El Ministerio de Sanidad está redactando el Real Decreto para regular el Sistema de Vigilancia de Salud Mental, que incluiría el primer registro estatal del suicidio. La norma pretende conocer el estado de salud mental de la población, detectar dónde empiezan los problemas y cuándo aparecen las situaciones de riesgo. En palabras de Mónica García, ministra de Sanidad, se trata de “poder llegar antes para poder prevenirlas, porque no se puede prevenir lo que no se conoce”.
El ministerio pretende disponer de información homogénea, sistemática y comparable en todo el país para mejorar la prevención
El Ministerio de Sanidad está redactando el Real Decreto para regular el Sistema de Vigilancia de Salud Mental, que incluiría el primer registro estatal del suicidio. La norma pretende conocer el estado de salud mental de la población, detectar dónde empiezan los problemas y cuándo aparecen las situaciones de riesgo. En palabras de Mónica García, ministra de Sanidad, se trata de “poder llegar antes para poder prevenirlas, porque no se puede prevenir lo que no se conoce”.
Los suicidios en España mantienen una tendencia a la baja en los últimos tres años, según los datos del INE, que en 2025 registraron 3.808 autólisis. El mayor número de suicidios se produjo en 2022, cuando se registraron 4.227.
García ha anunciado el Real Decreto ―que procede del plan nacional 2025-27― este jueves con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. “Hemos estado trabajando con información fragmentada, recogida con criterios diferentes”, ha dicho la ministra, que ha anunciado los tres pasos que dará a partir de ahora Sanidad.
El primero es crear el sistema de vigilancia de salud mental —integrado en el de salud pública— para disponer de información “homogénea, sistemática y comparable en todo el país”. El segundo es establecer procedimientos comunes. Un comité técnico será el encargado de acordar cómo se recoge, cómo se analiza la información “para que los datos signifiquen lo mismo en Galicia, en Andalucía, en Madrid o en cualquier otro lugar de España”, ha dicho García. Y el tercero es poner en marcha su primer instrumento específico: el registro estatal de suicidio.
“La idea es pasar de mirar la realidad por el retrovisor a pasar a tener un radar que nos avise a tiempo. Que una agrupación inesperada de casos, que la aparición de un método emergente o un cambio de tendencia puedan encender una alerta antes y permitirnos anticiparnos”, ha añadido la ministra.
El registro entregará la información sanitaria, estadística y médico-forense a una infraestructura compartida con las comunidades autónomas, que estará abierta a la cooperación entre administraciones, profesionales, instituciones y la sociedad civil.
García ha expuesto que esa información permitirá conocer mejor la incidencia del suicidio y sus factores asociados para orientar mejor las políticas de prevención, mejorar la respuesta asistencial y también reforzar el apoyo a las personas en situación de riesgo y a sus familias.
“La prevención del suicidio no cabe en una sola consulta ni tampoco depende de una sola administración. Intervienen muchísimos factores: sanitarios, sociales, laborales, educativos, económicos, comunitarios. Con este Real Decreto culminamos el trabajo que hemos venido haciendo durante toda la legislatura para sacar la salud mental de los márgenes y situarla por fin entre una de las grandes prioridades políticas”, ha dicho García, que no ha concretado, sin embargo, cuándo tiene prevista su aprobación.
La comisionada de Salud Mental, Belén González, ha situado el vínculo con otras personas en el centro de la prevención. “La salud mental no necesita tecnología aeroespacial, necesita personas, presencia, vínculo y tiempo”, ha señalado al presentar tres de los 122 proyectos financiados por su departamento, que buscan llevar ese enfoque a ámbitos que van desde la atención a adolescentes en sus casas hasta la prevención de la soledad en los pueblos.
En Castilla-La Mancha, un proyecto dotado con 70.000 euros se centra en identificar y señalizar puntos en los que se concentra un mayor número de intentos de suicidio o de muertes por esta causa. González ha explicado que, además de instalar barreras físicas, es necesario ofrecer información sobre los recursos de emergencia y mensajes de esperanza a quienes acuden a esos lugares. El propósito es que encuentren una vía para pedir ayuda y sientan “que hay una sociedad, hay una familia, hay un sistema sanitario que se preocupa por ellos”.
Otro de los programas, en Asturias, cuenta con casi 300.000 euros para prestar atención domiciliaria a jóvenes y adolescentes con ideación suicida. Equipos multidisciplinares se desplazan a sus casas para atenderlos junto a sus familias y allegados y evitar la hospitalización. La comisionada ha defendido que una planta de psiquiatría no siempre es el mejor espacio para recuperarse y ha subrayado la necesidad de incorporar al entorno a la atención: “Es imprescindible que las familias, que los entornos, que los allegados formen parte de esta recuperación, porque este sentido de comunidad es el que puede atarnos a la vida”.
El tercer proyecto organiza paseos acompañados por profesionales de la educación social para prevenir la soledad no deseada, especialmente entre las personas mayores. Comenzó en ocho municipios rurales de A Coruña y este año se extiende a otros nueve de Lugo. Según González, algunos grupos ya funcionan de manera autónoma, sin necesidad de profesionales que los dinamicen. La comisionada ha destacado esa continuidad como un ejemplo del objetivo que persiguen: construir relaciones y estructuras de apoyo que perduren más allá de la intervención del sistema sanitario y proporcionen “pertenencia y propósito”.
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