Se cierra el cerco en torno a Miguel Ángel Ramos Quesada, el único acusado por la desaparición en 2016 de Juana Ramos Medina, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. La acusación particular, formada por los hijos de Ramos —Dácil y Daniel Falcón Ramos— y su sobrino Samuel Falcón, presentó el 20 de julio su escrito de acusación particular contra Miguel Ángel Ramos Quesada, expareja de la víctima. Le acusan de un delito de homicidio y otro contra la integridad moral, y piden para él 17 años de prisión, los mismos que la Fiscalía. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala contradicciones del acusado sobre sus movimientos aquella noche, la falta de coincidencia entre su relato y la geolocalización de los teléfonos, y su nula colaboración en la búsqueda del cuerpo, que nunca ha sido hallado.
La víctima desapareció el 20 de agosto de 2016 y su cuerpo aún no ha sido encontrado. La acusación particular y el Ministerio Fiscal acusan a Miguel Ángel Ramos de un delito de homicidio y otro contra la integridad moral
Se cierra el cerco en torno a Miguel Ángel Ramos Quesada, el único acusado por la desaparición en 2016 de Juana Ramos Medina, cuyo cuerpo aún no ha sido encontrado. La acusación particular, formada por los hijos de Ramos —Dácil y Daniel Falcón Ramos— y su sobrino Samuel Falcón, presentó el 20 de julio su escrito de acusación particular contra Miguel Ángel Ramos Quesada, expareja de la víctima. Le acusan de un delito de homicidio y otro contra la integridad moral, y piden para él 17 años de prisión, los mismos que la Fiscalía. El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala contradicciones del acusado sobre sus movimientos aquella noche, la falta de coincidencia entre su relato y la geolocalización de los teléfonos, y su nula colaboración en la búsqueda del cuerpo, que nunca ha sido hallado.
“El acusado”, sostiene la acusación, “actuó así con su expareja al no aceptar la decisión exteriorizada por Juana de querer tener una vida independiente de sus criterios, ajena a sus imposiciones, molesto porque ampliaba sus relaciones sociales con nuevas amigas”.
Quedan ahora por cumplirse otros pasos en el proceso, como que se remita el escrito de la defensa, se celebren otros trámites como la audiencia preliminar o las cuestiones previas. Así, una previsión “optimista” de la acusación pasa porque se celebre el juicio oral antes del verano de 2027. “Hemos avanzado mucho”, asegura el abogado Alberto Hawach, “constituye un hito procesal haber llegado hasta aquí en un caso complejo. Y, sobre todo, se colma la aspiración de la familia de que se celebre un juicio que permita esclarecer qué fue lo que sucedió”.
Juana Ramos, de 56 años, desapareció el 20 de agosto de 2016. Era madre de dos hijos, estaba a cargo de sus padres octogenarios y ayudaba, a su vez, a su hija en el cuidado de su nieto, que padece un trastorno del espectro autista. Residía en el barrio de La Paterna, en Las Palmas de Gran Canaria, donde gestionaba un comercio en la zona. Aquel día, tenía previsto reunirse con su expareja, Miguel Ángel Ramos, propietario de una pizzería, supuestamente para tratar asuntos económicos. Ambos habían mantenido una relación de 13 años. Llevaban tres meses separados.
Miguel Ángel y Juana quedaron para verse aquel 20 de agosto. Sobre las 22.00 horas, él la recogió en su domicilio en La Paterna —un barrio periférico de Las Palmas de Gran Canaria— en un Renault Kangoo blanco. Juntos, partieron en dirección al municipio de Arucas (norte de la isla). El acusado asegura que la dejó en su casa a las 00.30 del 21 de agosto.
Nunca regresó a su casa. La acusación, liderada por el abogado Alberto Hawach, sostiene que el acusado mató a Ramos Medina de forma voluntaria en un intervalo situado entre esa noche y la madrugada del 21 de agosto. Se desconocen la hora o el lugar exactos.
A los dos días ya estaba en marcha el operativo de búsqueda. No tardaron en aflorar las contradicciones en el relato del sospechoso. El día 22, agentes de la Brigada de Homicidios recorrieron junto al acusado el trayecto que él mismo señala. Este, sin embargo, no coincide con la geolocalización de los teléfonos móviles. Estos primeros indicios desembocaron el 6 de septiembre en la detención del acusado como principal sospechoso. Quedó en libertad provisional el 6 de octubre.
En las pesquisas posteriores prosiguieron las contradicciones. El 13 de septiembre, en la reconstrucción de los hechos, el acusado dijo a las fuerzas de seguridad haber vestido camiseta negra la noche del 20 de agosto. Las cámaras de un centro comercial le registraron, sin embargo, en compañía de su hija a las 19.09 horas del día 20, con polo rojo de cuello blanco. También declaró que no se bajó del coche en todo el trayecto, versión que tampoco coincide con la ubicación de ambos móviles.
Aseguró haberla dejado sana y salva en su casa. Aquella noche, sin embargo, la alarma del domicilio de Ramos Medina, que ella activaba siempre antes de acostarse, no fue conectada. Una vecina, despierta hasta las 04.00 horas, no oyó llegar ningún vehículo. Tanto el domicilio como el negocio y el coche de la mujer aparecieron intactos. Solo faltaban la ropa y los efectos personales usados aquella noche. “Juana Ramos Medina jamás regresó a su domicilio”, concluyó hace escasamente un mes el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación.
“Para evitar ser descubierto y determinar cómo le arrebató la vida a Juana”, sostiene la acusación particular, “Miguel Ángel se deshizo del cadáver de Juana”. Esta decisión ha motivado que durante estos años se haya producido una incesante búsqueda del cadáver, sobre todo en la parte norte de la isla. Con resultados nulos: a día de hoy, sigue “sin encontrarse vestigio biológico alguno de la víctima”. Los abogados de la familia ponen de relieve “la nula colaboración del acusado en las labores de búsqueda de quien había sido su pareja sentimental durante 13 años”.
Recuerdan, incluso, un episodio ocurrido el 26 de noviembre de 2018. Las fuerzas de seguridad estaban siguiendo al acusado, quien, al percatarse del seguimiento, se dirigió a ellos de muy malas formas. “¿Qué pasa?”, les espetó Ramos Quesada. “Que la vamos a encontrar”, replicó la agente.
En ese momento, él contestó “ojalá y yo se lo agradezco… Ojalá y aparezca ahora y viva”. Minutos después, sin embargo, y ya sin vigilancia aparente, afirmó: “Vas a encontrar, una mierda vas a encontrar tú”. Lo que, expone la acusación, se interpreta como indicio de que el acusado sabe que el cuerpo no será hallado.
Las acusaciones no contemplan otra opción que el homicidio: Ramos Medina se encargaba del cuidado de sus padres octogenarios —ambos fallecieron sin conocer el paradero de su hija—, y también ayudaba a su hija Dácil en el cuidado de su hijo, que padece un trastorno del espectro autista.
Es más, la desaparecida quería iniciar una nueva vida, pero el acusado se aferraba a la deuda económica que mantenía con la víctima para ejercer el control. La mujer arrastraba dos deudas con Hacienda —de unos 15.000 y 9.000 euros— generadas por negocios que el propio acusado había emprendido, pero que había puesto a nombre de ella.
La acusación sostiene que él le pagaba mensualmente 550 euros en efectivo para hacer frente a esa deuda, y que esos pagos eran, precisamente, la condición necesaria para que ella mantuviera el contacto con él. La nuera, la hija y la hermana de Ramos Medina se ofrecieron a saldar la deuda en su lugar, ofrecimiento que ella rechazó siempre, insistiendo en que fuera el propio acusado quien pagara.
El escrito resume la situación. “El acusado actuó así con su expareja al no aceptar la decisión exteriorizada por Juana de querer tener una vida independiente de sus criterios, ajena a sus imposiciones, molesto porque ampliaba sus relaciones sociales con nuevas amigas, habiendo ejercido sobre ella una conducta vigilante con una necesidad de control de sus contactos, visitas, temeroso de una ruptura definitiva”. En 2018, Juana Ramos fue incluida en la lista de asesinadas por violencia machista, por la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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