Marlaska se retrasó con el muro flotante en Ceuta y el Gobierno liquida la crisis sin responsables: «Son cosas que ocurren»

Todos los residentes del municipio malagueño de Estepona, uno de los más populosos de la Costa de Sol. O dos veces el número de empadronados en la ciudad de Teruel. Unas 72.000 personas, en suma. La cifra es la estimación actualizada por el Gobierno central del número de inmigrantes que la semana pasada cruzaron de forma irregular la frontera marítima entre Marruecos y Ceuta en cuestión de horas, prácticamente de golpe. Y sin que sus movimientos supusieran un motivo de alerta para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Ésta es al menos la versión que mantiene el ministro del Interior, quien insiste en que no recibió advertencia de ninguno de los servicios secretos españoles ni de los de otros países de la Unión Europea. «Si hubiera habido alguna posibilidad de que algo así pudiera pasar, no digo lo que definitivamente pasó, sino algo parecido a lo de 2021 [cuando otros 10.000 extranjeros llegaron también en tropel a la ciudad autónoma], hubiera un informe o un aviso a las más altas instancias y al poco. Creo que con eso lo digo todo», subrayó este martes Fernando Grande-Marlaska en una comparecencia ante los medios de comunicación.

Así, el máximo responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado vino a cuestionar de forma implícita la eficacia del CNI, que está adscrito a Defensa, por no haber tenido la capacidad de anticipar el voluminoso movimiento migratorio en la frontera española con Marruecos. No obstante, quiso trasladar su «confianza» y «reconocimiento» a la labor que realiza el CNI y justificó que no se produzcan ceses con el argumento de que «hay muchas cosas que ocurren y no necesariamente tiene que haber ninguna responsabilidad».

Su posición choca con la adoptada por la ministra de la que depende el CNI, principal servicio de información en España. Margarita Robles afirmó el lunes que no quiere contribuir a «polémicas que no benefician a nadie», anticipó que no la van a «pillar en ningún tipo de discusión», pero sí recalcó que «todos los departamentos de Inteligencia», tanto el que está a su mando como los que no, realizan «un trabajo excepcional». Al ampliar el ámbito a «todos» implicaba también a Marlaska, el superior jerárquico sobre los de la Policía y la Guardia Civil. Defensa e Interior se apuntan recíprocamente, pero ninguno reconoce una culpabilidad. El Gobierno intenta liquidar la crisis sin asumir ninguna responsabilidad pese a admitir la dimensión sin precedente de la crisis y el vacío informativo.

Lo que Marlaska sí reconoció este martes es que en su departamento tenían constancia de que, «como ocurre en otras temporadas estivales», se podía producir un incremento de las entradas irregulares y que este repunte se podría «ver fomentado» por la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 8 de julio, que ratifica la prohibición de devoluciones en caliente de quienes lleguen a nado a la costa española sin traspasar ningún elemento de contención. Al respecto, confirmó que «anteriormente» a la llegada masiva de inmigrantes ya estaban evaluando «cómo colocar una barrera neumática y luego una segunda de boyas», que es la solución que forzaba el propio fallo judicial para tratar de evitar lo que se produjo precisamente tres semanas después, sin que se llegara a tiempo de evitarlo.

Fue el viernes pasado, 31 de julio, en la visita de Sánchez a Ceuta tras lo que calificó como «un ataque a la integridad de España», cuando el presidente del Gobierno anunció públicamente que se iba a colocar una frontera física marítima entre la ciudad autónoma y la costa de Marruecos. Ni 24 horas después, ya se había desplegado una estructura hinchable de 500 metros de longitud, entre 30 y 70 centímetros de altura y una parte sumergida de hasta un metro.

Marlaska, al revelar que se trabajaba en la instalación de ese muro flotante ya antes de la avalancha, admite que no llegó a tiempo. No obstante, para el ministro «se ha actuado rápidamente, como procede y estamos acostumbrados a hacer». Entre la sentencia del Tribunal Supremo y la llegada pasaron 22 días.

Interior prevé ahora instalar barreras marítimas también en Melilla, lo que permitirá las devoluciones inmediatas sin incumplir la sentencia del Supremo. Desde que se extendió el sábado en el litoral de la otra ciudad autónoma, «las entradas se han detenido completamente», tal y como destacó este martes el ministro del Interior.

En el Gobierno siguen circunscribiendo la culpabilidad de la «tragedia insoportable» de Ceuta, que se ha cobrado ya al menos 75 vidas, a una operación «orquestada por el conjunto de mafias» que trafican con personas «utilizando las redes y con la excusa de lectura interesada» del fallo del Alto Tribunal. La única que se ha desmarcado del argumentario oficial ha sido Robles, que ha exigido al Marruecos que «investigue y llegue hasta el final» para esclarecer lo sucedido y ha advertido de que «quien haya estado detrás de esto, o quien lo haya consentido o tolerado, tendrá que asumir responsabilidades».

De los 72.000 inmigrantes llegados de forma irregular a la costa ceutí, la mayoría entre el miércoles y el jueves de la semana pasada, Interior cifró este martes en 70.000 las devoluciones que se han realizado destacando una vez más la «colaboración» de las autoridades marroquíes. Sobre las expulsiones no voluntarias que están forzando los efectivos militares, incluidos de menores -tal y como han comprobado los enviados de EL MUNDO a la zona-, Marlaska se limitó a decir que «en España se respetan los derechos fundamentales de los menores y de los mayores» y que eso «está fuera de discusión».