Los propietarios forestales somos la primera defensa que existe contra los incendios forestales. Teniendo en cuenta que el 72% del territorio forestal es privado, más de 20 millones de hectáreas, la conservación, gestión y mantenimiento de los bosques y montes españoles dependen directamente de cientos de miles de propietarios forestales. Para la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), confederación que representa a los más de cuatro millones de selvicultores del país, esta situación exige un cambio de enfoque en las políticas públicas de prevención. Porque ya hemos dicho muchas veces que los incendios no empiezan cuando aparece una llama. Empiezan años antes, cuando dejamos de gestionar el territorio. Por tanto, la mejor inversión contra los incendios no es la que se realiza durante la emergencia, sino la que permite mantener montes activos, gestionados y económicamente viables.
Hoy resulta más fácil abandonar un monte que gestionarlo, y eso es exactamente lo contrario de lo que necesita España frente a los incendios forestales
Los propietarios forestales somos la primera defensa que existe contra los incendios forestales. Teniendo en cuenta que el 72% del territorio forestal es privado, más de 20 millones de hectáreas, la conservación, gestión y mantenimiento de los bosques y montes españoles dependen directamente de cientos de miles de propietarios forestales. Para la Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE), confederación que representa a los más de cuatro millones de selvicultores del país, esta situación exige un cambio de enfoque en las políticas públicas de prevención. Porque ya hemos dicho muchas veces que los incendios no empiezan cuando aparece una llama. Empiezan años antes, cuando dejamos de gestionar el territorio. Por tanto, la mejor inversión contra los incendios no es la que se realiza durante la emergencia, sino la que permite mantener montes activos, gestionados y económicamente viables.
Cada año, los montes españoles generan aproximadamente 46 millones de metros cúbicos de biomasa forestal. Sin embargo, apenas se aprovecha el 40% de ese crecimiento. El resultado es que cerca de 22 millones de toneladas de biomasa permanecen acumuladas en el territorio, aumentando la continuidad del combustible y la vulnerabilidad de los ecosistemas frente a incendios cada vez más rápidos, intensos y difíciles de extinguir.
Para revertir esta situación, y activar la gestión forestal sostenible, los propietarios forestales y algunas organizaciones ecologistas como Greenpeace llevamos tiempo reclamando a las administraciones públicas (sin mucho éxito) una nueva fiscalidad para los selvicultores, que generaría una mayor actividad forestal, la mejor arma para luchar contra los incendios forestales.
Entre estas medidas fiscales propuestas, COSE plantea el reconocimiento oficial de la figura del selvicultor activo; la creación de un registro de explotaciones forestales que permita dar visibilidad administrativa a quienes gestionan el monte; una deducción del 20% en el IRPF para los gastos e inversiones en conservación, mantenimiento, mejora, protección y acceso del monte; y una deducción de hasta el 40% para actuaciones en masas forestales de carácter protector. Son muchos los beneficios ambientales que la sociedad disfruta gracias a los montes. Justo es que la sociedad contribuya a su supervivencia y gestión.
Asimismo, proponemos incentivos fiscales para fomentar la agrupación de propietarios forestales, una herramienta imprescindible para superar el minifundio y permitir una gestión profesionalizada a escala territorial; la reducción o diferimiento fiscal de los beneficios reinvertidos en trabajos de conservación y prevención; medidas específicas en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para favorecer la continuidad de la gestión forestal; y el desarrollo de un plan sectorial de contabilidad adaptado a los largos ciclos productivos de la actividad selvícola.
Necesitamos una fiscalidad forestal que premie a quien gestiona, conserva y previene. Hoy resulta más fácil abandonar un monte que gestionarlo, y eso es exactamente lo contrario de lo que necesita España frente a los incendios forestales.
Como ejemplo, y según diferentes estimaciones del sector, movilizar un millón de toneladas adicionales de biomasa forestal cada año permitiría generar alrededor de 1.600 millones de euros de inversión, crear entre 2.500 y 3.500 empleos directos e indirectos en zonas rurales y evitar la emisión de unas 580.000 toneladas de CO₂ mediante la sustitución de combustibles fósiles.
Estas propuestas no buscan un privilegio fiscal, sino corregir una anomalía estructural: los propietarios forestales asumen costes privados para generar beneficios públicos —prevención de incendios, biodiversidad, captura de carbono, regulación del agua y conservación del paisaje— que hoy no son retribuidos ni suficientemente reconocidos por la sociedad.
Por todo esto, reclamamos que la prevención de incendios forestales, incluida una nueva fiscalidad, sea reconocida como una prioridad estratégica de país y que la gestión forestal sostenible sea declarada actividad de interés general. Esta medida permitiría reconocer el papel ambiental, social y territorial de los selvicultores activos y situar la prevención en el lugar que le corresponde dentro de las políticas públicas. Entre todos debemos frenar el fuego.
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