El 14 de octubre, un operativo de antidisturbios de la Policía Nacional impidió violentamente la celebración de un piquete informativo durante la jornada de huelga y paro académico convocada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Hirieron, arrestaron y retuvieron a estudiantes y trabajadoras que se dirigían pacíficamente a la facultad de Ciencias Químicas. Todo esto, sin que lo requiriera la universidad, y justo cuando casi se cumplen 50 años de que se disolviera el Tribunal de Orden Público y las fuerzas de orden público fueran retiradas de las universidades, donde eran una fuente constante de conflictos gratuitos.
No se trata únicamente de impedir que la policía entre en la universidad, sino de impedir que su lógica se convierta en la forma dominante de gobernar el conflicto
El 14 de octubre, un operativo de antidisturbios de la Policía Nacional impidió violentamente la celebración de un piquete informativo durante la jornada de huelga y paro académico convocada en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Hirieron, arrestaron y retuvieron a estudiantes y trabajadoras que se dirigían pacíficamente a la facultad de Ciencias Químicas. Todo esto, sin que lo requiriera la universidad, y justo cuando casi se cumplen 50 años de que se disolviera el Tribunal de Orden Público y las fuerzas de orden público fueran retiradas de las universidades, donde eran una fuente constante de conflictos gratuitos.
¿Qué ha ocurrido en esas cinco décadas? Las cargas en la UCM no pueden explicarse únicamente por la orden del Delegado del Gobierno, ni por las decisiones de los mandos policiales. Son la expresión de un proceso más amplio: el creciente poder político de la policía y la capacidad que esta ha ido adquiriendo para intervenir, en ocasiones sin orden gubernamental, en espacios sociales que deberían disponer de autonomía propia.
La autonomía universitaria es ante todo una cuestión política
Entre las reacciones a la intervención policial del 14 de octubre aparece una reivindicación mucho más antigua que la institución policial: la autonomía universitaria. Su origen está ligado, precisamente, a una huelga universitaria (la de la Universidad de París en 1229). En España, el peso democratizador de las luchas estudiantiles durante el franquismo hizo que la autonomía universitaria ingresara en la Constitución de 1978 como un derecho fundamental (art. 27.10 CE) distinto al de libertad de cátedra.
Pero la autonomía universitaria no es únicamente una garantía jurídica, o una competencia administrativa: es, ante todo, una cuestión política. La autonomía de los espacios sociales tiene una dimensión formal (el reconocimiento de competencias, normas y límites institucionales) y otra informal, relacionada con la capacidad efectiva de organizarse, tomar decisiones y gestionar los conflictos según lógicas propias. Junto con el control policial o militar, la descapitalización de la educación pública ha sido desde el siglo XIX una de las armas predilectas del proyecto reaccionario contra la autonomía universitaria. En los últimos años, las políticas neoliberales de la Comunidad de Madrid han convertido la infrafinanciación de la universidad pública en el mecanismo de asfixia y control por excelencia: la precarización y la pérdida de recursos materiales, humanos y organizativos, así como el menosprecio institucional, están abiertamente presentes en las decisiones, discursos y prácticas del Gobierno autonómico. Se plantea, así, una paradoja que, en realidad, solo lo es en apariencia: mientras se debilitan las condiciones materiales y políticas para la autonomía educativa, crece la presencia de la policía en los espacios de enseñanza.
La devaluación de la tradición de inviolabilidad de las universidades se enmarca en la creciente penetración de la policía en el ámbito cultural y educativo, y este ha sido un proceso fundamentalmente político. Existen argumentos jurídicos de peso para defender que la autonomía universitaria y la inviolabilidad del domicilio impiden a la policía entrar libremente en los campus. El dictamen de Manuel Ballbé a raíz de las cargas de 1999 en la Universidad Autónoma de Barcelona sostuvo convincentemente que corresponde al rector articular los medios y recursos para el mantenimiento del orden en las universidades. Constitucionalistas como Albert Noguera han planteado que, sin estar desarrollado por ley, la inviolabilidad de los campus puede ser considerado un “derecho innominado”. Al fin y al cabo, la huelga tampoco está regulada más que por un escueto y preconstitucional Real Decreto-ley.
Con todo, la intervención policial coercitiva en las universidades se ha ido expandiendo de manera paralela a otras formas de penetración en lo educativo: la aparición de figuras como los agentes tutores en colegios e institutos, o la proliferación de charlas de policías armados en las aulas sobre una diversidad enorme de temas (desde el uso de redes sociales a la violencia de género). Se trata de formas blandas de penetración policial que tienen su máxima expresión en la aparición de titulaciones policiales de grado y máster en universidades públicas que contribuyen tanto a normalizar la policía como interlocutora experta como a exportar la cultura policial al exterior de la propia institución, mediante marcos securitarios y punitivos de comprensión de múltiples conflictos sociales.
No olvidemos que esta expansión policial se produce en un contexto de desigualdad creciente entre instituciones. Mientras la educación pública pierde recursos y capacidad de actuación, la policía acumula capital económico, tecnológico, humano y capacidad de intervención. Mientras las universidades cierran grados o másteres, o ven facultades amenazadas por recortes que imponen auténticos presupuestos de guerra, la policía pone en marcha, a través de convenios con estas, titulaciones sobre seguridad o centros adscritos concebidos como universidades policiales. En el contexto de recortes, hay algo que necesita la universidad pública: financiación, y la institución policial se la ofrece en forma de matrículas cautivas por la vía de la academización de la formación policial. Por otro lado, hay algo que la policía necesita conquistar en los espacios educativos: capital cultural y simbólico, es decir, reconocimiento, legitimidad y autoridad social.
Existen espacios sociales que funcionan permanentemente sin presencia policial
Despolicializar la universidad y ampliar su autonomía pasa por politizar y autogestionar los conflictos: reconocer su dimensión colectiva, abrir espacios de deliberación y construir respuestas compartidas que no partan de identificar culpables e imponer castigos.
Frente al imaginario policial que identifica la ausencia de policía con el caos y la inseguridad, cabe preguntarse qué formas de convivencia, cuidado y gestión de los conflictos se construyen fuera de su intervención. Existen espacios sociales que funcionan permanentemente sin presencia policial, y que no por ello son necesariamente más inseguros; en algunos casos, desarrollan capacidades colectivas para afrontar los conflictos. La universidad debería ser un lugar privilegiado para experimentar y desarrollar esas dinámicas y capacidades.
No se trata únicamente de impedir que la policía entre en la universidad, sino de impedir que su lógica se convierta en la forma dominante de gobernar el conflicto.
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