La prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028 sigue adelante con el respaldo de la Diputación Permanente de Congreso. La prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional, también. Y los préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda, la restricción de la compra especulativa de vivienda a los llamados ‘fondos bruitre’… y así todas las medidas incluidas en el primero de los dos decretos ley, los decretos Maricarmen, que el Gobierno aprobó tras anunciar el adelanto electoral del 29 de noviembre. El segundo de los textos, que fijaba la prórroga automática de los contratos de alquiler so pena de indemnización para el inquilino en caso de no alargarlo, ha decaído.
Pese a que solo uno de los dos textos seguirá en vigor tras su paso por la Diputación Permanente, ambas normas han agitado el mercado de arrendamiento cuando parecía que el mercado no podía tener ni aguantar más presión
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La prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028 sigue adelante con el respaldo de la Diputación Permanente de Congreso. La prohibición de los desahucios a personas vulnerables sin alternativa habitacional, también. Y los préstamos de hasta 50.000 euros para primera vivienda, la restricción de la compra especulativa de vivienda a los llamados ‘fondos bruitre’… y así todas las medidas incluidas en el primero de los dos decretos ley, los decretos Maricarmen, que el Gobierno aprobó tras anunciar el adelanto electoral del 29 de noviembre. El segundo de los textos, que fijaba la prórroga automática de los contratos de alquiler so pena de indemnización para el inquilino en caso de no alargarlo, ha decaído.
Pese a ello, ambas normas han agitado el mercado de arrendamiento en las últimas semanas cuando parecía que el mercado no podía tener ni aguantar más presión. Sus consecuencias se dejaron sentir desde el primer momento. El desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid el pasado 23 de septiembre espoleó al Ejecutivo para aprobar en el Consejo de Ministros los decretos originales que posteriormente fueron tumbados por el Congreso de los Diputados.
Eso no impidió que la incertidumbre se apoderase de propietarios, grandes y sobre todo pequeños, y esta ha sido la consecuencia principal en el estado de ánimo de los caseros. La inseguridad ante unas reglas del juego que pueden cambiar en cualquier momento ha provocado que muchos de ellos se planteen su continuidad en el mercado.
En el primer momento, esa inseguridad provocó que muchos arrendadores paralizasen o directamente cancelasen los contratos de alquiler que en aquellos días estaban a punto de ser rubricados. Agencias y operadores inmobiliarios compartieron con EL MUNDO que hasta el 70% y el 80% de sus operaciones se cayeron en cuestión de horas
Según fueron pasando los días, esa inseguridad fue creciendo y motivó que muchos propietarios decidieran retirar su vivienda del escaparate del arrendamiento, a la espera de tiempos con más certezas para ellos. No quieren seguir alquilando de manera permanente. En un primer balance, el portal inmobilario Idealista calculó que un 19% de los anuncios desapareció en el primer mes de vida de los decretos: 26.531 anuncios evaporados desde el 29 de septiembre hasta el 29 de octubre.
En el sector, los dos decretos se interpretan como un parche improvisado de urgencia ante el malestar social desatado por el desahucio de Maricarmen. Ese malestar se acabó convirtiendo en la gasolina para la convocatoria de la primera huelga general en España en 14 años -celebrada ayer miércoles 11 de octubre- y fue también el sustrato del adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez para el 29 de noviembre.
Pero los textos, según los expertos, no sirven para abordar ni resolver el problema estructural, nuclear y de fondo que está detrás de la crisis de accesibilidad a la vivienda que golpea a España. Consideran que las medidas no abordan la falta de oferta de casas ni la ampliación del parque residencial público y privado en el país, algo que permitiría atender con más holgura la creciente demanda insatisfecha tanto en la compra como en el arrendamiento.
Consideran también que las medidas permiten aliviar, en algunos casos, la situación y la presión de los inquilinos que ya tienen contratos en vigor pero que, al contrario de lo que pretenden, dificultan el acceso al alquiler de las personas que todavía no están en el mercado pero quieren o necesitan arrendar. Por varios motivos: porque la oferta disponible se reduce, y con ella la posibilidad de encontrar una casa; porque los arrendadores, ante el riesgo de que les congelen los precios, van a subir las rentas de los contratos iniciales; y porque, ante la incertidumbre, los caseros podrían endurecer las condiciones para seleccionar a sus arrendatarios.
«La insistencia en políticas que se han demostrado fallidas refuerza la polarización entre la protección de las familias que se encuentran actualmente en alquiler y aquellas que necesitan entrar en el mercado, que se ven prácticamente excluidas del mismo», advierte el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta.
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