Un ‘impeachment’ a Pedro Sánchez

La trayectoria de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno es suficientemente ventajista para deducir que hay una estrategia electoral detrás de la regularización exprés de un millón de inmigrantes ilegales y detrás del aumento del censo electoral de españoles residentes en el extranjero -se han iniciado 1,2 millones de expedientes de nacionalización- al amparo de una Ley de Nietos que desde octubre de 2022, tras una instrucción del Ministerio de Justicia que modificó la Memoria Histórica, considera exiliados a todos aquellos que dejaron el país entre 1936 y 1955, sin tener que acreditar motivos políticos o ideológicos vinculados al franquismo. O sea, una nacionalización general.

El tiempo dirá las consecuencias de esta aventurada operación de ingeniería social, pero Sánchez está utilizando a los inmigrantes para alterar radicalmente el tablero político y emocional -como hizo con la amnistía catalana-, y retomar la iniciativa mientras acelera el proceso presidencialista de acumulación de un poder absoluto y libre de toda rendición de cuentas: no llevó la regularización exprés al Congreso, trata de anticiparse a la paralización de la medida por parte de un Tribunal Supremo que duda de su encaje a la normativa europea, e ignora repetidamente las peticiones de la UE de evitar «papeles para todos» que chocan con la política comunitaria de endurecer las leyes de entrada y acogida. Porque para Sánchez la única voluntad que importa es la suya.

Este desprecio por las instituciones y las normas comunes, tanto española como europeas, y que tuvo su primera expresión con el cierre del Congreso durante la pandemia del Covid, es el efecto de la manera absolutista de Sánchez de entender y ejecutar el poder, una mutación presidencialista de nuestro régimen parlamentario.

Sobre este proceso me avisó el sabio Carlos Feliu de que leyera sin falta la tribuna ‘Miseria de Parlamento‘ (El País, 26/6/2026) de Pedro Cruz Villalón, en la que el expresidente del TC explica de manera precisa y contundente cómo el presidencialismo sanchista está desnaturalizando el funcionamiento de nuestra democracia parlamentaria. Vaciándola de significado, y permitiendo que un presidente se atrinchere en La Moncloa, sin disfrutar de mayoría parlamentaria, sin haber aprobado un solo presupuesto general en toda la legislatura, y sin que sea posible llevar a cabo una moción de censura, debido a que esta es propia de un régimen parlamentario, pero ajena al actual presidencialismo sanchista.

Sostiene Cruz Villalón que este encastillamiento de un presidente, que ni gobierna ni puede gobernar, es imposible solucionarlo por la vía natural de un sistema parlamentario, que es la moción de censura, ya que la mutación presidencialista impulsada por Sánchez cambió el marco de juego. Una situación que no contemplaron los padres de la Constitución -que dieron por entendido que no poder aprobar las cuentas públicas era motivo de renuncia- y ante la que no sería descabellado, afirma el jurista, recurrir a la destitución presidencial por la vía del artículo 102 de la Carta Magna sobre la «responsabilidad criminal del presidente y de los demás miembros del Gobierno».

Una medida parecida al impeachment, basado en la responsabilidad legal del madatario, que se utiliza en democracias presidencialistas como la de EEUU y más acorde también con la voluntad de Sánchez de ser un jefe de Estado, el presidente de una República.