El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha decretado la anulación total de varias cláusulas de la licitación lanzada por Renfe para crear una empresa de autobuses, destinada a prestar los servicios alternativos cuando la circulación de trenes no es posible.
Desde Renfe han subrayado que la reciente resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales «no supone el abandono de la iniciativa para crear una sociedad participada de autobuses»
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El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha decretado la anulación total de varias cláusulas de la licitación lanzada por Renfe para crear una empresa de autobuses, destinada a prestar los servicios alternativos cuando la circulación de trenes no es posible.
La Asociación Nacional de Empresarios de Transportes en Autocares (Anetra) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer), que habían recurrido esas cláusulas junto con otras organizaciones como Direbús, han recibido este viernes la notificación del TACRC, según han informado en un comunicado.
La resolución no solo estima los recursos presentados, sino que también ordena la retroacción del procedimiento del llamado ‘Acuerdo Marco de Servicio de transporte alternativo por carretera’, la licitación a través de la cual Renfe buscaba un socio para colaborar en la prestación del servicio de esa nueva empresa de autobuses.
Las patronales denunciaron que el diseño del concurso expulsaba directamente al 99% de las empresas del sector –compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas (pymes) y autónomos– para favorecer «de forma exclusiva a un puñado de grandes corporaciones».
«El dictamen del TACRC ratifica punto por punto las ilegalidades y abusos competitivos expuestos por Anetra y Fenadismer en sus recursos y que han supuesto este dictamen contra la operadora pública ferroviaria», aseguran Fenadismer y Anetra.
En concreto, las patronales aseguran que la resolución apunta a la «falta de justificación» de la necesidad de crear una sociedad, la ausencia «injustificada» de la división en lotes, los requisitos de solvencia «desproporcionados», las trabas «injustificadas» a las agrupaciones de empresas, la «vulneración» de los plazos legales de duración, la omisión de la publicación preceptiva en el Diario Oficial de la Unión Europea o la «falta de transparencia y desglose de costes».
«Esta resolución es una victoria de la legalidad, de la libre competencia y de la supervivencia de las pymes y microempresas españolas. No podíamos consentir que un operador público estatal pretendiese regalar un mercado de casi 1.000 millones de euros a un oligopolio, marginando a quienes prestan día a día un servicio excelente y con máxima capilaridad en cada rincón de nuestra geografía», concluyen.
Desde Direbús celebran que la resolución obligue a Renfe a revisar todos esos aspectos del procedimiento, lo que consideran que abrirá la puerta a una licitación «más equilibrada y competitiva, y alineada con los principios de proporcionalidad, libre concurrencia e igualdad de acceso que inspiran la contratación pública».
«Todos merecemos participar de las licitaciones públicas en igualdad de condiciones. Direbús está dispuesta a colaborar con Renfe para desarrollar un modelo de contratación que garantice un servicio de calidad a los viajeros, promoviendo una competencia efectiva entre los operadores. Pero lo que no vamos a aceptar es que con el dinero de nuestros impuestos y los de los ciudadanos, se intente nacionalizar el servicio del transporte de viajeros por carretera alternativo a los servicios de Renfe», ha añadido el presidente de Direbús, Alfonso Taborda.
Desde Renfe han subrayado que la reciente resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales «no supone el abandono de la iniciativa para crear una sociedad participada de autobuses, sino la necesidad de adaptar el procedimiento administrativo a las observaciones realizadas por el órgano competente».
Para ello, la compañía ferroviaria afirma que «estudiará las resoluciones adoptadas y procederá a retrotraer las actuaciones al momento procesal que determine el Tribunal». El objetivo de esta revisión, según ha detallado la operadora pública, es «revisar y modificar los aspectos del pliego que resulten necesarios». Asimismo, Renfe reitera que «no renuncia a la creación de la sociedad participada», ya que la considera «una herramienta estratégica para reforzar la atención a los viajeros en situaciones de incidencia ferroviaria u obras en la red».
Desde el punto de vista económico, la operadora defiende la viabilidad de la medida como una vía para «optimizar los recursos destinados a los planes alternativos de transporte». Renfe estima que la nueva estructura operativa «permitiría reducir significativamente estas dificultades operativas y generar ahorros de entre 90 y 130 millones de euros durante los próximos diez años». Según «los análisis realizados por Renfe», esta reestructuración responde a que «el actual sistema basado en contrataciones puntuales y de urgencia resulta insuficiente para atender las necesidades actuales derivadas fundamentalmente de obras ferroviarias de gran magnitud».
Respecto a su posible impacto en el mercado del transporte por carretera, la empresa pública recalca que la futura filial «no nace para competir con el sector, sino para garantizar una capacidad de respuesta suficiente cuando el sistema ferroviario se vea interrumpido».
A este respecto, Renfe defiende su función de servicio público recordando que es «la única operadora actualmente que garantiza la movilidad de la ciudadanía cuando se da esta circunstancia». Para dimensionar el volumen de esta necesidad logística, la compañía señala que, en base a sus «estudios internos», calcula que «en los próximos años podrían llegar a ser necesarios hasta 300 autobuses para cubrir los distintos planes alternativos de transporte que se activen en toda la red».
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