Los supervisores ponen en la diana el negocio hipotecario de los grandes bancos en plena crisis de acceso a la vivienda

Entre la sorpresa, la perplejidad, la calma, la incomprensión y la espera. Así podría definirse el estado de ánimo entre los grandes bancos nacionales después de constatar que el negocio hipotecario que desarrollan, uno de los pilares de su estrategia comercial por lo que supone para captar y fidelizar clientes, está en el objetivo de los supervisores españoles coincidiendo con la mayor crisis de acceso a la vivienda que se ha dado nunca en el país.

La batalla que han librado durante los tres últimos años por conceder crédito para la compra de vivienda es el origen de buena parte de las dudas que hay sobre el tablero. La competencia entre las entidades no sólo les ha llevado a ofrecer unos precios que son los más bajos de Europa, sólo por detrás de Malta y Bulgaria, sino que esa pugna también activó las alarmas en los cuarteles generales de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Banco de España. Aunque por motivos muy diferentes y desde perspectivas totalmente distintas: una por posible concertación comercial y el otro por si esa competición les ha llevado a relajar en exceso los criterios prudenciales para la concesión de financiación.

En las entidades se analiza la situación con cautela pero también con tranquilidad. Consideran que ni una cosa ni la otra concluirá en actuaciones que puedan perjudicar al sector porque aseguran que en estos años su comportamiento se ha ajustado a la normativa, sus estrategias no han descuidado la valoración del riesgo y el problema del mercado residencial no tiene que ver con la falta de financiación bancaria, sino con la escasez de oferta de vivienda y sus elevados precios.

Así las cosas, nadie quiere pronunciarse abiertamente sobre el expediente en marcha de la CNMC. Temen, irónicamente, que sus declaraciones puedan resultar imprudentes. El regulador de la competencia sospecha que se ha podido dar colusión entre las principales entidades cotizadas del Ibex 35 y ha incoado un expediente por si las manifestaciones públicas de sus directivos hubieran incurrido en prácticas contrarias a la libre competencia. La investigación se dio a conocer el último día de Cani Fernández como presidenta de la CNMC, de modo que ahora será su probable sucesor, Juan José Ganuza, quien tendrá que llevar el proceso a término en un plazo máximo de 24 meses.

Entre los bancos afectados –BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– descartan preocupación jurídica y aseguran que en las declaraciones de los directivos sólo hay un afán por responder a las preguntas de los periodistas cuando las formulan. En las ruedas de prensa del sector es habitual preguntar por la marcha de esta rama de negocio, habida cuenta de que se trata de uno de sus principales focos y de la guerra hipotecaria que han librado durante meses.

«Los bancos damos hipotecas porque tenemos que darlas, fidelizan y evitan que el cliente se marche a otra entidad, pero en España no son rentables», explican desde una de los principales grupos financieros del país. «Se ha generado mucho ruido artificial», «no es el primer expediente que abre la CNMC y muchos se han archivado», comentan desde otras dos grandes entidades nacionales. Incluso la AEB, la principal patronal bancaria del país, a través de su presidenta, Alejandra Kindelán, ha salido al paso de las dudas y ha asegurado esta semana en Santander que las entidades «cumplen a rajatabla la normativa general, y en particular, la de competencia».

Lo del Banco de España es diferente. El supervisor lleva casi dos años advirtiendo de la posibilidad de establecer criterios para restringir la concesión de hipotecas y evitar la formación de una burbuja financiera como la de 2007, pero es ahora cuando está acelerando los trabajos para concretarlos.

Se trata de un proceso que viene instigado por Europa, donde la mayoría de los países ya han incorporado medidas similares a sus sistemas financieros. Sólo España e Italia se resisten. También otros organismos internacionales como el FMI han reclamado al regulador bancario español medidas concretas tras apreciar una «relajación» en los criterios de concesión de préstamos de los bancos.

Los bancos, por su parte, niegan ningún tipo de relajación. Por el contrario, defienden que aprendieron bien la lección en la última crisis y que durante estos años han sido muy prudentes a la hora de evaluar los criterios de riesgo de sus clientes. Alegan también que se venden muy pocas hipotecas por encima del 80% del valor de tasación de una vivienda y que los niveles de morosidad están tan contenidos que se mantienen en niveles históricamente bajos, de manera que no creen que la actuación del Banco de España vaya a concretarse en medidas reales en el corto plazo.

Para la institución que gobierna José Luis Escrivá es un ejercicio de funambulismo y como tal lo está abordando, porque el organismo teme que una medida que restrinja la concesión de hipotecas acabe elevando las dificultades que ya de por sí tienen colectivos como los jóvenes, los migrantes o las familias más vulnerables para acceder a una vivienda en propiedad. «En caso de una eventual adopción de estas medidas, es importante una calibración cuidadosa y flexible que permita maximizar los beneficios en términos de estabilidad financiera minimizando sus efectos colaterales», recoge el último Informe Anual publicado hace unos días por el Banco de España.

En la comparecencia de Escrivá en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de dicho informe, el propio gobernador abundó en esa dicotomía. «Próximamente publicaremos una monografía sobre la posibilidad de poner límites a criterios de concesión de hipotecas y lo vemos como un dilema, un binomio entre eficiencia y eficacia», dijo esta semana. También lanzó un guiño de calma al sector financiero: «No tenemos previsto activar estas medidas en este momento».