En un espacio reducido, un tumulto es una amenaza similar a la de un ejército. Lo saben desde hace unos años los países bálticos. En 2021 bastaron algo más de 4.100 personas para poner a un país entero en estado de emergencia. Lituania, con menos de tres millones de habitantes, había registrado apenas 81 entradas irregulares durante el año anterior; sólo en julio recibió casi 2.900. Su sistema de acogida era tan pequeño que hubo que convertir escuelas y campos militares en centros improvisados. El de Rudninkai, levantado junto a una aldea de unos 480 vecinos, llegó a alojar cerca de 800 inmigrantes. La cifra queda muy lejos de las 72.000 entradas registradas en Ceuta en menos de 48 horas, casi tantas como habitantes tiene la ciudad, aunque responde a la misma aritmética: la llegada se vuelve inmanejable cuando se concentra en un territorio diminuto y sin capacidad para absorberla. Se transmite a la población local una sensación de pérdida de control y la gestión política es sometida a un chantaje entre solventar un problema local o evitar un escándalo internacional.
El uso que Bielorrusia hizo de la inmigración contra Europa ofrece lecciones ante Rabat
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En un espacio reducido, un tumulto es una amenaza similar a la de un ejército. Lo saben desde hace unos años los países bálticos. En 2021 bastaron algo más de 4.100 personas para poner a un país entero en estado de emergencia. Lituania, con menos de tres millones de habitantes, había registrado apenas 81 entradas irregulares durante el año anterior; sólo en julio recibió casi 2.900. Su sistema de acogida era tan pequeño que hubo que convertir escuelas y campos militares en centros improvisados. El de Rudninkai, levantado junto a una aldea de unos 480 vecinos, llegó a alojar cerca de 800 inmigrantes. La cifra queda muy lejos de las 72.000 entradas registradas en Ceuta en menos de 48 horas, casi tantas como habitantes tiene la ciudad, aunque responde a la misma aritmética: la llegada se vuelve inmanejable cuando se concentra en un territorio diminuto y sin capacidad para absorberla. Se transmite a la población local una sensación de pérdida de control y la gestión política es sometida a un chantaje entre solventar un problema local o evitar un escándalo internacional.
La primera lección es que nadie tendrá las cosas claras si el gobierno no las tiene. «Debemos darnos cuenta de cuándo la frontera se convierte en nuestra vulnerabilidad» explica Margarita Seselgyte, politóloga lituana y una de las voces bálticas más útiles para hablar de guerra híbrida. En efecto, lo de 2021 tampoco fue una oleada espontánea: los gobiernos bálticos lo llamaron por su nombre y señalaron al autor: el dictador bielorruso, Alexander Lukashenko, pretendía castigar a la UE por las sanciones impuestas tras el fraude electoral y la represión de 2020. Su régimen facilitó visados, multiplicó los vuelos desde Oriente Próximo y permitió que agencias bielorrusas vendieran paquetes que prometían un acceso sencillo a Europa. Los viajeros eran alojados en Minsk, trasladados en autobuses hasta la frontera y empujados hacia Lituania. Minsk negó haber organizado la operación y aseguró que las sanciones le habían dejado sin motivos para seguir protegiendo la frontera europea, aunque Lukashenko había amenazado públicamente con dejar pasar a inmigrantes. Rabat también niega haber relajado deliberadamente sus controles en Ceuta y atribuye lo sucedido a los rumores y a las mafias.
Más de 4.100 personas bastaron para desbordar Lituania en 2021
La guerra híbrida siempre es un desafío político. Igual que una intervención militar extranjera puede cambiar el gobierno en la capital, la entrada descontrolada de personas en un país báltico, de 2,8 millones de habitantes, podía hacer caer la coalición gubernamental en Vilna, conocida por su apoyo a Ucrania y su denuncia de los abusos de Bielorrusia.
«Si es guerra híbrida ya no es paz, y hay que usar otro marco legal y llamar a las cosas por su nombre», dice Seselgyte. Cuando Lituania comenzó a rechazar a los recién llegados, la presión se desplazó hacia Letonia -un país de menos de dos millones de habitantes- y hacia un puñado de pasos y aldeas del este de Polonia. «Usamos rechazos en frontera y fue criticada esa medida, pero tuvimos que aplicar medidas para una situación especial», recuerda.
Polonia, Lituania y Letonia declararon estados de emergencia, desplegaron soldados, restringieron el acceso de periodistas y organizaciones humanitarias y practicaron devoluciones en caliente sin estudiar individualmente las peticiones de asilo. Polonia cerró 183 localidades fronterizas. Letonia autorizó a guardias, policías y militares a impedir los cruces incluso mediante la fuerza. Lituania convirtió la llegada irregular en motivo para confinar automáticamente a los inmigrantes y llegó a ampliar ese internamiento hasta un año. No existió una excepción general para los menores, pero Letonia dejó entrar a cinco niños y seis adultos después de una medida cautelar del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Autorizaron a militares impedir cualquier cruce usando la fuerza
Esa política funcionó en lo más inmediato: redujo drásticamente el número de personas que conseguían entrar, aunque también desplazó la presión de Lituania hacia Letonia y Polonia y dejó a miles atrapadas entre dos dispositivos fronterizos. Las devoluciones y las vallas contuvieron el cruce, pero el movimiento decisivo se produjo lejos de la frontera. En aquel momento la UE negoció con los países de origen y tránsito para desmontar el puente aéreo creado por Minsk.
Las aerolíneas cortaron rutas y la UE sancionó a los operadores implicados. En diciembre de 2021 los cruces habían regresado prácticamente a sus niveles anteriores: el cierre físico sirvió para comprar tiempo, pero fue la acción diplomática sobre la cadena logística la que secó la llegada de nuevos migrantes.
La UE negoció para desmontar el puente aéreo creado por Minsk
El coste fue considerable: el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que Lituania no podía negar el acceso al asilo ni detener a una persona únicamente por haber entrado de manera irregular; tribunales polacos declararon ilegales varias devoluciones y los casos más representativos contra Polonia, Lituania y Letonia siguen pendientes en Estrasburgo.
La estrategia amaina, pero no cesa. Rusia ha utilizado después la migración masiva inducida para castigar a Finlandia por haberse unido a la OTAN. Y en Letonia el flujo sigue, usando incluso túneles bajo el suelo. Pero en las capitales del Báltico se ha instalado la sensación de que, aunque los trucos híbridos salen demasiado baratos, la unión es más fuerte.
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