Rodríguez reclama que la banca «debe contribuir a las soluciones» en la crisis de vivienda: «No estamos en niveles de crédito fácil»

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha reclamado a las entidades financieras que se conviertan en parte activa de la solución al problema habitacional para «saldar la herida de la anterior crisis económica». Durante su intervención en los cursos de verano de la UIMP que organiza la APIE y patrocina BBVA, Rodríguez ha defendido la colaboración público-privada para facilitar el acceso a la vivienda, aunque ha descartado que el sistema esté regresando a los excesos del pasado: «La concesión de crédito fácil fue un problema, pero hoy los datos de hipotecas atestiguan que no estamos en esos niveles».

Rodríguez ha vinculado esta exigencia de compromiso bancario a la necesidad de compensar a la sociedad tras el rescate financiero de 2008. Según la ministra, en aquel momento «se salvó a la banca y nos quedamos con las casas de la gente», una situación que el Ejecutivo busca revertir mediante la movilización de activos de la Sareb hacia la nueva empresa pública Casa 47. En este sentido, ha subrayado que «la banca en nuestro país debe contribuir a las soluciones, diría más, se lo debe a los españoles y a las españolas».

Frente a las advertencias sobre posibles limitaciones a la concesión de hipotecas, la titular de Vivienda ha defendido que el escenario actual es de «prudencia financiera» y dista mucho de la burbuja de hace dos décadas. Al ser preguntada por el riesgo de sobreendeudamiento, Rodríguez ha reconocido que «sin duda la concesión de crédito fácil fue uno de los problemas del mundo inmobiliario», pero ha matizado que los indicadores actuales no muestran ese comportamiento. Por ello, el Ministerio apuesta por «utilizar instrumentos públicos para contribuir de esta manera a la concesión de los créditos» sin descuidar los mecanismos de control aprendidos en el pasado.

«Tanto la banca como las administraciones públicas tenemos que ser capaces de ser útiles a la ciudadanía y que hoy hay gente que tiene un trabajo fijo, que tiene claro que quiere vivir en su ciudad o pueblo y que lo que le falta es un impulso bien de entrada o bien de crédito y que las administraciones públicas en colaboración con la banca deberían facilitar», ha mencionado.

Hay «tranquilidad» en Moncloa sobre el Plan Estatal de Vivienda. Después de que varias de las comunidades gobernadas por el PP hayan decidido recurrir la norma -la más reciente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Comunidad de Madrid y que el Supremo ha admitido-, la ministra ha defendido que la solidez del actual Plan Estatal de Vivienda radica en que, a diferencia de sus antecesores, ella cuenta con el respaldo de la Ley de Vivienda, una «normativa superior» que permite al Estado dejar de ser una mera «caja pagadora» sin control sobre el destino final de los fondos.

La ministra ha manifestado su «satisfacción de haber logrado un acuerdo por unanimidad» previamente, y ha calificado la decisión de impugnarlo como un «paradigma de los tiempos en los que vivimos» donde, incluso tras acordar, se busca el enfrentamiento. Además, ha reiterado que, aunque respeta el estado de derecho y las competencias autonómicas, la ley nacional es la base que garantiza la acción del Gobierno. «La ley es la ley», ha sentenciado, ya que la normativa «permite hacer eso porque respeta el espacio competencial de la comunidad autónoma», pero al mismo tiempo dota al Estado de los instrumentos necesarios para intervenir donde existe una mayoría social que sufre el problema de la vivienda.

En la misma línea de confrontaciones con el PP, la ministra ha criticado el uso que la derecha española hace de la inquiokupación para generar «miedo y desafección» del sistema. «Creo que los que no quieren resolver el problema se parapetan en la inquiokupación para generar miedo y desafección«, ha precisado.

Rodríguez ha explicado que es un problema que puede estar ocurriendo en algunos casos, pero que se trata de «allanamiento, impago o incumplimiento de contrato». «Ya sabemos lo que pasó en este país, uno de los más seguros del mundo, con el negocio de las alarmas. No hace falta crear nuevas designaciones para alentar los negocios de otros», ha reivindicado la mandataria.

De este modo, ha señalado que pese a que hay gente que lo sufre, y el estado debe estar presente para dar respuesta, no es principal problema de la cartera. «La edad de emancipación y capacidad de compra de la gente joven sí es el problema. No inventemos causas para hacer caja electoral ni económica de otros», ha manifestado la representante del ejecutivo.

Asimismo, Rodríguez ha reconocido que le «entristece mucho» cuando las Comunidades Autónomas del PP adoptan posturas contrarias al beneficio de los ciudadanos en materia de vivienda, pero ha aceptado que respeta a el poder autonómico, frente al que «no se puede hacer nada».