En las dos últimas semanas el ejército ha sido llamado a sofocar terribles fuegos por media España y a mantener el orden público en Ceuta. Ello se suma a la regularidad de sus actuaciones frente a todo tipo de emergencias (dana, erupción volcánica en La Palma, incendios forestales, nevadas, lucha contra el narcotráfico, pandemias…). Nos estamos acostumbrando a que, cuando hay una emergencia, disponemos del comodín de las fuerzas armadas (FAS) y, como hasta la fecha han sido eficaces, parece que el Gobierno aplica aquello de: Lo que funciona, no lo toques. Pero esta dinámica, lejos de ser un éxito, refleja gravísimas carencias como país.
El problema no es recurrir a las Fuerzas Armadas, sino necesitarlas siempre
En las dos últimas semanas el ejército ha sido llamado a sofocar terribles fuegos por media España y a mantener el orden público en Ceuta. Ello se suma a la regularidad de sus actuaciones frente a todo tipo de emergencias (dana, erupción volcánica en La Palma, incendios forestales, nevadas, lucha contra el narcotráfico, pandemias…). Nos estamos acostumbrando a que, cuando hay una emergencia, disponemos del comodín de las fuerzas armadas (FAS) y, como hasta la fecha han sido eficaces, parece que el Gobierno aplica aquello de: Lo que funciona, no lo toques. Pero esta dinámica, lejos de ser un éxito, refleja gravísimas carencias como país.
En principio, las FAS están concebidas para la disuasión y la defensa; ese es su rol principal y para el que son adiestradas y equipadas. Junto con esta responsabilidad principal se ubica el rol auxiliar, así denominado por su doble condición de en auxilio de y subsidiario a. Es decir, que en situaciones de emergencia en las que los responsables principales se vean desbordados y sin alternativas, la autoridad política, con carácter excepcional y temporal, hasta que cuente con las herramientas adecuadas puede activar a las FAS para colaborar, siempre bajo las condiciones fijadas dentro de la Constitución.
De estos dos roles -principal y auxiliar- derivan todas sus misiones. Dicho de otro modo, toda actividad realizada por las FAS que no responda a estos dos es impropia. Pero todavía es peor, la asunción como propias de responsabilidades ajenas a la defensa nacional o la conversión de tareas propias del rol auxiliar en responsabilidades estructurales de las FAS nos habla de roles impropios. Ya no se trata de actividades puntuales impropias, sino de roles, de responsabilidades permanentes que en modo alguno deberían ser responsabilidad militar (seguridad pública, emergencias, catástrofes, sanidad, educación, obra pública, etc.).
A este último proceso es al que llamamos militarización, que tiende a ser confundido por muchos en España con militarismo, lo cual es un grave error conceptual y político. El militarismo es un concepto gradual -comenzando por una asunción de valores y cultura militares como sociales- que, en su máxima expresión, supone la perversión de las relaciones civiles-militares, donde el militar no solo se siente independiente del poder político, sino que considera que toda la vida política debe estar sometida a su control. En definitiva, el militarismo nos remite al poder, y no estamos en absoluto ahí. La militarización, en cambio, señala el uso impropio de una de las herramientas del monopolio de la violencia estatal, y como sociedad, inducidos por el poder político civil, estamos normalizando este escenario.
¿Qué puede llevar a un gobernante a la militarización? En diversos trabajos que hemos publicado en estos últimos años hemos encontrado hasta siete explicaciones -que nunca justificaciones-. Evidentemente, una de ellas es el militarismo. No en vano, gobernantes como Bolsonaro rápidamente han intentado militarizar todas las administraciones como mecanismo de control. En otros casos, se trata de una manera subrepticia de encontrar una respuesta al crimen más contundente -con mayor fuerza-. No es que se crea más eficaz a un militar que a un policía; pero sí con mayor potencia de fuego. Una tercera justificación surge en los escenarios de defensa total, que son aquellos en los que todo un país se prepara para un inminente conflicto bélico y conviene, cuanto antes, que toda la sociedad asuma los tiempos que se avecinan. La securitización que propugnara la Escuela de Copenhague es otro de los argumentos que aparece tras la militarización: cuando cualquier tema lo convertimos en una cuestión de seguridad, le hacemos perder toda su esencia y raíces, y surge la convicción de que éste quedará solventado cuando restablezcamos el statu quo -sería algo así como creer que el tema de Ceuta queda solventado cuando los más de 70.000 inmigrantes retornen a su punto de origen-.
La idea de acometer misiones bien vistas por la sociedad como vía mediante la que ganar imagen también está detrás de la militarización; es un argumento muy recurrente en España con la UME, al menos cuando se quiere subrayar su rendimiento. Como también lo está la idea de la abolición encubierta; es decir, ir asignando a las FAS tareas de lo más variopinto que les ocupen y, al tiempo, les desocupen de su rol principal –también se arguyeron veladamente dichas razones para la creación de la UME-. Finalmente, Jenne y Martínez, acuñaron el concepto de «administración comodín», o lo que es lo mismo, convertir a las FAS en la administración predilecta de los gobernantes por su abnegación y obediencia, y una más que aceptable eficacia ante cualquier tipo de necesidad.
Si analizamos España, resulta obvio que el rol auxiliar está empezando a ser costumbre y que los requisitos bajo los que éste se aplica tienden a no cumplirse. Así se percibe que algunas CCAA, lejos de prepararse para la competencia de protección civil que libremente quisieron integrar en sus Estatutos de Autonomía, disminuyen sus activos en la convicción de que ya lo resolverá la UME. O cuando el Gobierno decide desplegar a las FAS en Ceuta para mantener la seguridad, probablemente porque más que un tema de orden público sea de seguridad nacional, pero sin activar la ley de seguridad nacional ni ningún otro mecanismo jurídico extraordinario. Más aún, el Gobierno ha decidido integrar los gastos en responder a desastres naturales vía UME, que no es sino gasto en protección civil, como gasto en defensa ante los socios de la OTAN. Con eso, los gastos de la Guardia Civil y las pensiones contribuimos al 2%.
Es evidente que en España la dinámica de militarización es creciente y que varias de las justificaciones apuntadas están ahí. Queda patente que tanto auxilio institucionalizado y tanta urgencia estructural nos señala imprevisión. ¿Nadie podía imaginar que, bajo los rigores del cambio climático y del abandono de explotación de la mayor parte de nuestra masa boscosa, podían activarse incendios forestales? ¿Nadie en Exteriores o en Interior ha sido capaz en todos estos años de democracia de planificar cómo reaccionar ante una nueva Marcha Verde?
En un taller de expertos que organizamos en un proyecto de investigación hace tres años, un ex ministro nos dijo: «A este país le falta una estrategia, un proyecto de país. Sin eso, no sabemos a dónde vamos. Todas las demás estrategias, incluida la de defensa, cuelgan de esa». Esto, sin duda, es lo más preocupante. Cuando en un país no hay horizonte político, difícilmente habrá una buena definición estratégica que perfile, en sus diferentes ámbitos, los objetivos de país y que permita planificar tanto las necesidades como el modo y manera de abordarlas. Cuando todo eso falla, no hay proacción, la prevención -si existe- no tiene guía estratégica y todo es reacción a imprevistos.
Todo son urgencias, todo es apremiante. Las emergencias que hemos acostumbrado a combatir recurriendo a las FAS de manera sistemática, ante la ausencia de mejores respuestas de las protecciones civiles nacional y autonómicas, apuntan las graves carencias del Estado, con capcidades críticas dañadas o inexistentes. Ahora también parece que la tan manida guerra híbrida que soterradamente existe desde hace años con el vecino del Sur nos ha pillado desprevenidos. Cuando en un país que no está en guerra todo son crisis que han de ser solventadas por las FAS, es señal de que algo funciona mal, muy mal.
Rafa Martínez (Universidad de Barcelona) y Alberto Bueno (Universidad de Granada) son miembros fundadores del Spanish Research Group on Defence, Armed Forces and Society (RODAS)
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