«Si soy presidente del Gobierno convertiré a España, como ya lo son otros estados europeos, en un país de acogida», prometió el hoy jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2016, cuando la crisis de refugiados que vivía el continente marcaba la actualidad política. Sin embargo, aquellas palabras distan mucho de la tesis que expuso ayer su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que aseguró que Madrid y Rabat, con «diálogo fluido», están «comprometidos» en que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos».
Albares asegura que trabaja con Rabat para que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos»
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«Si soy presidente del Gobierno convertiré a España, como ya lo son otros estados europeos, en un país de acogida», prometió el hoy jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en abril de 2016, cuando la crisis de refugiados que vivía el continente marcaba la actualidad política. Sin embargo, aquellas palabras distan mucho de la tesis que expuso ayer su ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que aseguró que Madrid y Rabat, con «diálogo fluido», están «comprometidos» en que «hasta la última persona que ha entrado irregularmente en España vuelva a Marruecos».
Lo dijo desde Ceuta, después que de el pasado 30 de julio 80.000 personas cruzaran irregularmente la frontera y de que, según el Gobierno autónomo, hasta 11.000 puedan seguir allí. Sin embargo, el mensaje no se circunscribía a esta coyuntura excepcional, tal y como Albares se esforzó en recalcar: «Que quien entre irregularmente en Ceuta y Melilla sepa, porque España y Marruecos trabajamos conjuntamente para ello, que van a ser devueltos. No van a poder alcanzar ni la Península, ni el continente europeo, ni quedarse indefinidamente en Ceuta o Melilla».
Aunque aseguró que se cumplirá la ley, el ministro hizo esta afirmación sin matización alguna, sin apelar a posibles excepciones por las circunstancias que presente cada una de las personas que accedan irregularmente a España. Y, ayer, la Embajada de España en Marruecos insistió en sus redes: «Entrar irregularmente en Ceuta y Melilla no da derecho a permanecer en España ni a acceder al resto de Europa. Toda información en sentido contrario es falsa». El mensaje lo publicó también en inglés, francés y árabe.
El discurso resulta lejano a aquel que llevó a Sánchez, recién llegado a La Moncloa, a acoger el barco Aquarius, en el que había 600 migrantes y que Italia rechazaba recibir. También choca con lo que solía defender ante las crisis migratorias sucedidas en los últimos años en Canarias: en octubre de 2024, con las llegadas irregulares al archipiélago en máximos, Sánchez sostuvo en el Congreso que «acoger al que viene de fuera buscando una vida mejor» es «un deber al que nos obliga nuestra historia», «una cuestión de respetar […] el derecho internacional» y «un paso esencial para garantizar la prosperidad futura de nuestra economía».
No es necesario retroceder tan atrás. Las palabras de ayer de Albares, que van en consonancia con los mensajes trasladados por otros miembros del Gobierno ante esta crisis, tampoco terminan de casar con el discurso que venía abanderando en los últimos meses el Ejecutivo en materia migratoria, y que constituye un pilar clave de su hoja de ruta. La regularización extraordinaria impulsada el pasado enero y presentada como una de las grandes medidas de esta legislatura dista de la idea que ayer habría transmitido el ministro al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, según lo que este último afirmó: «La mejor manera de cortarla [la posibilidad de que la avalancha se repita] es que todo el mundo pierda la expectativa de que viniendo a Ceuta se soluciona lo que pretende. Ni papeles, ni asilo. La única solución: el retorno a Marruecos. Esto lo comparte el ministro, nos lo ha dicho».
La insistencia del Gobierno en los últimos días respecto a su intención de que quienes han entrado en Ceuta regresen a Marruecos, recalcando que no podrán ir a España ni al continente, es también de alguna forma un mensaje que mira a la Unión Europea. Un compromiso de «reforzar» la que es, dijo ayer Albares, «la frontera más compleja y más especial del mundo; la frontera de Europa con África». Todo después de que 22 países señalasen la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno como una política que debilita la defensa de las fronteras comunitarias -aludían a un posible efecto llamada-. «Ceuta y Melilla garantizan absolutamente la integridad del espacio Schengen», reivindicó ayer Albares, al hilo de los controles fronterizos que retomó Italia hacia los viajeros españoles tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta -lo hizo alegando que cabía la posibilidad de que llegaran al país transalpino, extremo que el Ejecutivo insiste en negar-.
Pese al acercamiento en el discurso migratorio del Gobierno español al de países europeos -con la gran salvedad de los centros de deportación que Italia defiende y Sánchez rechaza-, Albares sí mantuvo ayer vivo el choque con el gabinete de Giorgia Meloni, al que acusó de hablar con «ligereza y frivolidad» ante la coyuntura ceutí. También insistió el Gobierno en el enfrentamiento con la bancada de la oposición: lo hizo el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, cargando contra los ejecutivos de coalición de PP y Vox por sus tesis migratorias; también la titular de Infancia, Sira Rego, que censuró el rechazo del partido de Santiago Abascal a los fondos para gestionar la emergencia; y el Ministerio de Igualdad, que pidió investigar al diputado de Vox José María Figaredo por su llamada a «cazar» migrantes. Así, pese al giro discursivo en inmigración, el ir al choque con la derecha sí sigue formando parte de la hoja de ruta del Gobierno.
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