La Xunta exige renegociar con el Gobierno las condiciones del traspaso de la AP-9

La ley que debía encarrilar por fin el traspaso de la AP-9 a Galicia ha dejado abierta la cuestión más delicada: quién pagará la factura. La norma ya está publicada en el BOE, pero la Xunta sostiene que el texto aprobado definitivamente por el Congreso eliminó las garantías económicas que figuraban en el acuerdo unánime del Parlamento gallego y que el PP había tratado de recuperar después en el Senado. Sin ese blindaje, el Gobierno autonómico teme que Galicia acabe asumiendo costes cercanos a los 4.000 millones de euros.

 Rueda pedirá una comisión bilateral antes de iniciar la transferencia para intentar recuperar las garantías económicas «eliminadas» por el Congreso  

La ley que debía encarrilar por fin el traspaso de la AP-9 a Galicia ya está publicada en el BOE, pero sigue dejando al descubierto la cuestión más delicada: quién pagará la factura. La norma salió adelante definitivamente en el Congreso con los votos de PSOE, Sumar y BNG después de casi dos décadas de bloqueo institucional y sucesivos intentos frustrados. Sin embargo, la Xunta sostiene que su contenido se aleja sustancialmente del texto aprobado por unanimidad en el Parlamento gallego y rebaja las garantías económicas con las que debía llegar la transferencia. Sin ese blindaje, el Gobierno autonómico teme que Galicia termine asumiendo costes cercanos a los 4.000 millones de euros.

Las siete enmiendas introducidas por el PP en el Senado para recuperar esas garantías fueron rechazadas cuando la ley regresó al Congreso. Con el traspaso ya en su fase decisiva, Alfonso Rueda ha anunciado este lunes que la Xunta solicitará al Ejecutivo central la convocatoria de una comisión bilateral para «aclarar y resolver» las diferencias antes de negociar la entrega efectiva de la autopista. El presidente gallego quiere revisar primero las condiciones fijadas en la ley y sólo después sentarse en la Comisión Mixta de Transferencias, la mesa en la que ambas administraciones deberán concretar el cambio de titularidad y los recursos que acompañarán al traspaso.

El orden no es menor. Si el Gobierno gallego acudiera directamente a la Comisión Mixta, tendría que negociar dentro de los límites fijados por la nueva ley. La bilateral, en cambio, le permitiría revisar previamente ese marco y tratar de recuperar el blindaje económico que, según San Caetano, se perdió durante la tramitación en Madrid. «No nos queremos negar a ninguna transferencia, porque no tendría sentido, pero tampoco puede hacerse a cualquier precio. Las condiciones fijadas ahora mismo en el BOE son del todo inaceptables«, ha resumido Rueda.

El origen del choque está en los cambios introducidos durante la tramitación parlamentaria. El Senado, gracias a la mayoría absoluta del PP, incorporó siete enmiendas para recuperar buena parte del texto aprobado por unanimidad en Galicia y dejar expresamente en manos del Estado los costes derivados de las decisiones tomadas mientras gestionó la autopista. Sin embargo, PSOE, Sumar y BNG rechazaron esas modificaciones cuando la ley regresó al Congreso.

Aquellas garantías afectaban, entre otras cuestiones, a las inversiones comprometidas y futuras, la ampliación de las bonificaciones a los usuarios, el recargo extraordinario autorizado a Audasa y las consecuencias económicas que podría provocar una eventual anulación judicial de la prórroga de la concesión.

«El texto finalmente aprobado presenta modificaciones muy sustanciales respecto a lo que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Galicia», ha denunciado Rueda. A su juicio, esos cambios «rebajan y diluyen los compromisos económicos que debe asumir el Gobierno central» y hacen que la transferencia resulte, en las condiciones actuales, «inaceptable y perjudicial para los intereses de Galicia«.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha insistido en que los contribuyentes gallegos no deben hacerse cargo de decisiones adoptadas desde Madrid durante décadas de gestión estatal. «Los ciudadanos no tienen por qué pagar decisiones que no se tomaron en Galicia, con independencia de los gobiernos que las adoptaran, porque hubo gobiernos de todo tipo», ha sostenido.

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