Antonio Puña, juez de la Audiencia Nacional, ha admitido la querella de dos antiguas trabajadoras del cantante Julio Iglesias que lo acusan de haber cometido delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Su resolución también ha rechazado investigar supuestos delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que aparecían en la misma querella.
El juez Antonio Puña reclama la jurisdicción española, acepta los indicios presentados por las querellantes y rechaza la acusación de trata de seres humanos.
Antonio Puña, juez de la Audiencia Nacional, ha admitido la querella de dos antiguas trabajadoras del cantante Julio Iglesias que lo acusan de haber cometido delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Su resolución también ha rechazado investigar supuestos delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores que aparecían en la misma querella.
El titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia ha citado a declarar a las querellantes, de forma presencial, el día 3 de febrero del próximo año En la resolución de Piña hay datos relevantes. Primero: el magistrado sostiene que España es competente para juzgar hechos ocurridos en la República Dominicana en virtud de la nacionalidad española del cantante ya que, de acuerdo con el artículo 23 de la LOPJ, «se atribuye jurisdicción a los tribunales españoles para conocer de los delitos cometidos fuera de territorio nacional por ciudadanos españoles siempre que concurran los presupuesto que se cumplen en este caso».
Piña ha validado también los indicios presentados por las querellantes: su testimonio, «que constituye un principio de prueba de los hechos que justifica el inicio de la investigación penal»; y una fotografía «acreditativa de un moratón en uno de los brazos, compatible con la posibilidad de ser agarrada con fuerza«. La misma imagen muestra, «sobre uno de los muslos, dos marcas que pueden corresponderse con la mordedura de una persona».
Según un comunicado de la Audiencia Nacional, «el juez explica que las conductas que se describen podrían ser constitutivas de un delito contra la libertad sexual, si bien en este momento inicial no se puede realizar una calificación en relación con la posible prescripción de alguna de esas conductas y, en especial, aquellas que la legislación vigente se calificaba como abuso sexual y que conllevaban una pena inferior a cinco años». Respecto a los delitos de maltrato y lesiones, el juez también indica que habrá que determinar la fecha de su comisión para pronunciarse en su caso sobre una posible prescripción.
Por último, el juez rechaza los delitos de trata de seres humanos y contra los derechos de los trabajadores tras analizar la contratación de las dos mujeres y considerar que no ha mediado engaño ni artificio alguno. Piña tampoco observa la existencia de una situación de vulnerabilidad como la descrita por las querellantes. Respecto al delito contra los derechos de los trabajadores, recuerda que no puede ser objeto de investigación ya que la legislación de Bahamas y República Dominicana, donde supuestamente se cometió el delito, carece de un tipo penal asimilable.
Noticias de Cultura
