La acusación popular reclama una condena de 13 años de prisión para Begoña Gómez, multa e inhabilitación. Así consta en el nuevo escrito de acusación presentado este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado, en el que atribuyen a la esposa del presidente del Gobierno un delito de tráfico de influencias (dos años) y dos de malversación (11 años).
El escrito presentado por Hazte Oír atribuye a la esposa del presidente del Gobierno un delito de tráfico de influencias y dos de malversación
Audio generado con IA
La acusación popular reclama una condena de 13 años de prisión para Begoña Gómez, multa e inhabilitación. Así consta en el nuevo escrito de acusación presentado este lunes ante el juez Juan Carlos Peinado, en el que atribuyen a la esposa del presidente del Gobierno un delito de tráfico de influencias (dos años) y dos de malversación (11 años).
La solicitud supone una rebaja sustancial respecto a los 24 años que se reclamaban en el primer escrito enviado al Juzgado 41 de Madrid. La modificación responde al auto de la Audiencia Provincial que ratificó el juicio con jurado para Begoña Gómez, pero limitando a dos los cuatro delitos que se le imputaban.
Del nuevo escrito de acusación desaparecen la corrupción en los negocios y la apropiación indebida, como estableció el tribunal que revisa las decisiones de Peinado. Por el primero se pedían cuatro años y por el segundo, seis. Además, ahora se acusa solo por un delito de tráfico de influencias y no por tres (se pedían dos años por cada uno, ahora solo dos años).
La Audiencia de Madrid no vio apropiación indebida del software de la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense, pero sí consideró que los hechos podrían suponer una malversación. Ello ha llevado a que el escrito de Hazte Oír -que coordina a las acusaciones populares- pida condena por dos delitos de malversación: uno continuado por emplear a su asesora en La Moncloa para sus tareas profesionales privadas (petición de tres años) y otro agravado por el uso privado que hizo del software de la Complutense (ocho años).
Para la asesora en La Moncloa Cristina Álvarez se solicitan seis años de prisión como cooperadora necesaria en la malversación de Begoña Gómez que habría supuesto el uso del software propiedad del centro público. La rebaja, en su caso, es muy sustancial: el primer escrito de acusación pedía 22 años de cárcel para ella.
Ya no se acusa al empresario Juan Carlos Barrabés, para el que Gómez escribió cartas de recomendación. La investigación contra él por las adjudicaciones públicas que recibió sigue adelante en un procedimiento diferente.
Ahora el juez Peinado dará traslado a las defensas para que preparen sus escritos, en los que de nuevo reclamaran la absolución. Cuando lleguen, el magistrado tendrá vía libre para dictar un nuevo auto de apertura de juicio oral contra la esposa de Pedro Sánchez a petición de la acusación popular, que incluye, además de a Hazte Oír, a Vox, Iustitia Europa y Manos Limpias. La Fiscalía se ha alineado desde el inicio con las defensas y pide el archivo de la causa o la absolución.
Como en el primer escrito de acusación, se solicita que en el juicio con jurado declare como testigo el presidente del Gobierno, para que explique el uso de La Moncloa en la consecución por parte de Gómez de una cátedra extraordinaria en la Complutense.
El número de testigos propuestos alcanza el centenar. Que finalmente sean convocados ante el jurado dependerá de lo que decida el magistrado que presidirá la vista oral, que aún no ha sido designado.
Uno de los testigos presentados es el rector de la UCM, Joaquín Goyache, que se reunió con la acusada en el palacio presidencial. La creación de la cátedra es el núcleo del delito de tráfico de influencias. La acusación popular indica que, «materialmente, no fue una estructura académica, sino un instrumento de captación de financiación y de medios humanos y técnicos de las más punteras empresas tecnológicas del país, puestos al servicio del desarrollo del proyecto personal de la acusada».
Añade que el acceso directo al rector, su citación en La Moncloa, la reunión allí celebrada y la exposición del proyecto «fueron promovidos y aprovechados por Begoña Gómez», siendo «consciente de la influencia que se ejercía sobre el rector y, en cadena, sobre quienes se encontraban orgánica, institucional o académicamente por debajo de él», de la misma forma que fue consciente «de la presión moral derivada del escenario en que tuvo lugar la reunión y de su relación matrimonial con el Presidente del Gobierno». Todo ello afectó a la voluntad de los funcionarios y autoridades académicas que intervinieron en la creación de la cátedra», se afirma.
El juez Juan Carlos Peinado ha aceptado la petición de la Fiscalía Europea de considerarla competente para investigar la adjudicación de Red.es al empresario Juan Carlos Barrabés que aún estaba en manos del juez instructor. Las otras dos ya habían ido a parar a la Fiscalía Europea en 2024, al estimarse que había indicios de delito y que en las licitaciones se habían empleado fondos comunitarios. Estas dos eran las que contaban con cartas de recomendación de la esposa del presidente del Gobierno en favor de las empresas del empresario que la había ayudado a montar el máster en la Complutense. Sobre la tercera, la UCo emitió hace unos meses un informe que también detectaba delitos y la Fiscalía Europea los reclamó. Barrabés se opuso y el juez de garantías que revisa las decisiones de la Fiscalía europea dio la razón al empresario. Peinado retuvo esa parte de la investigación… pero solo hasta que la Audiencia de Madrid la desgajó hace unos días del caso Begoña. Ante esta nueva circunstancia, la Fiscalía Europea ha vuelto a proclamarse competente y el juez lo ha asumido. Así pues, será el Ministerio Público el que se encargue de las tres adjudicaciones de Red.es bajo sospecha.
Noticias de España
