Aunque el número de solicitudes haya excedido sus expectativas, sembrado reticencias entre los países miembros de la Unión Europea y se haya recurrido en sendas ocasiones, el Gobierno de Pedro Sánchez está determinado a sacar adelante la histórica regularización generalizada de inmigrantes que lleva en marcha desde el pasado 16 de abril. Sin dejar a nadie atrás. Maximizando el número de beneficiarios. Y, ahora, «agilizando» la tramitación de las solicitudes para que «el mayor número de personas que tengan derecho» a acogerse a la medida puedan hacerlo antes de que el Tribunal Supremo decida si plantea o no al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una duda sobre el encaje del proceso con la normativa vigente en la Unión Europea. El Gobierno calcula que el TS decidirá si elevar o no la cuestión al TJUE «a partir del 7 de julio». Pero el planteamiento de la cuestión podría, si así lo decide el Alto Tribunal, paralizar la regularización mientras se dirimen las dudas.
Moncloa admite que las 1,3 millones de peticiones sobrepasan todas sus previsiones iniciales
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Aunque el número de solicitudes haya excedido sus expectativas, sembrado reticencias entre los países miembros de la Unión Europea y se haya recurrido en sendas ocasiones, el Gobierno de Pedro Sánchez está determinado a sacar adelante la histórica regularización generalizada de inmigrantes que lleva en marcha desde el pasado 16 de abril. Sin dejar a nadie atrás. Maximizando el número de beneficiarios. Y, ahora, «agilizando» la tramitación de las solicitudes para que «el mayor número de personas que tengan derecho» a acogerse a la medida puedan hacerlo antes de que el Tribunal Supremo decida si plantea o no al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) una duda sobre el encaje del proceso con la normativa vigente en la Unión Europea. El Gobierno calcula que el TS decidirá si elevar o no la cuestión al TJUE «a partir del 7 de julio». Pero el planteamiento de la cuestión podría, si así lo decide el Alto Tribunal, paralizar la regularización mientras se dirimen las dudas.
Aunque el Ejecutivo confía en que no sea así, ha activado la maquinaria para que las personas que han solicitado regularizar su situación administrativa reciban una autorización provisional de residencia y trabajo en España previa a la resolución final -favorable o no- de su expediente. Este paso, que no es nuevo y ya se contemplaba en el texto del Real Decreto, evitaría la paralización del proceso para los solicitantes que hayan obtenido dicha autorización en caso de que el Supremo pause el procedimiento.
«No hemos bajado el ritmo», aseguran fuentes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, responsables del proceso. Su objetivo es «llegar cuanto antes al cumplimiento de los tres meses» para resolver cada caso. Pero sólo la admisión a trámite viene demorándose debido a la ingente cantidad de solicitudes registradas. Una situación que denunciaron las entidades sociales que colaboran en el proceso y los partidos de la izquierda alternativa, que demandaban la extensión del plazo.
A 15 días de la fecha límite para presentar de estas peticiones, la Administración sólo había resuelto 360.000 de 900.000, un 40%. Concluido ya el plazo -ayer fue el último día-, las solicitudes superan los 1,3 millones. Un escenario que excede las previsiones del Gobierno. Según fuentes del departamento que capitanea Elma Saiz, se planteó un escenario de mínimos (500.000 solicitudes), otro intermedio (750.000) y uno de máximos (un millón), aunque el tercer parámetro nunca se comunicó y las cifras ya conocidas sobrepasan esa previsión.
El Ministerio de Inclusión, que aún no ha proporcionado las cifras finales a la espera de filtrar los datos para evitar duplicados o fallos, puntúa que «los ritmos iniciales» del procedimiento respondían al escenario más bajo, que respondía a los cálculos de la ILP (2023), una aproximación que «se vio superada por la realidad», agregaron. «La irregularidad es una exclusión administrativa que hace que sea difícil contar el número de personas en situación irregular», se escudan, asegurando que el proceso «es vivo y va mutando».
En los últimos dos meses los sindicatos policiales han denunciado que las previsiones del Gobierno no se correspondían con la realidad y que había un flujo de personas que llegaban buscando la regularización. El Ejecutivo insistió ayer en que el proceso no afectaría a Europa -«Es un permiso de residencia y trabajo sólo en España»-, y fuentes del Ministerio insistieron en que los recursos y capacidades del Estado estaban «previstos» y «analizados».
En una reunión con los representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Ministerio de Política Territorial pidió voluntarios entre los funcionarios de Extranjería para ayudar con la grabación de las solicitudes a los 50 trabajadores de la Unidad de Tramitación de Expedientes de Extranjería (UTEX) encargados de resolver estos expedientes, que ya cuentan con un refuerzo de 150 trabajadores de Tragsa/Tragsatec. «Aún hay medio millón de expedientes que no se han volcado en la plataforma de datos», denunciaron.
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