La «capacidad ordinaria» de Ceuta para acoger a menores extranjeros no acompañados es de 27 plazas. Si se declara una «situación de contingencia migratoria extraordinaria», en la que -según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia- llevaba desde agosto de 2025, esa disponibilidad se debe ampliar, pero hasta un tope, fijado por ley, de 90 plazas.
Los de Abascal esgrimen sus acuerdos de coalición en Andalucía, Extremadura, Aragón y Castilla y León para oponerse al reparto obligatorio, mientras en Génova aseguran que «se va a cumplir la ley»
La «capacidad ordinaria» de Ceuta para acoger a menores extranjeros no acompañados es de 27 plazas. Si se declara una «situación de contingencia migratoria extraordinaria», en la que -según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia- llevaba desde agosto de 2025, esa disponibilidad se debe ampliar, pero hasta un tope, fijado por ley, de 90 plazas.
Tras la avalancha de al menos 72.000 personas que hace una semana cruzaron a nado la frontera marítima con Marruecos, el Gobierno de la ciudad autónoma estima que tiene bajo su tutela a 1.200 niños y jóvenes sin familia, «un 2.600%» por encima de sus posibilidades, según denunció este miércoles el presidente, el popularJuan Jesús Vivas, quien alertó: «La situación es absolutamente insostenible».
Sin embargo, Vox ha desbaratado la estrategia del PP de tratar de poner el foco en el hecho de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez «no haya asumido ningún tipo de responsabilidad en todo lo ocurrido», ni siquiera en la diligencia en la elaboración del registro de los menores que se encuentran en Ceuta para comprobar si efectivamente lo son y, por tanto, deben ser acogidos aunque hayan llegado de manera irregular, lo que consideran «crucial». Hasta que no se realiza este trámite no empieza a contar el plazo de 15 días para su traslado a otras comunidades menos tensionadas, un reparto que es obligatorio desde la aprobación de la reforma de la Ley de Extranjería a principios del año pasado.
El partido de Alberto Núñez Feijóo había reafirmado este miércoles que «cumplirá la ley», es decir, no descartaba contribuir desde sus autonomías a aliviar la situación en la ciudad autónoma y así, al mismo tiempo, esquivaba el choque con el PSOE, que por boca de Carlos Cuerpo había deslizado: «Todos somos capaces de visualizar por qué el PP está lanzando este tipo de mensajes [de obstaculizar el reparto]. Hace un año y pico se rompieron gobiernos con Vox precisamente por este motivo».
Frente al planteamiento medido de Génova, horas después, desde Andalucía la formación de Santiago Abascal confrontó directamente con el vicepresidente primero de Sánchez y reivindicó su condición de socio indispensable del PP en la región, marcándole el camino a Juanma Moreno y a todo el partido. El vicepresidente segundo de la Junta con Vox, Manuel Gavira, no ha esperado ni a que Moncloa plantee la cuestión para rechazar cualquier pretensión de que Andalucía pueda acoger a uno solo de los menores que permanecen en la ciudad autónoma tras el asalto masivo. Se da la circunstancia de que es la única autonomía, de las cuatro con coaliciones de la derecha, donde las competencias sobre menores las retiene el PP.
Sin embargo, a través de su perfil en la red social X, Gavira anunció este miércoles que «Andalucía, como el resto de gobiernos donde esté Vox, se va a oponer a todo reparto de menas que plantee el Gobierno de Sánchez». «Así lo pactamos», recalcó invocando el acuerdo con Moreno hace apenas un mes, que contempla en su punto número 12 el «rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno central» y añade que la Junta «se opondrá por todos los medios a cualquier intento de reparto de inmigrantes ilegales, ya sean mayores o menores de edad».
Esa misma literalidad se había incluido antes, también a instancias de Vox, en los pactos con los populares en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde además tiene las competencias en inmigración. Los máximos representantes del partido en las tres regiones se han manifestado también en la misma línea que su compañero andaluz, anticipando que se opondrán «por tierra, mar y aire» al reparto.
En la dirección del PP no quisieron confrontar este miércoles con los de Abascal, pero sí subrayaron que sus comunidades «siempre van a cumplir la ley», para añadir: «Lo que no se puede aceptar son las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno central en esta crisis ni su dejación de funciones, que comprometen la seguridad de todos». La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, reclamó que el reparto de niños y jóvenes sea «justo, bien dotado y planificado».
Ese mensaje contenido desde Génova contrasta con el de Vox. «Lo ocurrido en Ceuta es una invasión y quienes cruzaron la frontera ilegalmente donde tienen que estar es de vuelta en Marruecos. Y, si son menores, con sus padres», incidió el líder del partido en Andalucía. En esta comunidad su partido asumió, a través del Instituto de Medicina Legal, la responsabilidad de los informes que determinan la edad de los inmigrantes.
Mientras, el Ejecutivo andaluz guarda oficialmente silencio y no se pronuncia sobre un eventual reparto de menores no acompañados, aunque es el PP, a través de la Consejería de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, la que tiene las competencias. La parte popular del Gobierno de Andalucía trata de evitar el enfrentamiento con sus socios, aunque en privado hacen hincapié en que «la ley se va a cumplir».
Para Vox, importan más lo firmado en los pactos de coalición. En 2024, Abascal rompió los cinco gobiernos que tenía entonces con el PP -Comunidad Valenciana, Castilla y León, Región de Murcia, Aragón y Extremadura- al considerar «inaceptable» que aceptaran la distribución de niños y jóvenes inmigrantes. Los pactos que sustentaban dichas coaliciones ni siquiera incluían menciones específicas al respecto, como sí se han incorporado a los cuatro firmados este año.
El debate situado ahora en la opinión pública por la formación de Abascal termina beneficiando al Gobierno, que una semana después de la avalancha no había sido capaz de explicar qué falló para que sus servicios de Inteligencia no anticiparan la llegada en tropel de tal cantidad de personas a Ceuta y que este martes, a través de Cuerpo, intentó reubicar la crisis en la polémica sobre el reparto, justo donde se situó tras la ofensiva de Vox.
El reparto obligatorio de menores que contempla la Ley de Extranjería hasta ahora «se está aplicando», señaló el presidente de Ceuta. Explicó que algunas comunidades «recurren las resoluciones de traslado», pero que su Ejecutivo cuenta con «los resortes en defensa del interés general». El problema, apuntó, es el propio volumen de llegadas, que su Administración estima en unas 80.000 -equivalente a toda la población de la ciudad-, que «la desborda»: «No hay ley que resista lo que significa una avalancha».
Otras autonomías gobernadas por el P Psin Vox no se han opuesto frontalmente al reparto, pero si han alegado ya dificultades. Madrid asegura que tienen su capacidad «al límite»; la Comunidad Valenciana, que está «colapsada»; Murcia tiene los recursos «totalmente saturados y un tensionamiento máximo»; y Galicia asume que «habrá que atenderlos», pero demanda que se acompañe de «los medios necesarios».
En el País Vasco, donde el PNV gobierna con el PSOE, advierten que ya acogen «a más» de los que deberían y reclaman «agotar las vías administrativas» para que los niños vuelvan con sus familias en los países de origen.
Y desde la Generalitat de Cataluña -a cuyo frente está el también socialista Salvador Illa– se limitaron a dar «todo el apoyo al Gobierno de Moncloa» y a las medidas que se adopten. No obstante, hoy tienen bajo su tutela a 6.354 menores de 21 años, casi el triple de la capacidad ordinaria, que es el máximo. Además, Junts amenaza a Sánchez con no darle «ni un voto» si no excluye a Cataluña del reparto.
*Con información de Cristina Rubio, Ruth Díaz, Daniel G.-Fontecha, David Vigario y Juan B. Cañellas
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