El propio Juan Alfonso Ruiz Molina (Toledo, 1962) reivindicó en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se ha convertido en el decano de los consejeros de Hacienda de España. Lleva desde 2015 y este militante del PSOE ha impulsdo en su consejería los cálculos que echan por tierra los que defiende el Gobierno central sobre el nuevo modelo de financiación y sostiene que debe ser rechazado este miércoles en el CPFF con la abstención del ministro de Hacienda.
El decano del Consejo de Política Fiscal y Financiera pide a Arcadi España que no siga adelante con un sistema que «incumple lo aprobado en el Congreso del PSOE» y defiende que «los diputados socialistas voten en conciencia»
El propio Juan Alfonso Ruiz Molina (Toledo, 1962) reivindicó en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se ha convertido en el decano de los consejeros de Hacienda de España. Lleva desde 2015 y este militante del PSOE ha impulsdo en su consejería los cálculos que echan por tierra los que defiende el Gobierno central sobre el nuevo modelo de financiación y sostiene que debe ser rechazado este miércoles en el CPFF con la abstención del ministro de Hacienda.
- A la vista de estas estimaciones, ¿cómo es posible que Castilla-La Mancha quede como la comunidad peor financiada con el nuevo modelo?
- Porque es un modelo basado en el principio de ordinalidad, que premia a las comunidades autónomas con mayor acumulación de renta entre sus residentes. Yo siempre he estado en contra de hablar de la capacidad económica o tributaria de las comunidades autónomas, porque los impuestos los pagan los ciudadanos y las empresas, no las comunidades autónomas. Sin embargo, el Gobierno utiliza ese criterio y, al hacerlo, respeta un principio con el que estamos frontalmente en desacuerdo: que las comunidades con mayor capacidad tributaria tengan derecho a una mayor financiación.
- ¿Por qué en desacuerdo?
- Porque no encaja con un sistema que debería garantizar la igualdad entre todos los ciudadanos, con independencia de dónde vivan o de su capacidad económica, especialmente en servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o los servicios sociales. Aplicar el criterio de ordinalidad perjudica un principio que considero constitucional, el de igualdad. Por tanto, el modelo que propone el Gobierno atenta gravemente contra ese principio.Además, es un modelo negociado con una de las comunidades autónomas con mayor renta per cápita. Beneficia descaradamente a Cataluña. Según nuestros cálculos, las comunidades más favorecidas son Madrid, Baleares y Cataluña, pero sobre todo a Cataluña, pese a que Madrid tiene una economía similar. Es un modelo pactado entre el Gobierno, un partido político y una sola comunidad autónoma. Por eso no podemos estar satisfechos. Y si, además, cuantitativamente Castilla-La Mancha sale peor de lo que ya estaba, tenemos aún más argumentos para rechazarlo.
- Más que que las comunidades más ricas salgan muy beneficiadas, según sus cálculos serían las únicas bien financiadas y la gran mayoría, infrafinanciadas ¿no?
- Así es. Lógicamente. Si tenemos en cuenta la población y los criterios utilizados, Cataluña, que actualmente tiene una financiación situada en la media, pasaría a situarse en torno al 105 % respecto a esa media. Si Castilla-La Mancha hubiera tenido la oportunidad de negociar bilateralmente con el Estado, probablemente también estaría en ese 105 %, aunque fuera en detrimento del resto de comunidades.Eso demuestra que estamos ante el resultado de una negociación bilateral, cuando nosotros defendemos un modelo multilateral. Creo que todo empezó mal, porque se negoció con una sola comunidad autónoma, y difícilmente puede terminar bien. De hecho, ni siquiera el Gobierno tiene garantizado el apoyo de Junts, cuyos planteamientos no son solo obtener más financiación, algo legítimo, sino obtener más financiación que el resto. Y eso es injusto.
- Usted, además de castellano-manchego, es militante socialista. ¿Es socialista un modelo en el que solo quedan bien financiadas las comunidades más ricas?
- Creo que tanto el presidente Emiliano García-Page como yo hemos dicho siempre que no parece razonable que un Gobierno sustentado por un partido socialista favorezca a los ciudadanos con mayor capacidad económica. Eso va en contra de los principios más elementales de la socialdemocracia.
- Sin embargo, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha convocado para este miércoles 29 el Consejo de Política Fiscal y Financiera para su aprobación…
- Voy a pedir al ministro que se abstenga en la votación de este Consejo de Política Fiscal y Financiera. Me parece importante que el resultado refleje realmente la posición de las comunidades autónomas y no sea simplemente consecuencia del reglamento, que permite sacar adelante el modelo con el voto del Gobierno y de la comunidad autónoma con la que se ha negociado
- Es decir, plantea dos opciones para la reunión: o que el ministro no someta el modelo a votación o que, si lo hace, el Gobierno se abstenga.
- Exactamente. Lo más justo sería que el Gobierno se abstuviera y que el resultado de la votación reflejara el sentir de las comunidades autónomas, no el voto favorable del Gobierno junto a la comunidad más beneficiada y con la que se ha negociado el modelo. Lo importante es conocer cuál es la opinión del conjunto de las comunidades, porque muchas consideramos que esta propuesta no garantiza una financiación suficiente para sostener adecuadamente los servicios públicos esenciales.
- Pero si el Gobierno se abstiene, el modelo no saldría adelante ¿no?
- Eso intuyo y es que yo creo que debe salir adelante este nuevo modelo de financiación.
- ¿Qué ocurrirá si el ministro no le hace caso y fuerza la aprobación del modelo en el CPFF?
- Después del Consejo de Política Fiscal y Financiera habrá que debatirlo también en las Cortes y, sobre todo, en el Congreso de los Diputados. Creo que es importante que cada diputado reflexione sobre cómo afecta este modelo de financiación a la circunscripción por la que ha sido elegido.
- ¿Cree que los diputados socialistas no catalanes deben votar en contra?
- Mi responsabilidad es defender los intereses de Castilla-La Mancha. Lo que ocurra dentro del Grupo Socialista corresponde a otro ámbito. Pero es evidente que este modelo perjudica a muchas comunidades autónomas y, además, no ha existido un debate interno en el Partido Socialista.Solo conocemos públicamente la posición de Asturias y Castilla-La Mancha, pero me consta que en otras federaciones también existe malestar con un sistema que beneficia especialmente a las comunidades con mayores niveles de renta.
- ¿Considera entonces que no debería haber disciplina de voto en el Grupo Socialista y que cada diputado debería decidir?
- Lo que puedo decir es que, hasta donde yo sé, no ha habido un debate interno sobre esta cuestión, y creo que es un asunto que conozco bien. Además, el modelo incumple lo aprobado en el Congreso del PSOE celebrado en Sevilla, donde se defendió expresamente que la financiación autonómica debía negociarse de forma multilateral y no bilateral.Por eso creo que sería conveniente abrir ese debate tanto en el partido como entre las distintas federaciones socialistas para conocer realmente cuál es su posición.
- ¿Es, por tanto, un asunto en el que los diputados del PSOE deben votar en conciencia?
- Desde mi punto de vista, sí. Al margen de lo que finalmente decida el Grupo Socialista, creo que es una cuestión sobre la que cada diputado debería reflexionar.
- El Gobierno sostiene que todas las comunidades dispondrán de más recursos. ¿Qué responde?
- Faltaría más. Con la evolución que han tenido los ingresos del Estado, sería extraño que las comunidades no dispusieran de más recursos en cifras absolutas. Pero ese no es el verdadero debate.La cuestión no es si habrá más dinero en términos absolutos, sino si la riqueza nacional se va a distribuir de forma justa entre las comunidades autónomas para garantizar la igualdad en la prestación de los servicios públicos.Nosotros somos, creo, la única comunidad autónoma que ha presentado una propuesta alternativa. Lo primero que defendemos es una buena definición de la población ajustada, porque es la que refleja las necesidades reales de cada territorio. Y, a partir de ahí, la financiación debe ser igual por habitante ajustado para todas las comunidades autónomas. Ese es el modelo que consideramos justo.
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