El anuncio del gobierno catapulta el gasto en dependencia al 1% del PIB en 2027, un nivel de gasto que la Airef no esperaba alcanzar hasta 2034

El proceso de envejecimiento que afronta España y que se agravará durante las próximas décadas tiene muchas implicaciones en materia de política fiscal, de las que suelen destacarse su impacto en el gasto en pensiones y el gasto sanitario. Sin embargo, el gasto en dependencia, abrumadoramente concentrado entre la población mayor de 75 años, es una partida que, desde principios de siglo, ha comenzado a hacerse un hueco cada vez mayor en el gasto público, y probablemente sea la que experimente un mayor crecimiento en términos relativos en las próximas décadas. En la última semana, el gobierno ha aprobado un real decreto ley que inyecta 6.200 millones de euros adicionales al sistema de dependencia entre 2026 y 2027 y que eleva la aportación del Estado hasta los 5.513 millones este año y los 7.239 millones en 2027.

La medida no se limita a poner más dinero sobre la mesa, sino que reforma la estructura de la financiación al duplicar las cuantías que la Administración central transfiere por cada persona en los grados más severos, con incrementos del 128% en el grado III y del 100% en el grado II. Durante años, las comunidades autónomas, que son quienes gestionan estas prestaciones, han soportado la mayor parte del coste, mientras el Estado apenas cubría en torno al 15% del gasto certificado en 2020, un porcentaje que fue subiendo hasta el 27% en 2024. El anuncio persigue que esa aportación estatal alcance el 50% en 2027 y que el gasto público en dependencia, que a comienzos de la pasada década se situaba en torno al 0,6% del PIB, se aproxime al 1%, adelantando en varios años la senda de gasto en dependencia que la AIReF situaba en la década de 2030.

La dimensión real de este incremento del gasto solo se aprecia al medirlo contra dos referencias que el propio anuncio deja en segundo plano. La primera es el punto de partida, esto es, cuánto gasta España en cuidados frente a los países de su entorno teniendo en cuenta lo envejecida que está ya su población. La segunda es la demanda que se avecina, marcada por una transición demográfica que multiplicará en las próximas décadas el número de personas en las edades donde la dependencia se concentra. Vistas ambas, este incremento del gasto se parece menos a una meta alcanzada que a una simple casilla de salida.

Conviene apuntar que el sistema de dependencia no es en absoluto incipiente, sino uno que lleva más de una década absorbiendo una demanda de cuidados que no deja de crecer. El número de personas con derecho a prestación efectiva se ha multiplicado de oscilar entre 800 mil y 1 millón de beneficiarios hasta rozar los 1,7 millones en enero de 2026, con un aumento del 55% solo desde 2020. Además, ese crecimiento no se reparte de forma homogénea entre grados, puesto que gana peso de manera sostenida la gran dependencia, es decir, los grados II y III, que son precisamente los que concentran las cuantías más elevadas y el grueso del nuevo esfuerzo presupuestario.

Esa presión, lejos de ser coyuntural, plantea la pregunta de si el nivel de gasto que España destina a los cuidados es alto o bajo cuando se compara con el de sus socios europeos. El contraste es ilustrativo, España dedica a los cuidados de larga duración en torno al 0,8% de su PIB, menos de la mitad que la media de la Unión Europea, cercana al 2%, y muy lejos del entorno del 3% que destinan Suecia o los Países Bajos, pese a que su proporción de población mayor de 65 años es perfectamente equiparable a la de esos países. Dicho de otro modo, el problema español no ha sido tanto de envejecimiento como de esfuerzo, y llevar el gasto al 1% del PIB en 2027 apenas nos colocaría en la posición que la media europea ocupaba ya hace años, y desde luego no por delante de ella.

Y esa fotografía, ya de por sí exigente, se tensiona todavía más al mirar hacia adelante, porque la ola demográfica que se aproxima no tiene precedentes conocidos. Las proyecciones apuntan a que la población de más de 80 años se duplicará y la de más de 90 se cuadruplicará hasta 2060, justo los tramos de edad en los que la probabilidad de necesitar cuidados se dispara. Según esas mismas estimaciones, la sola presión demográfica elevará las necesidades de gasto en dependencia en al menos dos puntos del PIB, un desafío que deja el reciente refuerzo, con todo su mérito, notablemente corto frente a lo que exigirán las próximas décadas.

Si se prolonga la senda del gasto hasta mediados de siglo, el destino previsible no es el 1% del PIB de 2027 sino un nivel cercano al 2%, en línea con lo que hoy ya destinan los países más avanzados de nuestro entorno. Ese horizonte reordena por completo el significado del anuncio, que cierra la brecha acumulada del pasado, pero no la que abrirá el futuro, y desplaza el foco del debate. Por último, conviene no perder de vista quién ha venido cubriendo la diferencia entre lo que el sistema ofrece y lo que las familias realmente necesitan. El número de personas que han reducido su jornada laboral para cuidar de adultos dependientes, sin hijos de por medio, se ha más que duplicado desde 2015, un ajuste silencioso que recae de forma abrumadora sobre las mujeres.

Este fuerte incremento del gasto, aunque puede suponer un alivio para el sistema y para los hogares, deja intacto el verdadero desafío fiscal, que no es tanto el reparto del gasto entre administraciones como la suficiencia del esfuerzo conjunto, ya que llevar el gasto público al 1% del PIB en 2027 apenas situaría a España donde la media europea estaba hace años y se queda notablemente corto frente a una ola demográfica que duplicará la población de más de 80 años y cuadruplicará la de más de 90 hasta 2060, presionando el gasto hacía, al menos, el 2% del PIB a mediados de siglo, convirtiéndose así en una de las partidas más relevantes de gasto, surgida casi exclusivamente de la transición demográfica