El Partido Popular ha anunciado este jueves el despliegue de una estrategia de investigación exhaustiva en el Senado tras conocerse el auto del juez Calama, que vincula al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Según los populares, el documento judicial es «contundente» y describe un sistema de «corrupción piramidal» diseñado por Zapatero que habría implicado tanto a su círculo más íntimo como a miembros del actual Gobierno de Pedro Sánchez.
El Partido Popular ha anunciado este jueves el despliegue de una estrategia de investigación exhaustiva en el Senado tras conocerse el auto del juez Calama, que
El Partido Popular ha anunciado este jueves el despliegue de una estrategia de investigación exhaustiva en el Senado tras conocerse el auto del juez Calama, que vincula al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero con una presunta red de tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Según los populares, el documento judicial es «contundente» y describe un sistema de «corrupción piramidal» diseñado por Zapatero que habría implicado tanto a su círculo más íntimo como a miembros del actual Gobierno de Pedro Sánchez.
Aprovechando su mayoría parlamentaria en la Cámara Alta, el PP citará a comparecer ante la comisión SEPI a figuras clave del entorno del expresidente. Entre los señalados destaca su secretaria personal, Gertrudis Alcázar, a quien se atribuye la gestión para constituir una sociedad en Dubái, y Manuel Aarón Fajardo, considerado su «lugarteniente» en Venezuela, quien deberá explicar los beneficios ofrecidos al expresidente a cambio del rescate de la aerolínea Plus Ultra. También se ha solicitado la comparecencia de Cristóbal Cano, vinculado al movimiento de fondos ilícitos, y del exministro José Luis Escrivá, para que aclare el sospechoso aplazamiento de la deuda de la compañía con la Seguridad Social que desbloqueó las ayudas públicas.
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha sido tajante al afirmar que las investigaciones preliminares sugieren que «Zapatero presionó para el rescate; Sánchez lo autorizó; Montero pagó y Zapatero se lucró». García sostiene que el auto judicial no solo representa un problema legal para el expresidente, sino que supone un desafío político directo para el actual Ejecutivo, sugiriendo que la defensa cerrada del PSOE hacia Zapatero es, en realidad, una estrategia necesaria para «proteger a Sánchez».
El PP no descarta ampliar la lista de comparecientes e incluir a las propias hijas de Zapatero, propietarias de la empresa Whathefav. Con esta ofensiva, la formación busca depurar responsabilidades políticas sobre lo que definen como una red estable de influencia actuando alrededor del dinero de todos los españoles.
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