La economía española sigue demostrando una notable capacidad de resistencia. Pese a las incertidumbres existentes, todo apunta a que España crecerá en 2026 alrededor del 2,5%, por encima de las principales economías de la zona euro, alcanzando nuevos máximos en el empleo. Sin embargo, estas previsiones no deben ocultar desafíos pendientes, ya que el avance de la renta por habitante y de la productividad continúa siendo insuficiente para asegurar la convergencia con los países europeos más avanzados. Esta tensión entre buenos resultados coyunturales y retos estructurales constituye el punto de partida de las recientes recomendaciones de la Comisión Europea. Aunque suelen recibir menos atención que las previsiones de crecimiento o déficit, ofrecen un diagnóstico especialmente útil.
España crece más que Europa, pero productividad, innovación e instituciones frenan la convergencia económica.
La economía española sigue demostrando una notable capacidad de resistencia. Pese a las incertidumbres existentes, todo apunta a que España crecerá en 2026 alrededor del 2,5%, por encima de las principales economías de la zona euro, alcanzando nuevos máximos en el empleo. Sin embargo, estas previsiones no deben ocultar desafíos pendientes, ya que el avance de la renta por habitante y de la productividad continúa siendo insuficiente para asegurar la convergencia con los países europeos más avanzados. Esta tensión entre buenos resultados coyunturales y retos estructurales constituye el punto de partida de las recientes recomendaciones de la Comisión Europea. Aunque suelen recibir menos atención que las previsiones de crecimiento o déficit, ofrecen un diagnóstico especialmente útil.
La primera prioridad es la sostenibilidad de las finanzas públicas. La Comisión prevé que la deuda, aunque siga reduciéndose, todavía se sitúe cerca del 99% del PIB en 2027. Al mismo tiempo, España tendrá que afrontar el envejecimiento de la población, el aumento previsto del gasto en pensiones, sanidad y dependencia, y nuevas necesidades en defensa, digitalización, energía y adaptación climática. En estas circunstancias, no basta con cumplir formalmente una regla fiscal. Es necesario mejorar la composición del presupuesto y asegurar que cada euro público produzca el mayor bienestar posible.
La Comisión recomienda limitar los beneficios fiscales menos eficaces, evaluarlos y aplicar las revisiones de gasto en todas las administraciones. También advierte contra las ayudas generales con un elevado coste presupuestario. La prioridad debe ser proteger de manera temporal y selectiva a las familias vulnerables y a las empresas viables especialmente expuestas. Más gasto no garantiza mejores resultados, del mismo modo que una reducción indiscriminada tampoco asegura una mayor eficiencia.
La estructura tributaria merece igualmente atención. El peso de los impuestos sobre el trabajo en la recaudación ha ido en aumento, mientras la media europea apenas ha variado. La falta de actualización del IRPF y las mayores cotizaciones sociales han reforzado esta tendencia. En cambio, los ingresos procedentes de la fiscalidad ambiental y del consumo permanecen por debajo de la media europea. Una reforma bien diseñada (por ejemplo, siguiendo las directrices del Plan de Acción para la Electrificación de la UE) debería simplificar el sistema, reducir políticas con escasa capacidad redistributiva y evitar que el aumento de los ingresos recaiga desproporcionadamente sobre el empleo.
El segundo gran eje es la productividad. La Comisión señala la carga administrativa y la fragmentación normativa entre comunidades autónomas como obstáculos para invertir, competir y ganar tamaño. Cada obligación puede parecer menor por separado, pero su acumulación eleva los costes fijos, desalienta la entrada de competidores y reduce las posibilidades de expansión. El denominado Régimen 20 eliminaría estas barreras y la fragmentación existente.
Esta cuestión es importante porque la productividad guarda una estrecha relación con el tamaño de las empresas. Las empresas medianas y grandes españolas alcanzan niveles de eficiencia comparables a los de sus homólogas europeas. El problema es la elevada proporción de microempresas y en los obstáculos que dificultan el crecimiento de las más productivas. La política económica debería facilitar que las empresas innovadoras crezcan, accedan a nuevos mercados y aprovechen economías de escala.
La mejora de la justicia forma parte de la misma agenda. España ha avanzado en digitalización, pero mantiene escasez de jueces, retrasos y diferencias territoriales en los sistemas de gestión e interoperabilidad. Estas deficiencias condicionan el cumplimiento de los contratos, el coste de resolver disputas y, por tanto, las decisiones de inversión. Reforzar las plantillas y lograr una digitalización homogénea no es una cuestión meramente administrativa. Constituye una reforma institucional con efectos potencialmente elevados sobre el entorno empresarial y la productividad.
La innovación es el tercer componente. La inversión privada española en I+D sigue siendo reducida, está concentrada territorialmente y depende demasiado de programas públicos complejos. La Comisión propone incrementar el esfuerzo inversor, simplificar las ayudas y evaluar regularmente sus resultados. Aumentar el presupuesto puede ser necesario, pero no es suficiente. Si los instrumentos son fragmentados, lentos o difíciles de utilizar, una parte de los recursos no llegará a los proyectos con mayor rentabilidad.
También persiste una débil conexión entre universidades, centros de investigación y empresas. España produce conocimiento científico de calidad, pero encuentra más dificultades para convertirlo en patentes, nuevos productos y compañías capaces de crecer. Corregir esta brecha exige reforzar la innovación, valorar mejor la transferencia de conocimiento en las carreras académicas y orientar parte de la financiación hacia resultados.
El acceso a la financiación completa este diagnóstico. Las empresas españolas continúan dependiendo principalmente del crédito bancario, mientras los mercados de capital riesgo y financiación propia tienen menor profundidad. El crédito resulta adecuado para compañías consolidadas y proyectos con garantías, pero es menos apropiado para empresas jóvenes e innovadoras, cuyos activos fundamentales son el conocimiento y las expectativas de crecimiento. Aunque hoy en día resulte más fácil conseguir financiación internacional para buenos proyectos, las cargas administrativas y la fragmentación regulatoria de nuevo dificultan su aprovechamiento.
La Comisión dedica otra recomendación al capital humano. Aunque la formación profesional ha progresado y el abandono educativo se ha reducido, persisten carencias de técnicos, perfiles intermedios y especialistas en tecnologías digitales, ingeniería, construcción y sanidad. La participación en programas STEM continúa siendo baja y desigual, y la formación de adultos todavía no ofrece suficientes oportunidades de actualización. La transformación digital y la inteligencia artificial elevan el rendimiento de las competencias avanzadas, pero también aumentan el coste económico de no disponer de ellas. La tecnología sólo aumenta la productividad cuando se combina con trabajadores y organizaciones capaces de adoptarla, reorganizar procesos y difundirla desde las empresas de frontera hacia el resto del tejido productivo.
Las recomendaciones sobre vivienda, energía, agua, adaptación climática, pobreza infantil y sanidad parecen más heterogéneas, pero responden a problemas semejantes. En vivienda, la Comisión prioriza aumentar la oferta, agilizar permisos, movilizar suelo y ampliar el parque social de alquiler. En energía, reclama más redes, almacenamiento e interconexiones. En sanidad y dependencia, propone reforzar la atención primaria, reducir las listas de espera y mejorar la coordinación territorial. En todos estos ámbitos, la escasez de oferta, la fragmentación administrativa y la falta de evaluación reducen la eficacia de los recursos disponibles.
En síntesis, la Comisión no propone una única gran reforma que pueda resolver por sí sola los problemas de la economía española. Plantea una agenda coherente para mejorar las instituciones, la competencia y la asignación de recursos, simplificar la regulación, reforzar la justicia, facilitar el crecimiento empresarial y la inversión, impulsar la innovación, ampliar la financiación, mejorar el capital humano o elevar la calidad del gasto.
España ha demostrado que puede crecer, crear empleo y superar perturbaciones intensas. El reto es transformar esa resiliencia en convergencia sostenida de productividad, renta por habitante y bienestar. Para conseguirlo, la prioridad debe ser ejecutar mejor las reformas necesarias, evaluar sus efectos y corregirlas cuando no produzcan los resultados esperados. En última instancia, nuestra prosperidad depende menos del impulso coyuntural de la demanda y más de la calidad de las instituciones y de nuestra capacidad para invertir y utilizar mejor el capital, el talento y los recursos públicos.
*Rafael Doménech es catedrático de la Universidad de Valencia y responsable de análisis económico de BBVA Research.
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