La Fiscalía demanda a Transición Ecológica por no reparar el daño causado por el robo de agua en Doñana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha decidido demandar a la secretaria de Estado de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, por no exigir a 250 agricultores del entorno del espacio protegido de Doñana que reparen el daño medioambiental causado por las extracciones irregulares de agua del acuífero del que bebe el emblemático parque. La Fiscalía abre este proceso contencioso para que este departamento ejerza “su competencia en materia de responsabilidad medioambiental, y acuerde medidas efectivas de prevención, evitación de nuevos daños y reparación” contra esos agricultores, según ha informado este viernes el ministerio público.

Una investigación a principios de esta década del servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, identificó a 250 agricultores protagonistas de extracciones ilegales de agua del acuífero en 2022 y 2023. La gran mayoría estaban en la provincia de Huelva (198), pero también en Sevilla (51) y Cádiz (1). Esa investigación surgió tras la condena por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que recibió en 2021 España por no proteger adecuadamente Doñana.

Tras aquella sentencia, la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrió unas diligencias preprocesales ―una investigación previa a la presentación de una demanda o denuncia― sobre la responsabilidad medioambiental en mayo de 2023, que concluyó hace un año instando a Transición Ecológica a que exigiera esas responsabilidades económicas a los agricultores.

Sin embargo, en octubre pasado la Secretaría de Estado de Medio Ambiente rechazó esas pretensiones a través de una resolución. El ministerio entendía que no era “el órgano competente para ello por no tratarse daños exclusivos del Dominio Público Hidráulico, sino que involucran a ecosistemas interconectados y al medio ambiente en general y, en especial, a todo el espacio de Doñana cuya protección y gestión corresponde a la Junta de Andalucía”. Es precisamente esta resolución la que ha impugnado ahora Manuel Campoy, fiscal de la Audiencia Nacional, ante la Sala de lo Contencioso de este órgano judicial.

Lo que pide básicamente Campoy en su demanda es que los magistrados obliguen al ministerio “a tramitar el procedimiento de exigencia de responsabilidad medioambiental” y que establezca un “plazo judicial para que se cumpla” para que se determine “si existe o no responsabilidad medioambiental de los operadores identificados, y la adopción, en su caso, de las medidas pertinentes que deban acordarse, de prevención, evitación de nuevos daños y reparación”. En su escrito, la Fiscalía también propone que este proceso sea comunicado a la Junta de Andalucía, la Administración señalada por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en su escrito de octubre como la que tiene las competencias.