistema de financiación autonómica».
Además, «el Régimen Económico y Fiscal permanecerá fuera del sistema ordinario de financiación autonómica y queda resuelta la compensación vinculada al antiguo IGTE, evitando que estos recursos vinculados a la singularidad canaria se integren en la financiación ordinaria de la Comunidad Autónoma», remacha el Ejecutivo de Clavijo.
Con esta cesión, Arcadi España rompió en cierta manera el bloque del PP, puesto que la consejera de Hacienda del gobierno canario, Matilde Asian, milita en el principal partido de la oposición y no en Coalición Canaria, como Clavijo. Y, sobre todo, el movimiento permite que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, no sea el único barón autonómico que apoya el modelo pactado el pasado enero por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras.
Aún así, las otras trece comunidades de régimen común, tanto las gobernadas por el PP como las socialistas Castilla-La Mancha y Asturias han continuado en contra del modelo, así que el ministro de Hacienda se veía abocado a una reunión con posible boicot del PP y una imagen de imposición a las comunidades en un momento en que el Gobierno está ofreciendo en teoría pactos de Estado por los incendios.
Otro intento del ministro ha sido el de atraer a su región de origen, la ComunidadValenciana. Pero el conseller de Hacienda, José Antonio Rovira rechaza la posibilidad de un pacto como el alcanzado por Canarias. «Nosotros hemos defendido siempre que la negociación tiene que ser de todas las comunidades en conjunto. Lo otro son triles: voy a ver si le doy a este uno, le doy a este lo otro… No es serio», declaró ayer, según Europa Press.
Tampoco han aceptado mejoras con el Fondo de Dinamizacón los consejeros de Asturias, Guillermo Peláez, y de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina. Este último asegura además a este diario, que el nuevo instrumento que ofrece Hacienda para captar su voto «supone utilizar el Fondo de Compensación Interterritorial para fines diferentes para lo que está previsto en la Constitución», por lo que, además de insuficiente, tiene dudas sobre su legalidad.
Fuentes de Hacienda enmarcan el aplazamiento del CPFF al 4 de septiembre en un gesto «de buena voluntad» del ministro que espera que sirva para que «las comunidades del PP antepongan los intereses de la ciudadanía a los dictados de Génova». obviando que también dos comunidades socialistas se oponen.
Por su parte, Esquerra Republicana exigió ayer que la suspensión sea solo temporal y que el nuevo modelo de financiación quede aprobado antes de finalizar el año. Para ello el Gobierno necesita superar el trámite del CPFF y, sobre todo, el respaldo parlamentario, que se muestra imposible sin Junts.
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