Díaz relanza su agenda tras el fiasco del control horario y blinda a los trabajadores que denuncien corrupción en las empresas

Yolanda Díaz relanza su agenda reformista. Tras verse obligada a posponer la aprobación del registro horario hasta después del verano, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha reactivado algunas de las medidas que tenía en cartera, como el blindaje de los trabajadores que denuncien corrupción en las empresas. En paralelo, ha configurado otras nuevas, como la prestación extraordinaria para los afectados por los incendios. Todo, mientras la Comisión Europea ha concedido algo más de margen a los países para trasponer la directiva sobre transparencia retributiva, lo que permite a España evitar una multa millonaria inmediata y retomar la iniciativa después de las vacaciones.

El último Consejo de Ministros del curso aprueba hoy dos medidas de calado a propuesta de la vicepresidenta segunda. Por un lado, el Ejecutivo dará luz verde a un real decreto ley que activa una prestación especial para cubrir los sueldos y las cotizaciones sociales de los trabajadores que no puedan acudir a sus puestos por circunstancias derivadas de los incendios. Y por otro lado, se va a aprobar un anteproyecto de ley para hacer nulo el despido de los denunciantes de casos de corrupción en las empresas.

La ayuda extraordinaria por los incendios se estuvo negociando con los agentes sociales y las comunidades autónomas afectadas durante todo el pasado fin de semana y en el día de ayer. Y también en el seno del Gobierno, ya que Díaz aspiraba a poner en marcha una prestación con carácter estructural, pero el ala socialista liderada por el Ministerio de Economía se ha impuesto y la medida finalmente será coyuntural para antender a la emergencia actual.

Por su parte, la reforma para blindar a los trabajadores que denuncien corrupción y otras irregularidades en el seno de sus empresas o administraciones públicas se lleva elaborando desde octubre de 2025, cuando el Ministerio de Trabajo puso en marcha el procedimiento de consulta pública para ampliar la cobertura prevista en la Ley de protección del informante, aprobada en 2023.

En concreto, la medida impulsada por el departamento que dirige Yolanda Díaz plantea modificar el Estatuto de los Trabajadores para incorporar la nulidad del despido en caso de que exista una denuncia por corrupción. El objetivo es evitar represalias en estos casos, dotando a los jueces de un marco jurídico que les permita obligar a la readmisión del trabajador que haya sido despedido tras denunciar a su empresa. Y se amplía esta protección a sus familiares cercanos para evitar todo tipo de discriminaciones en el ámbito laboral.

Al mismo tiempo, fuentes del Ministerio de Trabajo avanzan que la Comisión Europea ha concedido algo más de margen a España y el resto de Estados miembros para trasponer la directiva sobre transparencia retributiva, otra de las reformas que Díaz quería haber puesto en marcha antes del verano. En reuniones mantenidas la semana pasada, la vicepresidenta constató que la Comisión está dispuesta a conceder una mayor laxitud hasta otoño, lo que permitirá evitar una multa millonaria de Bruselas por incumplimiento del plazo que finalizó el pasado mes de junio.

Díaz cierra así el curso con parte de su agenda relanzada, aunque el grueso de las reformas que quiere implantar en lo que queda de legislatura continúan bloqueadas. La vicepresidenta ha pactado con el ministro Carlos Cuerpo la aprobación del resgistro horario en septiembre, pero antes deberá modificar parte del texto para adecuarlo a las cuestiones que planteó el Consejo de Estado. Asimismo, la reforma para levantar el secreto salarial en las empresas seguirá negociándose con los agentes sociales, en un contexto en el que los sindicatos ya han advertido de que no pactarán ninguna medida hasta que se endurezca el control horario.

Todo, mientras Díaz centra sus esfuerzos en la campaña para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El próximo 23 de septiembre habrá un acto público con todos los candidatos, pero desde ya está en marcha una intensa negociación diplomática con países de todo el mundo y con representantes de los trabajadores y de los empleadores. Con España aspirando a varios puestos internacionales de primer nivel y el diálogo social atravesando uno de sus peores momentos en el ámbito nacional, las opciones de la vicepresidenta son menos optimistas de lo que necesitaría para escalar a la posición de favorita.