La prórroga de la central nuclear de Almaraz, que permitirá a sus dos reactores operar hasta junio y octubre de 2030 (frente al cierre inicialmente previsto en 2027 y 2028), supone un punto de inflexión y abre la puerta a una modificación más ambiciosa de la planificación energética del país.
Los municipios que albergan las centrales de Cofrentes y Ascó, las siguientes en cerrar, reclaman lo mismo
La prórroga de la central nuclear de Almaraz, que permitirá a sus dos reactores operar hasta junio y octubre de 2030 (frente al cierre inicialmente previsto en 2027 y 2028), supone un punto de inflexión y abre la puerta a una modificación más ambiciosa de la planificación energética del país.
Tras años de férrea oposición a cualquier retraso en el calendario de cierre, el giro del Gobierno ha dejado al descubierto un cambio de discurso que el Ejecutivo ha justificado con la crisis energética derivada de la guerra en Irán. El movimiento abre hoy una rendija de esperanza para las comarcas que albergan las demás centrales nucleares, además, dibuja un nuevo escenario de negociación para las eléctricas propietarias del resto del parque nuclear (Iberdrola, Endesa y, en menor medida, Edp). Las siguientes en la lista de cierre son la catalana Ascó I y la valenciana Cofrentes, cuyo apagón coincidiría ahora con de Almaraz, dentro de cuatro años. Si bien la postura oficial de Moncloa mantiene el adiós definitivo de España a la energía atómica en 2035, en el sector la opinión dominante es que al retrasar el cierre de Almaraz el plan inicial es inviable porque supondría desmantelar a la vez varios reactores; un desafío técnico que la empresa pública Enresa, encargada de este proceso, difícilmente podría abordar con los recursos disponibles.
Una esperanza que, sin embargo, el Ejecutivo intenta diluir al insistir en que el calendario general no se verá afectado. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico recalcó la semana pasada que la central extremeña constituye una excepción temporal y exclusiva y rechazó una prórroga automática para Ascó o Cofrentes. Es decir, volvió a dejar la pelota en el tejado de las empresas propietarias, que deberán solicitar y negociar una a una, la ampliación de la vida útil del resto de centrales.
Asimismo, el ministerio que dirige Sara Aagesen, defendió que el rumbo de la transición sigue intacto y que el horizonte de cierre de 2035 es inalterable. Es decir, sobre el papel, la clausura de Ascó se producirá el 1 de octubre de 2030 y Cofrentes se apagará el 30 de noviembre del mismo año. El cerrojazo nuclear concluirá con las catalanas Ascó II, en 2032, Vandellós II, en 2035, y la castellanomanchega Trillo, que también se apagará ese último año.
El sector daba por hecha la prórroga temporal de Almaraz, sobre todo después del apagón de 2025, que evidenció los desequilibrios de la red eléctrica en zonas de alta penetración fotovoltaica, como es el caso de Extremadura. Si bien el Gobierno ha desligado por completo su decisión de aquel incidente y ha justificado la extensión como un paréntesis de emergencia provocado por la inestabilidad internacional y la volatilidad energética por la guerra en Oriente Próximo.
El propio Ministerio aclaró que la medida solo busca ganar tiempo para consolidar las alternativas verdes antes del apagado definitivo de estas plantas. «El objetivo para 2030 es que no se dé este mismo debate debido a que hayamos conseguido en suficiente medida esa autonomía con respecto a las energías renovables y su almacenamiento», afirmaron.
Lo que para el Gobierno parece escrito en el sector genera discusión. En concreto, se cuestiona la viabilidad de ejecutar el cese de actividad de cuatro reactores nucleares en menos de un año, un reto logístico y de seguridad para el sistema eléctrico. Transición Ecológica defiende que esto no debería suponer un problema para Enresa, pues se trata de un proceso largo, de varios años. Frente a la postura del Gobierno está el antecedente de Garoña, que cesó su actividad en 2012, cerró en 2017 y de la que Enresa no asumió la titularidad hasta 2022. De repetirse los plazos de Garoña, esto haría inviable el proceso de cierres previsto, que ya da por hecho una concentración de apagados en el horizonte de 2030.
El giro de Moncloa en Almaraz ha aliviado y preocupado a partes iguales a los ayuntamientos cuyas centrales mantienen por ahora el plan de cierre original. «Si Almaraz ha podido continuar por razones de seguridad de suministro, ¿por qué nosotros no?», se preguntan los alcaldes de las comarcas afectadas.
Los regidores saben que la presión nace del territorio, pero que el primer paso para la supervivencia de sus centrales deben darlo las empresas propietarias. En el caso de Almaraz, las eléctricas movieron ficha en el tiempo de descuento, pero renunciaron a cualquier rebaja de impuestos para facilitar la negociación con el Gobierno. Está por ver si Iberdrola y Endesa deciden cambiar las reglas del juego en el caso de Cofrentes y Ascó.
A las tres de la tarde en Cofrentes, el calor se impone en las calles. Algo que convierte a la piscina municipal y a su balneario en los únicos refugios tras las fiestas de la Virgen el domingo anterior. Entre chapoteos de niños que viajan de visita al pueblo, de fondo se despliegan las descomunales torres de refrigeración de la central nuclear. En ese rincón valenciano de 1.113 habitantes, rodeado de otros nueve municipios, bromean los trabajadores de la central en la cafetería de la piscina mientras apuran los minutos para entrar a su turno: «Cuidado, que aquí somos radiactivos».
Pese a las risas, el cronómetro que fija su cierre mantiene en tensión al pueblo, sobre todo porque el Gobierno asegura que mantendrá su plan de empezar a desmantelar la central el 30 de noviembre de 2030. Para las personas que viven su día a día, esto no es un debate político sino una cuestión de supervivencia económica. Hoy por hoy, la planta aporta cerca del 80% del presupuesto municipal, de 10 millones de euros. Además de generar unos 700 empleos directos y otros tantos indirectos, lo que representa casi el 15% del empleo total de la comarca valenciana, a los que se suman otros 1.200 trabajadores adicionales durante las paradas de recarga que se realizan en la central.
Si esta se llega a apagar definitivamente, el Ayuntamiento perdería cerca de ocho millones de tasas anuales que sobre todo se invierten en la infraestructura que hoy disfrutan. «Los vecinos temen que Cofrentes siga los pasos de Almonacid de Zorita tras el cierre de su central, hoy convertida en una triste caja de cerillas con naves industriales vacías», describe el alcalde de Cofrentes, Salvador Horubia, para EL MUNDO.
Mientras el reloj y el calor impactan en las calles del pueblo, los vecinos asumen con preocupación que el Ejecutivo mantiene el calendario del apagón atómico. Es ahí donde se encuentra sentado cerca del Ayuntamiento, Jesús Sevilla, un empleado municipal de 63 años a las puertas de la jubilación que afirma que si se prorroga la central de Cofrentes también «se prorroga el comercio, se prorroga la gente con trabajo y se prolongan los pueblos, se prolonga la comarca, se prolonga todo», y decreta: «O sea, es vivir o no vivir».
Mientras sube las escaleras para observar desde la punta del Castillo de Cofrentes la central nuclear, Jesús se desahoga ante la pregunta de si está dispuesto a hacer lo necesario por mantener abierta la central. «Yo matar a alguien, no», mientras se ríe, «pero de ahí para abajo lo que haga falta, porque a mí personalmente me repercute en la familia, en mis hijos». Este drama, para él es el destino de los jóvenes que ya han construido su hogar porque «tienen su casa, su trabajo y de pronto les dicen que tienen que dejarlo todo e irse a buscar un piso en Valencia con cómo está la vivienda. Es muy jodido», dice.
Esta preocupación se tiñe de negro al escuchar a un madrileño jubilado que hace décadas decidió partir a Cofrentes con el objetivo de trabajar en la central nuclear y que, además, encontró el amor. Francisco Muñoz, de 68 años, recuerda que Cofrentes ya sabe lo que es vaciarse. En los años sesenta, la construcción de un embalse inundó las huertas del famoso melocotón Carrasco de Cofrentes. «Toda la huerta se inundó y la gente se tuvo que marchar… Pues ahora entiendo que pasaría tres cuartos de lo mismo», lamenta. Pero Muñoz advierte que hoy el éxodo sería peor. Los beneficios de la central son todos, desde el trabajo hasta la natalidad. «Gracias a ella sube la población, y tenemos un centro de educación infantil con 18 plazas que es el orgullo de la comarca. Si la central desaparece, la gente joven se irá con sus niños, el centro escolar cerrará y nos quedaremos los abuelos aquí».
Ese miedo a acabar convertidos en una postal de la España vaciada, según describen ellos, que solo cobra vida en agosto amenaza el arraigo de las nuevas generaciones. Adriana Colucha, estudiante de 19 años que pasa los fines de semana en el municipio con sus abuelos, asume el reactor nuclear como algo cotidiano: «Mucha gente de fuera, amigos que me traigo, me dicen que da impresión tenerla tan cerca, pero para nosotros está muy normalizado». Colucha recuerda que de pequeña, en cuanto llegaba julio, se instalaba con sus abuelos para disfrutar de la escuela de verano del pueblo. No obstante, es realista sobre el porvenir si se apaga el motor económico del que hasta sus primos trabajaron: «Vengo por ver a la gente y pasar el verano. Si no hay ese incentivo de venir y, amigos y cosas que hacer, todos vendríamos menos y perdería el encanto».
Frente a esta encrucijada, su alcalde no se ha quedado de brazos cruzados al invertir en el balneario para convertirlo en motor del turismo. Este complejo ya genera unas 150.000 pernoctaciones anuales. Sin embargo, el alcalde reconoce que si «cierran en 2030, no estaremos tan preparados para sostener el pueblo», aunque insiste en que la situación actual es positiva: «No voy a decir que Cofrentes va a seguir ni mucho menos, pero sí que se abre un escenario diferente y mucho más esperanzador con la prórroga de Almaraz».
«Sin tapujos, creemos que los motivos que han obligado al Gobierno a dar una prórroga en Almaraz seguirán vigentes cuando nos toque a nosotros», defiende Daniel Revenga, director de Comunicación en el ayuntamiento de Ascó, (Tarragona). Allí, quien más y quien menos tiene algo que ver con la central nuclear. En este pequeño pueblo (1.600 habitantes) del interior, pero a orillas del Ebro, ven como un ligero respiro la prórroga que el Gobierno ha dado a la central de Almaraz, aunque miran de reojo el calendario de cierre de los reactores, que sigue intacto y sitúa al pueblo en primera línea respecto al cese de actividad: Ascó I cerrará en 2030 y, Ascó II, en 2032. Entre ambas, producen más de 1.500 empleos directos, además de los generados en empresas que dan cobertura al complejo.
Gracias a la inclinación física de la localidad, es posible ver desde diferentes puntos cómo emerge del río Ebro la torre de refrigeración. Encima de ella, una pequeña estela de vapor de agua tan inmóvil como las calles del pueblo, cuyos habitantes se refugian del calor húmedo y aguardan a que den comienzo sus fiestas mayores por la tarde. Señeras, guirnaldas, el sol y banderas de color azul y blanco son testigos de la quietud momentánea, salvo en dos lugares, el ayuntamiento y el Bar Casal d’avis Sant Miquel, que además funciona como hogar del jubilado.
«Para nosotros el cierre sería un desastre», explica a EL MUNDO Miquel Àngel Ribes, alcalde del pueblo con el partido municipalista Per Tu, en uno de los frescos despachos del Consistorio. En este municipio también gobiernan Candidatura de Progrés (del PSC) y Esquerra Republicana, todos ellos a favor de la continuidad de la central nuclear, que aporta 80 millones de euros anuales a toda la comarca de la Ribera de Ebro gracias al Fondo de Transición Nuclear. Este dinero sale de un gravamen a la producción de energía nuclear y sirve para que, cuando cierren los reactores, los pueblos cuyo pilar fundamental desaparece tengan algo más a lo que agarrarse.
Numerosas empresas que buscan expandir su negocio son las beneficiadas de este dinero por instalarse en Ascó, como Nemon (especializada en el desarrollo de software para empresas eléctricas), Optim (una imprenta) o 2G Chemical Recycling Plastic, dedicada al reciclaje químico y que recibió una inyección de 4,4 millones de euros. Además, está en fase de construcción una hilera de seis naves industriales, pagadas con el dinero de los átomos, y está prevista una ampliación del polígono industrial. Pero el pueblo sigue dependiendo en gran medida de lo que pase con el negocio nuclear. Frente a la estabilidad actual, Ribes, que antes de ser alcalde trabajó en la central, avisa: «Cuando la central desaparezca, todos los servicios públicos del pueblo estarán en peligro de desaparecer. Necesitamos que nos den más tiempo para atraer a más empresas antes de que dejen de funcionar los reactores».
«Este complejo antes era un almacén viejo. Lo hemos reconvertido en un salón de exposiciones. A lo mejor, sin el dinero del Fondo Nuclear, no hubiéramos podido llevarlo a cabo. El mantenimiento de la piscina municipal corre a cargo de una empresa privada pagada por el Ayuntamiento, quizá tampoco podamos llevar a cabo ese servicio cuando la central no esté», se encoge de hombros Daniel Revenga, durante el caluroso paseo por las angostas calles: la conversación sólo fluye en aquellas que ofrecen un cobijo de sombra.
El municipio no tiene un pero. Todo está limpio y cuidado. La plaza, preparada para iniciar las fiestas mayores con decenas de sillas y una enorme señera que cuelga de la iglesia. En el hogar del jubilado, algunos ancianos se niegan a hablar del tema, casi como si constituyera un tabú: «¿Me vas a pagar para que yo hable?», entona uno de ellos, «yo no hablo de la central, como mucho, de fútbol», niega otro. Sin embargo, en la entrada al bar está sentado, en una pequeña mesa y con un botellín de cerveza en mano, Alexandre, un hombre de 48 años que trabajó como instrumentalista y en prevención de incendios en la central y cuyo padre participó en su montaje: «Soy de Ascó y nacido en Ascó, como muchísima gente que trabaja en la central. Empecé con 18 años a currar allí, pero lo dejé hace tiempo», sentencia al inicio de la conversación.
El asconense recuerda las épocas de bonanza en el pueblo, que no ha sufrido el invierno demográfico de forma tan acusada como otras zonas de la España vaciada, pues, en los últimos 20 años ha perdido solo 400 habitantes: «Antes había 12 bares aquí y más tipo de servicios. Ahora, ya ves», señala hacia la calle.
Alexandre se centra en disipar la idea general de la buena posición económica de los habitantes gracias al trabajo que dan los dos reactores: «Hay gente que trabaja en la central que cobra exactamente lo mismo, o menos, que un repartidor del Mercadona o un reponedor. No es la vida padre. Aunque el pueblo sí tiene muchos fondos públicos gracias a ella», añade.
Respecto a la diversificación económica para paliar el efecto del futuro cierre, se muestra escéptico y, ante la enunciación de «el pueblo es muy bonito y está muy cuidado», responde: «Sí, muy bonito y todo lo que quieras, pero no se puede venir. Intenta buscar un sitio en el que hospedarte esta noche. Quédate. Y cuando lo encuentres, me llamas. Además, cuando cese la actividad, nosotros somos unas 1.600 personas. ¿Se fastidiarán 50.000 personas?, ¿100.000?, ¿200.000? Pues imagínate», señala.
En eso coincide Revenga, que compara Ascó con la otra zona nuclear de la comarca: Vandellós, situada junto al mar Mediterráneo: «Nuestro pueblo tiene un gran potencial turístico, pero de momento no podemos agarrarnos a él. Vandellós, por ejemplo, ya tiene ese camino hecho gracias a su cercanía con el mar», zanja.
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