La Fiscalía Europea (EPPO) ha informado este jueves de que está investigando al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas en Madrid, en el marco de unas pesquisas sobre un presunto fraude de fondos europeos relativo a las pulseras antimaltrato que inició el año pasado. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han acudido a las dependencias del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas para realizar una solicitud de información.
Agentes de la UCO de la Guardia Civil acuden al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para pedir información
Agentes de la UCO de la Guardia Civil acuden al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para pedir información
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La Fiscalía Europea (EPPO) ha informado este jueves de que está investigando al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas en Madrid, en el marco de unas pesquisas sobre un presunto fraude de fondos europeos relativo a las pulseras antimaltrato que inició el año pasado. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han acudido a las dependencias del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas para realizar una solicitud de información.
Estas pulseras son dispositivos de vigilancia electrónica, utilizadas para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento impuestas en casos de violencia machista.
Las acciones de la Fiscalía Europea en Madrid responden a una “investigación por un presunto delito de fraude que afecta a fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para asegurar tanto el cumplimiento de medidas cautelares como las condenas dictadas en delitos de violencia de género”, señala la Fiscalía Europea en un comunicado, en el que indica que no dará más detalles sobre el objeto o el estado de la investigación.
El anuncio de la investigación por parte de la Fiscalía Europea ha tenido lugar mientras el Ministerio de Igualdad presentaba la campaña para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el próximo 25 de noviembre. “Toda la información que se requiera se va a ofrecer y, por supuesto, a nosotras principalmente nos interesa que haya una fiscalización de todos y cada uno de los fondos que se hayan invertido correctamente, porque me consta que se han invertido correctamente”, ha señalado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, preguntada por este asunto.
Redondo ha asegurado que el debate sobre las pulseras antimaltrato “ha estado trufado de bulos y de mentiras”. “Pero lo cierto es que tenemos un contrato en este momento que mejora absolutamente todos los aspectos que podrían tener algunas disfuncionalidades del contrato anterior”, afirma la ministra.
Esta investigación comenzó en 2025. El pasado septiembre, el Tribunal de Cuentas anunció que había detectado “graves deficiencias” en la contratación y en el seguimiento del sistema telemático de medidas de alejamiento diseñado para la protección de las víctimas de violencia de género y sexual.
El caso de las pulseras antimaltrato está también en el radar de Bruselas desde hace tiempo. En noviembre de 2025, la Comisión Europea advirtió de que examinaría los fallos detectados en esos dispositivos en vista de que su correcto funcionamiento está vinculado al cumplimiento de uno de los objetivos del plan de recuperación español y, por tanto, al desembolso de parte de los fondos europeos, recuerda Europa Press. Concretamente, las pulseras antimaltrato han recibido una financiación de 6,4 millones de euros con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el marco del hito 472 del proyecto “Mejora integral del servicio de dispositivos de control”, según confirmó el Gobierno en febrero, en respuesta a una pregunta parlamentaria de varios diputados del PP.
El comisario de Economía, Valdis Dombrovskis, explicó hace ahora un año que, dado que la adquisición de esos dispositivos está incluida en el plan de recuperación español, su cumplimiento sería evaluado por Bruselas cuando España presentase su última solicitud de pago, algo que hizo el pasado septiembre.
La Fiscalía Europea, un organismo independiente de la UE con sede en Luxemburgo, tiene como competencias “investigar, ejercer la acción penal y llevar a juicio los delitos que atenten contra los intereses financieros de la UE”, especialmente los potenciales fraudes con fondos europeos.
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